Su planteo apuntó a uno de los principales desafíos de las políticas de seguridad en la región: cómo enfrentar estructuras criminales cada vez más complejas sin comprometer las garantías institucionales. “No hay seguridad duradera si se debilitan las instituciones democráticas”, afirmó.
Negro también sostuvo que ningún país podrá enfrentar eficazmente al crimen organizado si actúa de manera aislada. Por eso, definió la cooperación internacional como una dimensión indispensable y planteó la necesidad de mejorar los mecanismos de intercambio de información, fortalecer las capacidades de inteligencia y avanzar en la persecución patrimonial de las redes criminales.
Entre los objetivos que Uruguay promoverá durante el encuentro regional también mencionó la formación y el aprendizaje compartido entre los países, con el propósito de ampliar las capacidades de respuesta de los Estados.
Seguridad pública: derechos humanos, controles y sistema carcelario
Durante su intervención, Negro planteó que el éxito de una política de seguridad no puede medirse exclusivamente por los resultados estadísticos o la evolución de los indicadores delictivos.
A su entender, también debe evaluarse por el respeto a los derechos humanos, la efectividad del control judicial y la existencia de mecanismos de rendición de cuentas. A estos aspectos sumó el funcionamiento de los sistemas carcelarios, que, según señaló, deben evitar convertirse en espacios de reproducción del delito y cumplir con su objetivo de rehabilitación.
El ministro defendió así una concepción de la seguridad que contemple los equilibrios propios de las democracias y no se limite a la respuesta policial frente a los delitos.
“Nuestra posición es clara: frente a fenómenos criminales cada vez más complejos, los Estados democráticos deben ser más inteligentes, más coordinados, más eficaces y más respetuosos del Estado de derecho”, concluyó.
Plan Nacional de Seguridad Pública: tres prioridades para la primera etapa
La reunión del Mercosur también será el escenario para presentar el Plan Nacional de Seguridad Pública, que Negro definió como una “hoja de ruta para ordenar prioridades, fortalecer capacidades estatales y consolidar una política pública de largo plazo”.
El ministro explicó que la primera etapa de implementación estará concentrada en tres objetivos: reducir el daño letal, controlar los factores que agravan la violencia y proteger a las personas y comunidades expuestas a mayores riesgos.
Dentro de esa estrategia, los homicidios ocupan un lugar central en la planificación policial. Para abordarlos, el Gobierno apuesta a combinar despliegue territorial basado en inteligencia, prevención de nuevas agresiones e investigación especializada.
Uno de los datos señalados por Negro para explicar la necesidad de revisar las estrategias de intervención es que el 60% de los homicidios están motivados por conflictos entre estructuras criminales. Según indicó, esa proporción se duplicó en los últimos diez años.
“Este cambio obliga a repensar las políticas de seguridad”, sostuvo el jerarca.
Para responder a este escenario, la primera etapa del plan contempla tres líneas de acción: intervenciones específicas en los territorios más afectados, mayor control y trazabilidad de armas y municiones, e investigaciones orientadas a identificar el financiamiento y la organización de las redes que protegen al crimen.