Lavado santo
En el caso del sacerdote colombiano -que nunca presentó denuncia penal pero sí se presentó en el Concurso para reclamar un crédito de US$ 127.0000 (todos sus ahorros según él)- se lo acusa de comprar por US$ 260.000, el 2 de junio de 2020, cuatro inmuebles en el Paso de la Azotea (Lavalleja), cuando este era vicario general de la Diócesis de Florida.
Buitrago reclamó a la sede concursal u, dado que, según él, eran todos los ahorros que había entregado a Basso, pero no mencionó nada sobre el negocio de la compra de las cuatro casas.
Las casas habían sido construidas por la empresa Lerosur S.A. (una sociedad anónima vinculada a Basso, que recibió beneficios tributarios por un proyecto que nunca se terminó) y fueron pagadas con un cheque emitido por Conexión Ganadera. Meses después, el cura dijo públicamente haber "confiado todos sus ahorros" en la empresa, omitiendo dicha operación.
Además, la denuncia señala que Buitriago renovó un contrato de inversión por US$ 108.000 apenas un mes después de la muerte de Basso (2024). En ese momento, de acuerdo con la denuncia, el religioso colombiano radicado en Florida registraba una capacidad de ahorro “inusual para su función” de unos US$ 2.000 mensuales, señala el documento.
Los penalistas pidieron al fiscal Enrique Rodríguez que se lo investigue por un delito de lavado de activos.
La escrituradora y facilitadora del clan Basso
Con respecto a Della Ventura, escribana de estrecha confianza de la familia Basso durante años (su hermano fue quien le alquiló el depósito de la Iglesia de Florida donde Basso guardaba cuadernos contables), habría intervenido en al menos 7 operaciones inmobiliarias por un total superior a US$ 8,9 millones, escriturando bienes a nombre de terceros, aunque el verdadero beneficiario era siempre Gustavo Basso.
El documento detalla que fueron en dos hipotecas a favor del frigorífico Casa Blanca por US$ 2.980.000 y cinco compraventas de inmuebles urbanos y rurales, en Montevideo, Durazno, Lavalleja, Florida, Rocha por un total de US$ 5.960.273.
Los formularios antilavado que la notaria firmó califican sistemáticamente las operaciones como de "riesgo bajo", describiendo a Basso como un "cliente de toda la vida" que "siempre trabaja y progresa", incluyendo una operación fechada apenas 8 días antes de su suicidio, cuando sus empresas ya atravesaban una situación financiera crítica.
Sobre este último punto, los abogados acusan a Della Ventura por “omitir controles normativos estrictos” como declaraciones juradas de Basso. Se justifican los fondos “en el gran trabajo” del empresario y prestamista floridense y en las boletas de venta de ganado, aunque eso no vincula directamente la procedencia del dinero con los compradores, advirtieron.
A la escribana Della Ventura, por su parte, se solicita que se la formalice una investigación por asistencia al lavado de activos debido al incumplimiento flagrante de los controles normativos y la no emisión de reportes de operaciones sospechosas.
El maquillador de los informes contables
Por último, los defensores de cientos de damnificados denunciaron al contador Santeugini por certificaciones que no se condicen con la realidad, puesto que los ingresos declarados deberían haber disminuido considerablemente cuando Basso se pasó de tener 45% de participación en Conexión Ganadera a 25% (2023) y los montos certificados por el contador resultaban "manifiestamente insuficientes" para justificar las millonarias compras de inmuebles realizadas.
La denuncia señala que por un período de 38 meses se emitieron informes de ingresos personales de Gustavo Basso que muestran un caudal de montos muy inferiores al nivel de vida que llevaba su familia.
A Santeugini también se lo acusa por presunta asistencia al lavado de activos, puesto que certificó ingresos y actividades que no condicen con la realidad, según los denunciantes.
