La investigación surgió a raíz de noticias que había difundido el periodista en relación al sistema El Guardián y a otras apreciaciones realizadas por Preve. De acuerdo a lo informado por el mencionado periodista en su cuenta de la red social X, el ministro Nicolás Martinelli estaba en conocimiento de la investigación desde el pasado 9 de noviembre de 2023.
Preve había informado en el mes de octubre que dos oficiales de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Policía ingresaron irregularmente al sistema de interceptación de comunicaciones El Guardián. Allí copiaron escuchas de la investigación que desarrolla Fiscalía sobre el asesinato en la dictadura de Cecilia Fontana de Heber, madre del exministro del Interior y actual senador herrerista, Luis Alberto Heber.
Repercusiones del periodismo
La noticia ha despertado la reacción de diversos actores políticos, sociales y periodistas. La APU emitió un comunicado en solidaridad con Eduardo Preve y solicitaron una reunión con el ministro del Interior. En su declaración expresaron su “más enfática condena a las acciones de vigilancia y espionaje realizadas por funcionarios del Ministerio del Interior en perjuicio del periodista Eduardo Preve”. A su vez, indicaron que “el seguimiento, la pesquisa, el espionaje o cualquier otra forma de presión o intento de amedrentamiento a un trabajador de los medios de comunicación, es no solo una afrenta grave a la libertad de expresión sino un peligrosísimo síntoma de debilitamiento de valores democráticos fundamentales”.
Lo bochornoso del caso fue tan evidente que hasta el actual director de Secan (Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional), Gerardo Sotelo, tuvo que expresarse en relación al escándalo. “Las pesquisas secretas pueden ser justificadas en ciertos casos (seguridad nacional, protección de testigos, investigaciones complejas, filtración de información reservada, etc.), pero plantean desafíos en términos de transparencia y derechos individuales” escribió Sotelo en sus redes sociales.
El periodista Gerardo Sotelo, integrante de la coalición de gobierno, dijo que su planteo no significaba que las “autoridades no puedan investigar las redes sociales de un periodista, sino que deben equilibrar su legalidad, necesidad y proporcionalidad”, explicó.
Y fue categórico al destacar que “aun tratándose de procedimientos legítimos y de información de dominio público, tales acciones pueden encerrar una amenaza a la libertad de expresión”.
Esta situación también ha despertado la reacción del Frente Amplio. Legisladores de la coalición de izquierda plantearon convocar al ministro del Interior al Parlamento para analizar la denuncia expresada por Eduardo Preve.
Por otra parte, desde el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública hubo expresiones y anunciaron que llevarían este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El especialista Fabián Werner dijo a M24 que esta situación denunciada “obviamente tiene un efecto inhibitorio sobre el periodismo”. Y agregó: “Si esto le ha pasado a alguien que tiene una columna diaria en una radio de alcance nacional con el impacto que tienen las revelaciones que hace, qué puede pasar con un periodista de un medio local, fuera de Montevideo, que a veces solo tiene ese trabajo, qué podemos esperar si ese periodista se entera de un caso de corrupción policial en el departamento donde vive. Lo más probable es que lo piense dos veces”, señaló Werner.
Fiscalía no autorizó la investigación policial contra el periodista ni pesquisas a los teléfonos celulares.
El día martes,Eduardo Preve amplió la información dada a conocer en una primera instancia por el periodista, y que fuera informada por Caras y Caretas.
Preve expresó que la documentación revela datos personales del periodista, que incluyen a su familia e hijos. Dijo sentirse impactado desde el punto de vista personal por el hecho de que figure la dirección donde viven sus hijos pequeños y una fotografía junto a su padre. Desde su punto de vista “no existen garantías para el ciudadano”.
De las cosas más graves que surgieron de las revelaciones es la que Fiscalía “no autorizó a investigar las fuentes del periodista ni al periodista, esto dicho por la fiscalía de (Silvia) Porteiro”.
Fiscalía ratificó lo informado, el Ministerio Público no había autorizado la interceptación de las comunicaciones del periodista. La razón es muy sencilla, para “Fiscalía, si no hay una investigación penal, recopilar esa información sobre el periodista no parece ser procedente”, contó el periodista.
A su vez, dijo que si bien Fiscalía se encuentra investigando las filtraciones y acceso irregular al sistema El Guardián, en el marco de la denuncia que involucra a policías, Preve expresó que se le había informado que “en ningún momento se ordenó investigar fuentes del periodista y la investigación fiscal” no lo abarca.
Llamativamente, el Ministerio del Interior estaría investigando las fuentes del periodista, pero no al periodista. De acuerdo a un nuevo comunicado de APU, esto le fue comunicado por el ministro Martinelli en una reunión mantenida con el sindicato. Como se puede observar, la información que se tiene hasta el momento es que Fiscalía no había autorizado ninguna investigación en relación al periodista y fuente. Habrá que preguntarse, entonces, cómo se está manejando El Guardián, qué papel juegan las empresas telefónicas, y si las autoridades están dispuestas a que se audite el sistema de vigilancia. Tal vez se encuentren más sorpresas de las esperadas.
Además, debe tenerse presente que ésta, es solo una dimensión de la inteligencia, que es la estatal. Es apenas una arista del problema democrático que se evidenció con este caso. La inteligencia estatal, sus agencias son las más reguladas, pero no son infalibles a prácticas ilegales, como ha quedado demostrado a lo largo de la historia, con documentación que evidenció el espionaje en democracia sobre actores sociales, partidos políticos, personalidades y profesionales.
Pero ¿qué pasa con las agencias extranjeras o las agencias de inteligencia privadas que operan en Uruguay?, ¿quién las regula o quién las controla? ¿Para quiénes trabajan algunas de ellas?
Hace poco tiempo se supo, a raíz del caso Astesiano, que una empresa privada se encontraba realizando tareas de inteligencia sobre legisladores de la oposición. ¿Quién puede asegurar que no se hayan hecho más acciones ilegales o que no se sigan haciendo? A esta altura, nadie. El Gobierno y la sociedad toda deben condenar cualquier intento por menoscabar la libertad de expresión, y mucho más cuando estos intentos pretenden imponerse desde agencias estatales con acciones de inteligencia.
