Marset: un narcoproblema para Uruguay y Paraguay

En enero del año pasado Sebastián Marset (32 años) lograba salir de una prisión de Dubái gracias a que la cancillería uruguaya le otorgó un pasaporte. Desde entonces nada se sabe de él, aunque tiene un pedido de captura emitido por Interpol.

Tenía 21 años cuando fue detenido en Lavalleja con un cargamento de 400 kilos de marihuana trasladados desde Paraguay en una avioneta piloteada por Juan Domingo Vivero Cartes, tío de Horacio Cartes, quien poco después sería elegido presidente de Paraguay. Pasó algunos años preso.

El 14 de agosto de 2018 fue asesinado Alfredo Rondán en Las Toscas. Era un amigo de la infancia de Marset. Varias pericias ubicaron al narco en el lugar, por lo que el juez Enrique Falco lo procesó con prisión. Pero en agosto de 2020 el fiscal Maximiliano Sosa archivó la investigación ya que, a su juicio, no había prueba suficiente para procesarlo por homicidio. Recuperó la libertad y se fue del país.

Vivió un tiempo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde hizo contactos con narcos productores de cocaína.

Desde allí fue a Paraguay, donde en paralelo a su actividad como traficante de drogas asociado al Clan Insfrán, comenzó a desarrollar producciones de espectáculos.

Esta organización “legalizaba” activos a través de los clubes de fútbol Rubio Ñu, River Plate y Deportivo Capiatá, además del club griego Atlético Trikala, y de la iglesia denominada Centro de Avivamiento, que tenía sedes en varias ciudades paraguayas y congregaba multitudes. Esta banda fue desmantelada recién en marzo de 2022.

En abril de 2021 se probó como jugador de fútbol profesional en el Club Capiatá, cuyo presidente era el diputado cartista Erico Galeano. Este había recibido 2.500.000 dólares de Horacio Cartes para construir un estadio con capacidad de 15.000 espectadores. Antes el club había tenido un breve pasaje por la Libertadores y la Sudamericana.

A partir de una investigación iniciada por el fiscal Marcelo Pecci, luego asesinado en Colombia, funcionarios infieles informaron a Marset que “era inminente su detención”. El 7 de junio de 2021 a la hora 9.13, Marset y su familia salieron de Paraguay, intentando llegar a Grecia. Pasaron por un país africano y luego por Dubái, donde funcionarios de Migraciones se dieron cuenta de que el pasaporte paraguayo que portaba era falso y fue detenido. Era el 10 de setiembre.

El 12 de setiembre en Asunción asesinaron a un empresario de apellido Schuartzman, informante de la Policía y a quien acusaban de ser el que había conseguido el pasaporte falso.

El 3 de noviembre el subsecretario del ministerio del Interior, Guillermo Maciel, le informa a Carolina Ache, subsecretaria de cancillería, quién era Marset y le envió un mensaje que decía: “Hola Caro, ¿podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o lo liberaron, lo cual sería terrible. Beso”.

Ache contestó 2 minutos después: “Dale, te averigüo. Beso”.

En tanto, Marset estaba desesperado porque si no obtenía su pasaporte uruguayo antes del 10 de diciembre, sería extraditado a Paraguay.

La oficina de Asuntos Consulares de cancillería le informó a la esposa del narco que por valija diplomática el documento llegaría a Dubái el 22 de diciembre.

Entonces la mujer se contactó con el abogado Alejandro Balbi, quien lo había defendido una vez en Uruguay, para que le gestionara el pasaporte uruguayo.

El 24 de noviembre con el trámite ya iniciado, Balbi se reúne con Ache en la cancillería. Al otro día logró que Identificación Civil le entregara el pasaporte y, en un acto absolutamente irregular, el abogado lo entregó a terceras personas que lo llevaron inmediatamente hasta Dubái.

Pero para gestionar el pasaporte la cancillería envió a la cónsul en Emiratos Árabes para tomarle huellas dactilares, firma y foto. En presencia de la funcionaria, Marset dijo que “vivía en un hotel 5 estrellas de Dubái”, algo que no era cierto porque no había logrado ingresar a esa ciudad.

La cónsul advirtió en más de una oportunidad a sus jefes en Uruguay que “este trámite no le parecía correcto”.

El diario El Observador informó: “Una carta del departamento consular de la Embajada de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos, que había sido solicitada por el abogado Alejandro Balbi, fue utilizada por la defensa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset para pedir que fuera dejado en libertad en el juicio tras haber sido detenido por tener un pasaporte paraguayo falso.

La carta, escrita en inglés y fechada el 31 de octubre de 2021, señala que Marset tramitará un pasaporte uruguayo una vez que salga de prisión, aunque no saben si lo obtendrá porque es el Ministerio del Interior el que debe autorizarlo, y asegura que en caso que necesite retornar inmediatamente a Uruguay le proporcionarán un documento de viaje que lo habilite a volver por una sola vez.

Ese documento fue utilizado por la defensa de Marset para decir que no tenía necesidad de usar un pasaporte falso porque podía obtener el uruguayo de forma legal, y considerado por los jueces en la sentencia como una de las razones para declararlo inocente, ya que tampoco podían probar que supiera que el documento paraguayo que estaba usando era apócrifo”

El 22 de enero y como su país de nacimiento no presentaba ninguna oposición al entregarle el pasaporte, Marset fue liberado y desde entonces tiene paradero desconocido.

Lo investigaban Uruguay, Paraguay y la DEA. Pero el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que ha firmado varios acuerdos de cooperación para compartir información, no se enteró. La cancillería fue más eficiente porque entregó un pasaporte con trámite urgente a pesar de que la Embajada uruguaya en Emiratos Árabes y la propia cónsul uruguaya en Dubái advirtieron sobre la “inconveniencia” de la gestión.

Los vínculos de Marset en Paraguay

De acuerdo a un informe de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad), Marset era el vínculo entre los proveedores bolivianos de cocaína y la organización liderada por Miguel Ángel Insfrán (alias Tío Pepe).

Estos eran los responsables de trasladar la droga hasta Uruguay a través de la hidrovía. Así habrían logrado enviar a Europa unas 16 toneladas de cocaína.

En marzo de 2022 la Senad con orden judicial lanzó la operación “A Ultranza PY”, que logró varias detenciones y la incautación de bienes por valor de 100 millones de dólares, hasta entonces propiedad de Insfrán y Marset.

Pero ninguno de los dos fue detenido y por eso se emitió una orden de captura internacional a través de Interpol.

En su corto tiempo en Paraguay, el narco uruguayo tejió una importante red de relaciones que llegaba hasta dos expresidentes, varios legisladores, políticos, fiscales y jueces.

Así lo revela un documento de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) al que accedió Caras y Caretas.

Cuando el uruguayo estaba detenido en Dubái, el 19 de setiembre de 2021, el teléfono 0982 765937, utilizado por José Fernando Estigarribia, investigado como parte de la banda del narco, recibe una llamada desde la línea extranjera 58597 1459999, utilizada por Marset.

Este pregunta si “pudo solucionar algo” en relación al pasaporte falso. Pero como la respuesta fue negativa, Marset dice que es necesario “hablar con Marito (Abdo, entonces presidente) o con Cartes (expresidente), porque después sin problemas se va a poder pagar el favor”.

No quería seguir detenido en Dubái. Le ofrecieron sacarlo hacia Uruguay o Francia, pero se negó.

Hace 20 días el diputado paraguayo oficialista Derlis Osorio fue convocado a declarar ante el fiscal Juan Manuel Ledezma, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, para ampliar la denuncia que presentó a principios de 2022 contra el diputado Erico Galeano, también colorado, por un pedido de dinero para liberar al narcotraficante Sebastián Enrique Marset Cabrera.

Osorio denunció que a fines de 2021 “Ezequiel Ramírez Barreto, un intermediario del diputado cartista Galeano, le solicitó la suma de 500.000 dólares para lograr la liberación de Marset. También señaló que la diputada Jazmín Narváez le contó que el propio Galeano le pidió prestado el mismo monto de dinero, presuntamente con el mismo motivo.

Galeano buscaba que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, o el vicepresidente, Hugo Velázquez, le prestaran el dinero para liberar a Marset, según los nuevos datos que dio el senador ante la fiscalía de ese país, según explicó la periodista Rocío Pereira Da Costa.

De acuerdo a la denuncia presentada por Osorio, unos días después el mismo diputado le habría pedido un préstamo a la diputada Núñez, pero como ella no tenía la suma requerida, le planteó que se la pidiera al presidente Abdo Benítez.

Pero antes de que Osorio ratificara su denuncia, el fiscal Ledezma fue destituido de su cargo al frente de la Unidad Anticorrupción y Lavado de Dinero.

Se le acusó de “corrupto y coimero” y de tener una larga lista de causas cajoneadas y archivadas sin investigar. Entre ellas, la iniciada contra el diputado Galeano.

La denuncia deberá esperar, por ahora, el estudio del nuevo fiscal designado, con el agravante de que el domingo pasado Galeano fue electo senador por el sector liderado por Cartes. El denunciante Osorio también mantuvo su banca.

¿Qué pasó con los 500.000 dólares? Una fuente de la Senad, contactada por Caras y Caretas la semana pasada, dijo: “Tenemos muchísimas horas de escuchas telefónicas realizadas con orden judicial. Nosotros sabemos para qué, para quién y quiénes juntaron esos 500.000 dólares, que no fueron los únicos “.

Y luego agregó “tenemos identificados a dos uruguayos entre los receptores de parte de ese dinero. No puedo decirle más porque la investigación sigue en curso y porque además hemos tenido muy poca colaboración de las autoridades uruguayas”, concluyó el oficial antidrogas.

La Fiscalía uruguaya abrió una investigación

En agosto del año pasado el Frente Amplio interpeló a los ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y de Interior, Luis Alberto Heber. En la extensa jornada parlamentaria también participaron los subsecretarios de ambos ministerios: Carolina Ache y Guillermo Maciel.

Los senadores de la coalición afirmaron que en “ningún momento se constató una irregularidad” en el accionar de Heber y Bustillo” y encontraron “absolutamente satisfactorias las explicaciones” de los ministros y la subsecretaria Carolina Ache, ya que esclarecieron “su actuación”, demostraron “que en ningún momento se constató irregularidad y que la situación que se ha vivido fue fruto de los defectos existentes en la presente normativa, según informó la diaria.

En tanto la oposición frenteamplista calificó las explicaciones de los ministros como “absolutamente insatisfactorias e inaceptables” y “que, ante la evidencia expuesta, resulta injustificable que los ministros declaren que nadie sabía quién era el solicitante del pasaporte hasta marzo de 2022, fecha en que se dio la requisitoria internacional, a pesar de estar siendo investigado por la propia Policía”.

También se señala que no pueden obviarse los contactos que existieron en noviembre entre “los subsecretarios de ambas carteras, así como la reunión mantenida entre la subsecretaria de la cancillería, Carolina Ache, y Alejandro Balbi, representante del actual prófugo de la Justicia, lo cual fue reconocido en sala”.

Pero Ache no dijo entonces que el 3 de noviembre de 2021 había sido advertida por Maciel sobre quién era Marset.

Incluso la subsecretaria colorada había protocolarizado con su escribana personal todos los mensajes intercambiados con Maciel.

Toda esa información fue obtenida por el FA mediante una acción judicial para que cancillería le entregara el expediente surgido de una investigación administrativa interna realizada por esa cartera.

Cuando se hizo público, el sector Ciudadanos, que hasta entonces integraba Ache, le retiró la confianza y la subsecretaria renunció.

La única hasta ahora.

Porque la información pública revela que tanto el Ministerio del Interior como la cancillería sabían quién era Marset.

Si solo hubieran enviado el pasaporte por valija diplomática, como es la norma, el documento llegaría tarde para evitar la extradición a Paraguay. En cambio, las autoridades uruguayas lo entregaron en mano al abogado Balbi y por eso Marset logró fugar

Ahora, entre julio y agosto próximo, los dos ministros y los dos subsecretarios deberán explicar detalladamente su accionar ante el fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado.

Y en esa oportunidad no podrán mentir, como lo hicieron en el Senado.