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Política Melgar | INDA |

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Melgar: "Tenemos la capacidad de dar un salto en el derecho a la alimentación"

Desde el INDA plantean una ley marco para garantizar el derecho a la alimentación y articular políticas públicas, dijo su directora Micaela Melgar.

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Uruguay es un país productor de alimentos, exporta productos de calidad y cuenta con políticas de protección social. Sin embargo, miles de hogares todavía enfrentan dificultades para acceder a una alimentación suficiente y saludable. Esta contradicción vuelve a poner sobre la mesa el problema de la inseguridad alimentaria y la necesidad de abordarlo como una política de Estado, dijo la directora del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), Micaela Melgar.

En una entrevista en el programa Legítima Defensa 2da Dosis, de Caras y Caretas TV, Melgar analizó los últimos datos sobre inseguridad alimentaria, las políticas que se desarrollan y los desafíos para garantizar el derecho a la alimentación.

Uno de los datos destacados por el gobierno es la reducción del indicador en los hogares con niños y niñas menores de seis años, donde pasó aproximadamente del 18% al 14%. "A mí me parece muy importante que haya resultados que marquen un rumbo. Eso es lo que creo que nos dan estos datos", señaló Melgar.

La medición corresponde a la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), promovida por la FAO e incorporada a la Encuesta Continua de Hogares en 2022. El instrumento mide las dificultades de acceso a los alimentos, desde la preocupación por no contar con recursos suficientes hasta las situaciones más graves, cuando las personas llegan a pasar un día entero sin comer.

"La inseguridad alimentaria es una forma de medir la percepción de los hogares en relación a los alimentos y a las capacidades que tienen para adquirirlos", explicó.

Aunque destacó la evolución positiva, Melgar advirtió que el problema sigue siendo especialmente grave entre los sectores de menores ingresos. En el primer quintil, correspondiente a los hogares más pobres, la inseguridad alimentaria alcanza aproximadamente al 31%.

Producir alimentos y no erradicar el hambre

Para la directora del INDA, la contradicción entre la capacidad productiva del país y las dificultades de acceso a los alimentos exige una respuesta integral.

"Uruguay es un país productor de alimentos, de alimentos de calidad, exporta alimentos para miles de personas y no logra erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria grave", expresó.

Según sostuvo, el problema no es la disponibilidad, sino las posibilidades de acceso de determinados sectores de la población. Por eso, planteó fortalecer la agricultura familiar, la pesca artesanal y las compras públicas, como herramientas para vincular la producción nacional con las necesidades de los hogares, promover circuitos cortos de comercialización y facilitar el acceso a alimentos saludables.

Melgar también mencionó el aporte de las políticas sociales, entre ellas los comedores del INDA, las canastas de frutas y verduras, el acompañamiento de Uruguay Crece Contigo y la ampliación de la cobertura alimentaria en los centros educativos de la ANEP.

En ese sentido, destacó la importancia de garantizar la alimentación en los espacios educativos: "Que en Uruguay se piense que si hay un espacio educativo, si hay una clase, va a haber un plato de comida y que eso sea ya constitutivo para el Uruguay".

Como ejemplo, recordó la coordinación entre ANEP e INDA durante las vacaciones de septiembre, que permitió mantener la cobertura alimentaria para niños y adolescentes que habitualmente concurren a comedores escolares y liceales.

Una ley para el sistema alimentario

Uno de los principales planteos de Melgar fue la necesidad de superar la fragmentación institucional mediante una ley marco que organice la gobernanza del sistema alimentario.

"Uruguay necesita sí o sí, para dar un salto en este tema, una ley que organice la gobernanza del sistema alimentario", afirmó.

Actualmente, distintos organismos desarrollan políticas vinculadas a la alimentación, pero la coordinación depende en gran medida de los vínculos y acuerdos entre las instituciones. «Por más esfuerzos que hagamos de coordinación, depende básicamente de las personas que están en las instituciones que coordinen», advirtió.

La propuesta apunta a articular las políticas de producción, distribución, comercialización, precios, consumo y acceso a los alimentos, con la participación del INDA, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Salud Pública y la ANEP, entre otros organismos.

La directora manifestó su expectativa de avanzar con la iniciativa: «Tenemos la voluntad política y la decisión para lograr enviar la ley por el derecho a la alimentación en este año y aprobarla en este período». También mencionó como referencia la experiencia de Brasil, que desarrolló mecanismos de coordinación institucional y participación social en materia alimentaria.

La dimensión de la asistencia alimentaria

Melgar también describió el alcance de los servicios del INDA. En Montevideo, el instituto proporciona alrededor de 20.000 viandas diarias para distintos dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social, como refugios, centros de acogida y espacios de atención a personas con discapacidad y situaciones de violencia de género.

En el interior, los comedores atienden aproximadamente a 26.000 personas por día. Además, el organismo participa en la respuesta alimentaria ante emergencias, en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias y el Ministerio de Defensa.

Alimentación saludable

Otro de los temas abordados fue el aumento del sobrepeso y la obesidad. Para Melgar, estos problemas no pueden analizarse por separado de la inseguridad alimentaria.

"Son las dos caras de la misma moneda", afirmó.

El INDA trabaja en educación alimentaria y nutricional, especialmente en espacios como los centros CAIF, y promueve entornos saludables que permitan a las personas acceder a información y tomar decisiones sobre su alimentación.

Sin embargo, los ingresos y los precios condicionan esas posibilidades. Los hogares con menos recursos suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a productos saludables, por lo que, sostuvo, los precios también deben formar parte de una política integral.

La reducción de la inseguridad alimentaria en los hogares con niños pequeños es una señal alentadora, pero el desafío alcanza también a quienes no tienen menores a cargo y enfrentan situaciones de pobreza. Para Melgar, es necesario complementar las políticas alimentarias con medidas de empleo y mejora de los ingresos.

"Para nosotros es multicausal y tenemos que trabajar todos juntos hacia el derecho a la alimentación", resumió.

Uruguay tiene producción suficiente y experiencia en políticas sociales. El desafío es transformar esas capacidades en un sistema articulado que garantice el acceso a los alimentos y convierta el derecho a la alimentación en una verdadera política de Estado.

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