El próximo 22 de noviembre los trabajadores uruguayos acudirán a las urnas para elegir a su representante en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS). Para la Lista 11 impulsada por el PIT-CNT y encabezada por Carlos Clavijo junto a referentes de la salud, la construcción, el comercio, la educación privada y los propios funcionarios del organismo, la instancia electoral es una oportunidad para instalar en la agenda pública una batería de 18 propuestas surgidas del último Congreso de la central sindical. En entrevista con Caras y Caretas, Gabriel Nánchez, responsable de Seguridad Social del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) y representante de la Lista 11 por los trabajadores, defendió una plataforma que plantea revisar los aportes patronales, cuestionar las exoneraciones a determinados sectores económicos y discutir los cambios introducidos por la Ley 20.130. También puso sobre la mesa la necesidad de adaptar el sistema a las nuevas formas de empleo, la automatización y la expansión de las plataformas digitales.
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Nánchez sostuvo que el debate no puede limitarse a las jubilaciones y pensiones, sino que debe abarcar el conjunto de las prestaciones sociales, los subsidios por enfermedad y las incapacidades, la cobertura de prótesis, las enfermedades raras y los créditos laborales. Además, cuestionó las promesas que atribuyó a algunos sectores durante la campaña y reivindicó el papel de la representación sindical en las decisiones sobre los recursos del sistema.
La Lista 11 es la lista de los trabajadores para la representación en el directorio del BPS. ¿Cuáles son los planteos que realizan para esta instancia?
Primero que nada, nosotros venimos con un documento que se discutió en el Congreso de la Central, que es lo que llamamos la plataforma del movimiento sindical, y se votó por unanimidad.
¿Qué planteaba ese documento?
Cuando lo discutimos aún no habíamos pasado por el plebiscito; teníamos las firmas, pero faltaban meses para la consulta popular. Hoy, tras haber acumulado un millón de papeletas blancas, el gobierno actual convocó a un diálogo social. Para nosotros, el meollo de todos los problemas es el financiamiento. Eso implica revisar las exoneraciones que son muchísimas y también el aporte patronal, que sigue siendo la mitad del aporte obrero, nosotros pagamos un 15 % y los empresarios un 7,5 %, aquellos que lo pagan, porque no todos lo hacen.
En el agro, por ejemplo, habría que tener una discusión profunda con el gobierno para hacer un catastro nuevo. Hoy el agro paga 1,9 por hectárea, basado en un índice de medición de producción de la época de la dictadura llamado CONEAT 100, habilitado solo para ovino y vacuno. Actualmente pagan una cuota general del 25 %, pero no sabemos el detalle de qué se produce en esas hectáreas, si madera o soja. Siguen tributando por un índice caduco que hay que actualizar.
Lo mismo ocurre con las reformas del gobierno pasado. Nosotros no tenemos problema en discutir reformas de la seguridad social, siempre y cuando estén atadas al mundo del trabajo y participemos todas las partes, los empresarios, las organizaciones sociales y el propio Estado. Además, acaba de terminar la Asamblea General de la OIT, donde 187 países discutieron las nuevas formas de trabajo y cómo las nuevas tecnologías y las plataformas digitales están desplazando la mano de obra.
Entonces, ¿qué se plantea frente a ese desplazamiento?
Gravar la tasa de ganancia. Todos esos puestos de trabajo que se pierden ponen en riesgo la sostenibilidad de la seguridad social y generan problemas estructurales en el país, si no hay quien tenga empleo, no hay quien gaste ni quien pague tributos, lo que traerá dificultades a futuro. El gobierno recogió algo de esto en el diálogo social, aunque es cierto que debe discutirse por la vía parlamentaria.
Hoy vemos una disputa en la campaña de cara al 22 de noviembre en la que se hacen promesas inaceptables. Ningún directorio del BPS puede aumentar jubilaciones y pensiones ni modificar nada de la Ley 20.130 si no se vota en el Parlamento. El Poder Ejecutivo debe aplicar lo que votan diputados y senadores, mandar una minuta al ministerio y este al organismo. Además, no todo el mundo sabe que en el directorio hay cuatro responsables políticos ya definidos por el gobierno actual y tres responsables sociales. Nosotros venimos con 34 años de historia en la representación social, respaldados por el criterio de la OIT de que los espacios deben ser cubiertos por las organizaciones representativas. Nadie pone en tela de juicio a las cámaras empresariales cuando van a los Consejos de Salarios, donde van 24 gremiales en representación de la Confederación de Empresas. Sin embargo, al PIT-CNT algunos lo cuestionan, a pesar de tener 60 años de unificación del movimiento obrero.
Llevamos 18 propuestas surgidas del Congreso. Lo primero e inmediato es que no aceptamos que para mejorar el financiamiento del BPS tengamos que trabajar hasta los 65 años de edad con 30 años de aporte. El mundo del trabajo no va por esa vía. Mirá la inauguración del nuevo shopping Ventura, donde estuvimos haciendo asamblea: se calculan unos 2.000 puestos de trabajo, pero el comercio de Paso Molino y parte de Colón desaparecen. Ahí está la discusión sobre cómo incentivamos a las pymes o a los monotributistas, que hoy asumen el 40 % de la mano de obra. Las grandes superficies, en cambio, no absorben mano de obra; la suplantan con tecnología. ¿Cómo puede ser que un monotributista o una pyme paguen los mismos impuestos que estas grandes superficies económicas? Tienen muchas exoneraciones y así es imposible competir, lo que se traduce en puestos de trabajo perdidos. A eso sumale el 22 % de informalidad, entre subocupados e informales tenemos 800.000 personas.
¿Y cuáles son las propuestas concretas en materia de aportes? Recuerdo haberle escuchado a Carlos Clavijo sobre la idea de cambiar la forma de cálculo del aporte patronal. ¿Eso lo van a plantear?
Eso sería lo primero a plantear. Si hablamos de financiamiento, en la crisis del 2002 se bajó el aporte patronal del 15 % al 7,5 % para estimular el empleo y la inversión. Ya pasaron más de veinte años y siguen pagando como en la crisis, cuando en realidad el empleo empezó a recuperarse recién a partir de 2006 y no por esa rebaja. Si volvieran a aportar lo que pagaban antes, mejoraría mucho el financiamiento.
Después está el capítulo de las exoneraciones. El agro, al no cubrir ese 15 % con el 1,9 que paga, obliga a sacar dinero de Rentas Generales, porque la Constitución establece que se debe asegurar la seguridad social. Rentas Generales se nutre de todos los impuestos que recauda el gobierno y del superávit de las empresas públicas. Si sacamos de ese bolsón para cubrir y exonerar a un sector económico que viene al alza, cada vez quedan menos recursos para políticas sociales.
Algunos hablan de gasto en la seguridad social, pero nosotros entendemos que es inversión. Uno recorre el país, habla con la gente y ve los datos del BPS, son millones de dólares que se vuelcan por mes en cada departamento en seguros de paro, jubilaciones, pensiones y prestaciones. La seguridad social mejora cuando es solidaria, universal y achica la brecha social; se aplica cuando el trabajador está más complicado, no cuando está bien.
También hay que revisar artículo por artículo la Ley 20.130 del gobierno pasado y compararla con lo que teníamos antes. Antes te jubilabas con 30 años de trabajo y 60 de edad; se tomaban los últimos 20 años y elegías los mejores 10, con un fondo solidario. Si tu condición física y tu trabajo te permitían seguir hasta los 65, subías al 55 % de tasa de reemplazo. Es decir, si ganabas 100.000 pesos, con 60 años cobrabas 45.000 nominales, y si seguías hasta los 65, cobrabas 55.000. Eso cambió, nos quitaron la posibilidad de irnos a los 60 en todas las ramas de actividad y llevaron el retiro a los 65 años y 30 de aporte. Hoy está muy complicado juntar 30 años de aporte y, además, hay que ver cómo se llega a los 65 años según la realidad socioeconómica de cada trabajador. No es lo mismo la pesca que el agro, ni la construcción que el trabajo doméstico; somos ramos muy diferentes. Pretendemos que en esta discusión participen todas las organizaciones junto con técnicos y asesores como los de la Udelar para analizar el detalle y los impactos a futuro, en lugar de aplicar una medida pareja para todos. También los jubilados tienen sus planteos, porque lo que ellos reclaman hoy es nuestro futuro de mañana.
¿Y cómo ve la posibilidad de llevar adelante estos planteos en el directorio?
Nosotros vemos la posibilidad de seguir discutiendo en el directorio. Somos un voto en siete, así que hay alianzas que se dan con los jubilados o, como pasó en el período anterior respecto al plebiscito, incluso coincidencias puntuales con el sector empresarial. Hay cosas que se pueden modificar en la discusión interna con argumentos y asesores, y otras mediante la movilización. Cuando un proyecto entra al Parlamento, la movilización con la gente involucrada es lo que mueve la aguja, porque los tiempos parlamentarios no son los tiempos de la gente.
Además, después del 22, esta lista, integrada por el titular Carlos Clavijo, Elena Luján de la Salud, quien te habla por la construcción del SUNCA, Micaela Carballo de ATSS por los funcionarios del BPS, Luis Alijón de Fuecys por el comercio y Paulo Isab de SINTEP por la educación privada, refleja todas las corrientes de opinión del Congreso de la Central, lo que facilita los acuerdos en la Mesa Representativa.
En plena campaña se vuelven a levantar fantasmas. Nosotros somos orgullosamente los representantes de la Central, pero cuando vamos a los Consejos de Salarios conseguimos mejoras para todo el mundo, sin distinción entre afiliados y no afiliados. Y cuando se negocian los Consejos de Salarios, se reajustan las jubilaciones y pensiones por el IPC. Por eso esto va mucho más a fondo que ocupar un sillón en el BPS. Cuando hablamos de los patrones y de tocar intereses, ellos saben perfectamente lo que planteamos. Una de nuestras propuestas más fuertes es gravar al 1 % más rico del país, unas 25.526 personas mayores de 18 años con patrimonios a partir del millón de dólares. No es un impuesto nuevo, sino volver a subir el Impuesto al Patrimonio que bajó Lacalle Pou, lo que dejaría entre 700 y 800 millones de dólares al año. Con esos recursos se podrían mejorar muchas cosas en lugar de seguir sacando de Rentas Generales para subsidiar a sectores que ya no lo necesitan.
Cuando hablamos de seguridad social no es solo jubilaciones y pensiones; hay todo un universo que hace a la salud, discapacidad y prestaciones de otro tipo. ¿Qué planteos tienen al respecto?
Queremos mejorar en toda la línea y actualizar el sistema. Hoy algunos hablan de abuso en las certificaciones médicas y proponen montar una comisión investigadora. Hay que explicarle a la gente que no cualquiera accede al subsidio del BPS, tenés que tener 75 jornales, el médico de la mutualista hace un informe, lo eleva al BPS y recién cobrás a partir del cuarto día el 70 % del salario. Solo alguien que nunca usó un subsidio puede decir semejante disparate. Hay compañeros con enfermedades terminales o que sufren accidentes saliendo del trabajo; otros siguen aportando hasta dos años después de una incapacidad parcial y al tercer año reciben una permanente o parcial, quedando con una prestación pero en condiciones de trabajar. Si tirás al barrio la idea de que hay abuso, la gente lo repite sin conocer cómo funciona.
Por eso hablo de actualizarse, hoy se abordan temas delicados como la salud mental, algo impensable hace unos años, y hay compañeros certificados por eso, así como por secuelas físicas acumuladas durante toda una vida laboral. Queremos ampliar la cobertura en toda la línea. En el gobierno pasado nos quitaron una de las dos UR que teníamos para el doliente; en mi gremio hoy lo cubre el Fondo Social de la Construcción, pero no todos los gremios tienen esa espalda. Lo mismo pasa con las enfermedades raras que hoy se detectan con una gotita de sangre en el recién nacido o con las prótesis, un trabajador con sus ingresos no puede costear una prótesis de calidad, y esa diferencia la debería cubrir la seguridad social. Si de los 22 puntos del IVA van 7 puntos a la seguridad social, y los trabajadores aportamos el doble que las empresas, tenemos todo el derecho del mundo a discutir hacia dónde van los fondos porque somos quienes más la financiamos.
Otro tema es el Fondo de Garantía de Créditos Laborales, modificado por el gobierno de Lacalle tras el caso de Casa de Galicia. Antiguamente los trabajadores quedábamos últimos para cobrar, después de los bancos y los proveedores. Tras años de lucha obrera, en 2018 conquistamos la ley para cobrar nuestros créditos laborales a través del BPS hasta un tope de 500.000 pesos. El gobierno anterior modificó un artículo y dejó afuera a los trabajadores de Casa de Galicia. ¿Cómo puede ser que una empresa cierre la cortina y el último en cobrar sea el trabajador? No podemos naturalizar eso.
Finalmente quiero remarcar la doble vara en la discusión política. Cuando se trató la Rendición de Cuentas, se armó un escándalo por una partida única de 10.000 pesos para las primeras infancias y los legisladores cuestionaban en qué se gastaba esa plata. Los uruguayos tenemos el mismo derecho a hacer un seguimiento y exigir contrapartidas a los sectores empresariales que subsidiamos con recursos del Estado. Cuestionan al Estado cuando se trata de políticas sociales para los trabajadores, pero cuando los beneficios van para los que más tienen, ahí no ven ningún problema. Son temas que tenemos que discutir abiertamente con la ciudadanía.