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Política Marset | Ministerio del Interior | narcotraficante

Pasaporte de la mentira

Marset estaba requerido por la policía uruguaya

Desde fines de abril del 2021 el Ministerio del Interior de Uruguay sabía que Sebastián Marset era un importante narcotraficante que operaba en Paraguay.

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A fines de abril del 2021, seis meses antes de que se le entregara un pasaporte, la Dirección General de Represión contra el Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID–Ministerio del Interior) informó a la Policía de Paraguay que Sebastián Marset era un importante narcotraficante uruguayo que operaba en ese país y que estaba requerido por nuestra policía.

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Un documento oficial de la Policía de Paraguay revela que desde, por lo menos, fines de abril del 2021 el Ministerio del Interior de Uruguay sabía que Sebastián Marset era un importante narcotraficante que estaba operando en la nación guaraní.

Ese documento, fechado el 4 de mayo del 2021, firmado por el comisario principal Javier Orlando Flores Gamarra, jefe del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná (Ciudad del Este) y dirigido al fiscal de Crimen Organizado Lorenzo Lezcano, establece que “se remite un informe reservado recibido por esta División en relación a un estructura criminal dedicada presumiblemente al tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y otros delitos conexos”.

Agrega que “según los reportes oficiales recibidos en esta División por los canales oficiales, la DGRTID–Uruguay informa que un ciudadano de nacionalidad uruguaya, a quien se identifica como Sebastián Marset Cabrera, nacido el 10 de abril de 1991, CI uruguayo 4.558.160.7 y CI paraguaya 8.754.586, sería el líder de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas que tendrían como destino final el continente europeo”.

O sea, por lo menos 6 meses antes de que la Dirección Nacional de Identificación Civil le otorgara el pasaporte, las autoridades del Ministerio del Interior, encabezadas entonces por Jorge Larrañaga y Guillermo Maciel, sabían quién era Marset.

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Pero, además, obligatoriamente debía saberlo el entonces director de Investigaciones, comisario mayor Nelson Albernaz, quien tenía bajo su mando la Dirección de Drogas, Delitos Complejos e Inteligencia.

Albernaz fue destituido del cargo el 1° de marzo pasado, después de ser vinculado al exjefe de la seguridad presidencial, Alejandro Astesiano. Sin embargo, nunca fue citado por Fiscalía, y un mes después fue nombrado jefe de Policía de Flores, cargo que ocupa en la actualidad.

El documento, en poder de Caras y Caretas, agrega otra información que hasta ahora no era pública: Marset estaba requerido por la policía a nivel nacional.

“Siempre según la misma fuente oficial, DGRTID–Uruguay, se informa que, a través del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, surge que Sebastián Marset tiene una requisitoria pendiente a nivel nacional a partir de la ampliación de una investigación por tráfico de drogas en la causa Nro. 10607088”, señala el documento policial.

Se informa además que Marset registra en Uruguay prontuario penal Nro. 449568, en el que constan 4 antecedentes judiciales, uno por homicidio, del que fue sobreseído, aunque ahora se investigan las circunstancias, y 3 por tráfico y tenencia de estupefacientes. Cuenta también con 34 anotaciones policiales, 23 de ellas como indagado por 10 hurtos, desorden, rapiña, receptación, 2 por estupefacientes, 2 por homicidio y averiguación de paradero, entre otros menores.

Este informe policial, dirigido al fiscal de Crimen Organizado solicitando la apertura de una investigación penal, fue el origen de la denominada operación “A Ultranza Py” encabezada por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay y que fuera el motivo de la primera huida del narcotraficante.

También tenía antecedentes judiciales

Durante la interpelación realizada en agosto del 2022 al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al canciller, Francisco Bustillo, todos dijeron desconocer quién era Marset y afirmaron que estaban obligados a entregar el pasaporte por el decreto 129/014 firmado por José Mujica en el año 2014.

Hace una semana, Caras y Caretas publicó declaraciones del constitucionalista José Korzenik, realizadas por el periodista rochense Eduardo González. En ellas, el reconocido abogado y exsenador dijo: “Quienes conocemos el tema, porque hemos leído las leyes y los decretos reglamentarios, sabemos que el gobierno no le debía dar el pasaporte sí o sí (al narco Sebastián Marset) como dijo el presidente”.

Korzeniak señaló: “Cualquiera que haya sacado un pasaporte sabe que lo primero que consultan es si se tiene buena conducta. No sé si alguien en este país puede sostener que el señor Marset tenía buena conducta porque había estado procesado, había estado preso y además estaba preso en Dubái cuando solicitó el pasaporte”. Explicó que la norma señala que el pasaporte es un trámite que debe hacerse en persona y que la norma prevé “alternativas para soluciones excepcionales”.

Las normas uruguayas establecen diferentes tiempos para la extinción de los antecedentes judiciales. Particularmente en el caso de Marset, quien recuperó la libertad en el año 2018, se habrían extinguido este año y no en el 2021.

Las autoridades han dicho reiteradamente que este ciudadano no tenía antecedentes.

Lo que nadie sabía hasta ahora es que la Policía uruguaya le informó a su par paraguaya, seis meses antes de darle el pasaporte, que Marset no sólo tenía antecedentes judiciales, sino que además estaba requerido.

Todas circunstancias que, según el decreto esgrimido por el Gobierno para otorgar el documento, hubieran impedido su expedición.

Llama la atención la excusa de Luis Lacalle Pou, reiterada por otros dirigentes y operadores políticos, e incluso por Julio María Sanguinetti, de que la única opción que tenía la administración era otorgarle a Sebastián Marset el pasaporte sin restricción alguna.

Dicha afirmación supone que se manejaron otras opciones resultantes de consultas jurídicas y eventualmente políticas y, de haber sido así, demostraría que el otorgamiento del pasaporte mencionado fue resultado de algún tipo de deliberación que en ese caso consideraría la calificación de Marset y su eventual involucramiento en actividades delictivas.

Tal vez algo pueda surgir de un pedido de acceso a la información pública y de la investigación fiscal en curso.

Korzeniak explicó lo que debió hacerse entonces: “Una razón de excepcionalidad podría ser el hecho de estar detenido en un país extranjero. Ante una situación como la planteada, lo que existe es una práctica, que está reglamentada también, por la cual el país de origen de esa persona que considera que es de buena conducta -no en el caso de Marset, obviamente- consiste en darle un documento, no un pasaporte, que le autoriza a viajar exclusivamente al país de origen a hacer el pasaporte”.

El nuevo escenario

La aparición de este documento que Caras y Caretas entregará al fiscal Alejandro Machado, da un giro a la investigación fiscal, ya que aporta información que hasta el momento no era pública.

La Fiscalía investiga presuntas irregularidades cometidas en la expedición del mencionado pasaporte, a las que se agregó una nueva causa a partir de las declaraciones de la exvicecanciller, Carolina Ache, sobre presunta destrucción de documentos públicos.

¿Hubo algún funcionario que manipuló el Sistema de Gestión de Seguridad Pública para que no aparecieran ni los antecedentes, ni la requisitoria policial de Marset?

Recordemos que en el caso Astesiano el presidente Lacalle Pou dijo que él “había pedido información pero no constaban anotaciones policiales”. Sin embargo, poco después el ministro Heber sancionó a un funcionario policial porque, presuntamente, había manipulado el sistema “dando de baja los antecedentes de Astesiano“.

Además, al momento de que la Policía paraguaya recibió el informe de su par uruguaya, el ministro era Jorge Larrañaga, quien lamentablemente falleció el 20 de mayo del 2021.

Heber tal vez no conocía el informe, pero Guillermo Maciel, que ocupó la subsecretaría con ambos jerarcas y hasta su reciente renuncia, sí debía conocerlo. Y la prueba es que fue él quien advirtió a Ache sobre “la inconveniencia de otorgarle el pasaporte a un peligroso narcotraficante”.

¿Qué nos perdimos en el medio? ¿Qué ocurrió entre mayo y el 25 de noviembre del 2021 cuando salió el pasaporte rumbo a Dubái?

Tal vez fue la determinante aparición del abogado Alejandro Balbi, un profesional con excelentes relaciones en la Policía, como gestor del pasaporte.

La investigación fiscal, que ya tiene varias solicitudes de archivo, continuará después de la Feria Judicial Mayor de enero.

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