Operación Océano: Fiscalía suma pruebas para demostrar responsabilidad de 10 hombres

Sin embargo, seis años después, y luego de varios juicios abreviados, 10 son los individuos sujetos a juicio oral que no admiten ser responsabilizados por retribución o promesa de retribución a menores de edad a cambio de actos sexuales. Según pudo conocer Caras y Caretas, el policía que inició la investigación fue citado para dar detalles de la indagatoria, para que explique por qué la inició y por qué llevó adelante determinados allanamientos.

¿Qué dice la defensa?

Por su lado, los abogados de las 10 personas que están siendo juzgadas en las audiencias que se llevan adelante dos veces por semana cada semana por medio, según supo Caras y Caretas, “no admiten haber tenido relaciones sexuales con menores de edad, indican que nunca supieron ni imaginaban que se trataban de menores de 18 años, porque sus servicios eran encontrados en páginas para adultos mayores al tiempo que aseguraban tener 18 años ya cumplidos.

Según la prueba que se expondrá en juicio para hacer caer la teoría del caso de la fiscal Alfaro, los abogados de los imputados sostendrán que las adolescentes víctimas (denunciantes) tenían una estrategia armada de engaño respecto de donde estudiaban, mostrando en redes sociales las fiestas para mayores de edad adonde iban”. Sus defensas han señalado en distintos escritos durante la tramitación de la causa que “no había manera de sospechar que se trataba de adolescentes, porque utilizaban cédulas de identidad de mayores de edad”.

Aclararon al inicio del juicio oral que esos documentos de identidad utilizados por adolescentes víctimas de la Operación Océano no eran, precisamente, documentos falsificados, sino que utilizaban cédulas de personas adultas. Según supo Caras y Caretas las cédulas de identidad no sólo fueron ubicadas tras los allanamientos en la casa de la principal víctima, sino que en la carpeta fiscal consta que las adolescentes denunciantes reconocieron la existencia de los documentos. En sus declaraciones ante la fiscal Mariana Alfaro las adolescentes denunciantes sostuvieron que las cédulas de identidad “sólo las utilizaban para ingresar a boliches o a hoteles”.

Consultada por Caras y Caretas acerca de si la existencia de esos documentos de identidad debilitan la teoría de la Fiscalía, la fiscal Alfaro quien solicitó entre 3 y 6 años de penitenciaría para los 10 hombres acusados contestó: “No nos debilita ni nos deja de debilitar, las defensas podrán decir lo que quieran en el juicio y nosotros expondremos nuestra teoría del caso además de todas las pruebas recabadas para este juicio, y habrá un juez que resuelva sobre el litigio que se está tramitando”. Al respecto del juicio oral recién iniciado, el tema de la utilización de las cédulas de identidad de personas mayores de 18 años es uno de los puntos más importantes de esta instancia.

Sin embargo, con respecto a la causa que fue formalizada en distintas etapas desde mayo del año 2020, el Tribunal de Apelaciones de 1er Turno indicó en cuanto a las evidencias existentes en la etapa de formalización que “la Fiscalía dio cuenta en forma concreta que contaba (y cuenta) con 'elementos suficientes' de los delitos atribuidos y 'la identificación' de sus presuntos responsables”. El TAP de 1er Turno indicó que, “rectamente interpretados, los hechos presentados en las diversas exposiciones (escritas y verbales) realizadas, se han mostrado contundentes en cuanto a dejar prima facie evidenciado el vínculo de los imputados con la joven y las conductas presuntamente infractoras de las normas penales”, sentenció el Tribunal.

En este sentido, el Tribunal de Apelaciones de 1er Turno, en uno de los múltiples recursos presentados en la causa que insumió seis años, respondió sobre la investigación que pretendía llevar adelante la defensa de los imputados, rechazando “la intromisión en la intimidad de las víctimas porque responden a estereotipos de género que pretenden culpabilizarlas por su conducta sexual, entre otros argumentos. Las defensas de varios de los imputados en esta investigación sostuvo el TAP de 1er Turno solicitaron tener acceso a las cuentas bancarias de las víctimas y terceras personas, a sus redes sociales y a la información de tráfico de las páginas web que utilizaban”. La jueza de primera instancia había rechazado el acceso a las cuentas bancarias, pero había permitido el acceso a las redes sociales y a las páginas web en el entendido de que esa información era importante en el ejercicio del derecho de defensa, aunque luego el Tribunal de Apelaciones revocó esa sentencia de primera instancia.

En tanto, el oficial testigo a quien se le está tomando declaración su declaración continuará en las próximas audiencias que se retomarán el martes próximo señaló que en el departamento de Maldonado hubo una mujer facilitadora de menores de edad denunciada por extorsión por uno de los hombres a su vez imputado en la causa Operación Océano. Hasta ahora, según conoció Caras y Caretas, el investigador dijo que “no continuó con la investigación de la extorsión denunciada por parte del imputado, porque él se alejó de la indagatoria”.

Iniciado hace pocos días el juicio oral propiamente dicho, y luego de seis años de indagatorias y múltiples recursos de apelaciones, se incorporaron ante el juez de 41 Turno las declaraciones anticipadas que se hicieron en 2021, esto es, el juez de juicio que no estuvo presente cuando se tomaron las declaraciones anticipadas escucha durante el juicio toda la declaración con video y audio. Además, se incorporarán chats de conversaciones de whatsapp que deberán ser leídos ante el juez de juicio por parte de los policías que serán citados y que estuvieron en directa relación con la extracción de tales conversaciones de los celulares. A su vez, durante una gran parte de este año 2026 se espera una larga lista de testigos de la Fiscalía y de los abogados que defienden a los 10 imputados y peritos de parte, así como las psicólogas de las adolescentes denunciantes. El artículo por el que mayormente están acusados los 10 hombres enjuiciados es el 4to de la ley 17.815 que prevé una pena de 2 a 12 años de penitenciaría.