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Según detalló la legisladora, la adquisición —por un total de 33 millones de dólares— se concretó el pasado 26 de noviembre e implicó la compra de 5.300 cámaras de videovigilancia, sin llamado a licitación. La decisión fue tomada bajo la administración del entonces ministro del Interior, Nicolás Martinelli.
“Esta compra se realizó mediante un mecanismo de compra directa, lo cual resulta llamativo por el monto involucrado y por el contexto político en que se dio, a solo 48 horas de que el Partido Nacional fuera derrotado en las urnas”, expresó Sierra. “Por eso, en ejercicio de nuestras facultades legislativas, iniciamos un pedido de informes para conocer los fundamentos de esta operación y garantizar transparencia”, sostuvo.
El ministro del Interior Carlos Negro, fue consultado al respecto, y en rueda de prensa dijo que las cámaras “se necesitaban”. “Las íbamos a adquirir nosotros”, aseveró.
"Nunca respaldamos esa compra"
Estas declaraciones llevaron a que legisladores del Partido Nacional arremetieran contra el pedido de informes de Julieta Sierra del MPP. Sin embargo el jerarca aclaró posteriormente sus dichos.
A través de su cuenta de X, Negro dijo: "Hoy en conferencia de prensa me consultaron sobre el arrendamiento de cámaras hecho por la administración anterior. Respondí que las cámaras son una incorporación necesaria y agregué que incorporar más viceovigilancia es cumplir con el programa del FA con el que estamos comprometidos. Si ese contrato fue legal o no, se podrá saber cuando terminen las instancias administrativas. Políticamente, las dudas sobre la forma, el momento y la premura en que fueron compradas, nos quedarán. Nunca respaldamos ESA compra", aseguró el ministro del Interior.