El Partido Independiente (PI) presentó este martes una demanda civil ante la Justicia en contra de la construcción de la represa Casupá por parte de OSE. En concreto, se solicita la imposición de una medida cautelar para disponer la suspensión inmediata de “toda actuación administrativa, contractual, financiera, presupuestal, licitatoria, expropiatoria o material” vinculada al proyecto de la empresa estatal, que tiene como propósito reforzar el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana.
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El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres.
Gastón Britos / FocoUyCaras y Caretas Diario
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Mieres señaló que la demanda presentada “no pretende que el juez determine si la represa es útil, conveniente, o si tiene capacidad para resolver el problema del agua potable”. Lo que se le pide a la Justicia es que “intervenga para evitar el incumplimiento de normas ambientales que están vigentes tanto en la Constitución como en la legislación vigente”. Con la aplicación de la medida cautelar, señaló, se procura interrumpir de forma inmediata “todas las actividades que se vienen realizando en torno a la construcción de la represa y que falle acogiendo estos mismos planteos”.
Interrumpir el avance de Casupá
“Esta demanda busca evitarle al país un grave daño y esperamos que efectivamente haya una medida cautelar que interrumpa el avance”, resaltó Mieres, y sostuvo que la “amplitud” de la convocatoria en torno a la medida del PI “está indicando mucho”. La demanda recibió la adhesión de legisladores nacionalistas y colorados, vecinos y productores de Casupá, la Federación Rural, la Asociación Rural de Florida, el Partido Constitucional Ambientalista y el Partido Ecologista Radical Intransigente, liderado por el exdiputado César Vega.
El 30 de junio, OSE lanzó la licitación pública internacional para la construcción de la represa de Casupá. En ese sentido, el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, dijo que hay “un proceso donde se está avanzando atropellando totalmente los procedimientos correspondientes que se deben y deberían haber realizado”. Al anunciar la demanda, el PI cuestionó que OSE haya puesto en marcha la licitación “cuando el Ministerio de Ambiente aún no ha resuelto la autorización ambiental previa, requisito indispensable para determinar la viabilidad del proyecto”.
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