Penadés está cada vez más embretado por sus "colaboradores"

La fiscal consideró un logro demostrar que dos policías y tres civiles colaboraron con Penadés para conocer a las víctimas. Los cinco condenados mediante juicio abreviado serán convocados como testigos en los juicios del exsenador Gustavo Penadés y del exdirector del Comcar, Carlos Tarocco, quien también colaboró con Penadés a cambio de la promesa del exsenador de que si lo ayudaba a identificar víctimas le daría una casa propiedad del Ministerio del Interior.

Según pudo conocer Caras y Caretas, de los chats entre ambos solo surge el agradecimiento del policía, pero aún no está probado que efectivamente se le haya entregado la casa. Consultada la abogada de las víctimas denunciantes de Gustavo Penadés, Soledad Suárez, acerca de si surge del expediente que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, haya dado su anuencia para la entrega de la casa propiedad del Ministerio que encabezaba hasta hace pocas semanas, Suárez se limitó a responder a Caras y Caretas que “la investigación sobre Tarocco continúa”.

Los testimonios de los cinco condenados en los próximos juicios de Penadés y Tarocco son claves para la Fiscalía y la defensa de las víctimas denunciantes, supo este medio, porque los cinco, mediante juicio abreviado, admitieron los hechos y, por tanto, los delitos cometidos que implican directamente al exsenador del Partido Nacional y al exjerarca policial.

Uno de los condenados, exfuncionario del Parlasur, Diego Cuiñas, fue definido por la fiscal Ghione como el ideólogo de la trama “para la que Penadés pagó”, dijo la fiscal. Para ello utilizó al exdirector del Comcar Carlos Tarocco, quien, según relató la fiscal, el objetivo era salvar al hombre o al amigo como rezaban los chats entre el exjerarca y el policía subalterno Federico Rodríguez. La fiscal Ghione definió la trama como estafa procesal porque, según la teoría de la defensa original de Penadés, el denunciante Jonathan Mastropierro habría reunido a las víctimas para combinar un argumento en común y denunciar y declarar en contra de Penadés.

En tanto, algunos operadores judiciales sostuvieron en diálogo con Caras y Caretas que un asunto es utilizar el aparato estatal para lograr el objetivo de identificar a las víctimas y otro asunto es la actividad que puede tener la defensa para tratar de contradecir a la fiscal. Agregaron que si la defensa no revela aspectos reservados de la carpeta fiscal, no se incurre en delito. La abogada de cinco de las víctimas denunciantes de Penadés, Soledad Suárez, quien representa a las víctimas en el Consultorio Jurídico de la Udelar, aseguró que los cinco hombres condenados este martes vía juicio abreviado cometieron los delitos imputados por la fiscal Ghione -cohecho en el caso de los funcionarios públicos, tráfico de influencias y asociación para delinquir-, pero en el marco de la violencia basada en género.

Ante la enérgica exposición, la jueza Marcela Vargas se mostró sorprendida y dijo que sería novedoso asociar esos delitos con la ley de violencia basada en género. De igual manera la jueza se avino al pedido de la defensa de las víctimas para que estas obtuvieran su reparación como establece el artículo 80 de la ley 19.580. Durante la audiencia se generó la primera discusión sobre si los tres delitos imputados a los cinco hombres que colaboraron con Penadés se podían ligar con la ley de violencia basada en género. Suárez hizo una exposición agradeciendo a los estudiantes que trabajan en el Consultorio Jurídico de la Udelar, quienes fueron los primeros en hacer ver que esos delitos se cometieron para identificar y amedrentar a las víctimas.

Uno de los abogados de los cinco condenados este martes dijo a Caras y Caretas que su cliente junto a los demás acordaron en la Fiscalía ser condenados por los delitos mencionados, pero la asociación de estos delitos con violencia de género “también me sorprendió”. La fiscal Ghione dijo estar de acuerdo con la defensa de las víctimas de Penadés, pero explicó que no incluyó en el acuerdo el delito de asistencia a la explotación sexual porque la pena aumentaba y, de ser así, no se iba a lograr el acuerdo alcanzado.

Durante la audiencia, tres de los cinco imputados rechazaron que se incluyera en el acuerdo que los tres delitos -cohecho, asociación para delinquir y tráfico de influencias- estén asociados con la ley de violencia basada en género. Sin embargo, ante la posibilidad expresada por el abogado Enrique Moller de apelar ese aspecto del acuerdo y concretar el resto del juicio abreviado tal como lo habían acordado en Fiscalía, la fiscal Ghione indicó que entonces pediría prisión preventiva mientras se resolvía la apelación. Los cinco condenados terminaron aceptando indemnizar a las víctimas. Según el artículo 80 de la ley basada en género, los condenados deberán pagar 12 sueldos como reparación del daño.

Según pudo conocer Caras y Caretas los delitos imputados a los cinco condenados no integran la ley de violencia basada en género y, por eso, en la audiencia hubo fuertes discrepancias, al tiempo que al incluir el artículo 80 de la ley n.° 19.580 los condenados deberán indemnizar a las víctimas, punto que no estaba previsto originalmente en el acuerdo con la fiscal Ghione. La abogada de Mujer Ahora, Marina Morelli, dijo que los delitos por los que fueron condenados este martes los colaboradores de Penadés “no están mencionados en el artículo 79 de la ley n.° 19.580. Acordar indemnización está muy bien para las víctimas pero invocar para ello esta normativa no está bien porque fue pensada para otros delitos y otras situaciones”.

Uno de los abogados de los condenados dijo a Caras y Caretas que “no nos oponemos a la reparación de víctimas pero me quedan muchas dudas de si los delitos por los cuales se condenó a los cinco hombres pueden ser ligado a la reparación dispuesta por la ley de violencia de género. Esos delitos no están previstos en la ley para que se puedan incluir en esa reparación y esto abre la posibilidad de que cualquier delito genere reparar a la víctima como lo dispone la ley de violencia basada en género”. Otro de los consultados indicó que “los delitos imputados a los condenados de este martes no tienen connotación de género”.

Los abogados explicaron a la jueza Marcela Vargas durante la audiencia que los cinco condenados tenían el objetivo de terminar con la situación. Finalmente, tras el debate, los cinco colaboradores aceptaron que se aplique el artículo 80 de la normativa que establece la reparación económica a víctimas de violencia de género.

Por otra parte, uno de los cinco hombres que tuvo el rol de prestar su local deportivo para las reuniones de los colaboradores de Penades, ante la pregunta de la jueza Marcela Vargas sobre si estaba consciente del acuerdo y si sabía que el juicio abreviado le impedía ir a juicio oral, el hombre de iniciales M. G. respondió que conocía todo pero solo quería agregar un detalle: que él solo había prestado su local para reuniones que no había presenciado y que desconocía que las reuniones eran para identificar personas. Ante el detalle relatado, la jueza Vargas reaccionó y enmudeció a la sala. Dijo que si el condenado desconocía el objetivo de las reuniones y tampoco había participado, entonces no podía llegar a ese acuerdo. La caída eventual del juicio abreviado provocaba que la fiscal solicitara la medida cautelar de prisión preventiva. Por tanto, en un lapso de un minuto y medio el hombre condenado expresó a la jueza que admitía los hechos imputados. Fuentes de Caras y Caretas indicaron que si bien los condenados se reunieron para tratar de identificar víctimas, no surge de las pruebas recabadas por la fiscal que haya habido efectivamente amedrentamientos a los denunciantes.