El artículo 47 de la Constitución es muy claro cuando expresa que “el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano será prestado exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. Sin embargo, a través de ese contrato se otorga la gestión del agua a un consorcio privado compuesto por empresas nacionales y extranjeras.
Usted y sus asesores han expresado en reiteradas ocasiones que los compromisos asumidos por el gobierno deben respetarse. Es por este motivo que queremos reiterarle que el primer compromiso que usted tiene es con la gente y con el cumplimiento de la Constitución, el principal contrato que tiene el país.
Razones ambientales
Compartimos su preocupación por encontrar una solución para la seguridad hídrica de la zona metropolitana. Es por este motivo, que es preciso considere las razones por las que este proyecto no constituye una solución sino, por el contrario, acarrea grandes problemas para el país.
Representantes de la academia le han hecho llegar documentación que demuestra que el proyecto Neptuno tendrá perjuicios para el país (Disponible en el blog de MOVUS) y demuestran que además es innecesario (Disponible en el Instagram mvdoeste).
El Río de la Plata es una fuente insegura de agua potable. Los estudios demuestran que utilizar el Río de la Plata como fuente principal de agua plantea riesgos significativos debido a su alta contaminación por agroquímicos y residuos industriales, además de las variaciones de salinidad, cianobacterias y bromuros que complican los procesos de potabilización. Además este río es inseguro para la salud humana y Uruguay no tiene jurisdicción para el manejo de su cuenca que se distribuye entre cinco países. Un buen manejo de la cuenca del Río Santa Lucía aseguraría agua para toda la población.
La ubicación del proyecto Arazatí Neptuno representa un foco de contaminación para el Acuífero Raigón, una de las principales reservas de agua dulce del país. Comprometerá la calidad y disponibilidad de agua para futuras generaciones y el desarrollo agrícola y agropecuario de la zona, puesto que es también fuente de riego para este sector.
Además de los estudios antes mencionados, los sectores agropecuarios y la comunidad pesquera de la zona de Arazatí, representantes políticos de todos los partidos, cientos de organizaciones sociales y la sociedad en general alertan sobre el grave impacto negativo que significaría el proyecto para el país.
Los únicos defensores del proyecto han sido los integrantes del consorcio Aguas de Montevideo, firmantes del contrato y promotores del mismo.
Razones económicas
El altísimo costo del Proyecto Neptuno representa un nuevo endeudamiento para el país que destinará fondos para una obra que no soluciona el problema de fondo y tampoco contribuye a fortalecer la gestión de la empresa estatal que debe garantizar el acceso al agua potable a la población. El nuevo Presidente de OSE designado por usted, el Sr. Pablo Ferreri ha señalado que el ente está desfinanciado. Sólo aumentando las tarifas en todo el Uruguay se podrá pagar la obra de Neptuno que tendrá un costo cercano a 1000 millones de dólares. Estaremos endeudados por más de 20 años para agregar agua a un sistema que pierde el 40 % del agua que circula por la red. Si se quiere actuar en forma responsable y con soporte científico técnico como dice el Sr. Ferreri, anular este contrato es la única opción. Destinar los recursos humanos y técnicos necesarios para la reparación de la red seria comenzar por el principio y redirigir la inversión racionalmente en beneficio de la gente.
En conclusión, desde las organizaciones firmantes, le hacemos un llamado urgente, en primer lugar, a usted por su responsabilidad como Presidente de este país para que anule este contrato.
Invitamos públicamente a la ciudadanía a informarse, debatir y exigir la anulación de este proyecto que afectará a toda la población.
Le recordamos además, que todavía está pendiente lo antes posible una reunión con una delegación de las organizaciones firmantes de esta carta como anunciara públicamente su secretario. Es necesario discutir personalmente nuestros puntos de vista sobre este nefasto proyecto. Queremos ayudar a encontrar caminos de solución sustentables que respeten la Constitución y los intereses de la gente.
