Piden sobreseimiento de Cendoya

El fiscal Diego Pérez acusó al exjerarca de tres delitos de abuso de funciones: el primero por reunirse con el exsecretario del organismo, Óscar Mecol, y por su reunión con Gustavo Sorrentino, un funcionario subordinado a Cendoya. Pérez también acusa a Cendoya por el caso radio Palmitas, donde se registró una devolución de equipos incautados por inspectores de Ursec por orden de Cendoya. Se devolvieron los equipos incautados por orden del directorio, más precisamente por orden del expresidente de la Ursec Gabriel Lombide y Cendoya. El tercer delito de abuso de funciones que acusa el fiscal Pérez es el referido a Radio Bemba FM. El juez Islas deberá dirimir sobre el pedido de sobreseimiento antes de que resuelva en primera instancia la acusación fiscal.

El origen del asunto

El pedido de sobreseimiento se basa en varios puntos. En principio se subraya que Nicolás Cendoya nunca le ordenó a Gustavo Sorrentino destruir documentación de la Ursec. Sorrentino concurrió a la Ursec el día lunes 1º de junio de 2020 por decisión personal y sin acordar con Cendoya y allí trituró papeles de su oficina que la presidenta del organismo llevó en una bolsa de nailon a la Fiscalía y que hasta ahora no se pudieron recostruir. Al día siguiente, el exdirector de la Ursec supo sin detalles que algo había sucedido con el ingreso de Sorrentino al organismo. También supo que la presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía, estaba investigando su entrada a la Ursec y la trituración de papeles de su oficina. La investigación personal de Aramendía es calificada por la defensa de Cendoya como una pesquisa. En el pedido de sobreseimiento se indica que la investigación se inició por su cuenta, sin informar al resto del directorio.

El miércoles 3 de junio, el director del organismo se enteró a mediodía por la prensa que Aramendía había presentado ese mismo día una denuncia penal en representación de la Ursec. Luego de presentada la denuncia, la jerarca convocó a un directorio extraordinario para el mismo día, 3 de junio. Ante esto, Cendoya se negó porque había una sesión fijada para el día siguiente. Según el reglamento de funcionamiento de la Ursec, los directorios extraordinarios deben convocarse con 48 horas de antelación. Es así que Cendoya se reunió con Mecol y luego con Sorrentino para informarse de los hechos previo al directorio del jueves 4 “en cumplimiento de su deber como director, pues Aramendia no había informado sobre su denuncia”, indica el pedido de sobreseimiento. Sin embargo, el jueves, cuando se reunió el directorio, Cendoya convalidó la denuncia penal y el inicio de una investigación administrativa, “pese a que la investigación de Aramendía había sido una pesquisa secreta”, indica el escrito.

De las radios comunitarias

La radiodifusión comunitaria es una actividad que no persigue un fin de lucro y las radios comunitarias no son centros de poder ni de intereses comerciales. Sin embargo, pese al nuevo marco regulatorio, los inspectores de la Ursec “siempre vieron a las radios comunitarias como ilegales y siguieron actuando con una impronta represiva”. Uno de los inspectores de la Ursec, José Luis Athaides, militante del Partido Nacional, “mezclaba política y trabajo”, describe el pedido de sobreseimiento. Además, en julio de 2020, el director de Energía Guzmán Acosta y Lara (militante histórico del Partido Colorado), en su calidad de director nacional de

Telecomunicaciones, sugirió a la Ursec que realizara una investigación administrativa sobre radio Palmitas.

Incautación de equipos

Seis años antes, en 2014, Cendoya advirtió que no se podía autorizar la frecuencia de esta radio comunitaria porque regía veda electoral a la fecha del trámite de regularización. La veda electoral regía para esta actividad hasta el 26 de abril de 2015 y por ello la finalización del trámite ocurrió el 6 de julio de 2015. Por eso Cendoya instruyó al gerente de Ingeniería de Telecomunicaciones Leslie Green a no inspeccionar radio Palmitas hasta que el Ministerio de Energía solucionara su regularización de modo de no causar daño ilegítimo. Sin embargo, Green no transmitió la orden a los inspectores y el 25 de febrero de 2015 los funcionarios Abascal y Athaides inspeccionaron radio Palmitas e incautaron los equipos.

Ese mismo día, Lombide y Cendoya, por resolución de directorio, ordenaron devolver los equipos incautados a la radio comunitaria, cumpliendo con la Ley 18.232 que imponía a las autoridades de la Ursec promover y proteger la radiodifusión comunitaria. En Palmitas no había otra radio. El pedido de sobreseimiento subraya que “la incautación no tenía sentido: la Ursec asumiría la custodia de equipos que serían devueltos a los dos meses” (lo único que quedaba pendiente en el trámite de regularización era la firma del Poder Ejecutivo, que tendría lugar al levantarse la veda). El pedido de sobreseimiento indica que “con la decisión de devolver los equipos, el directorio buscó evitar causar un daño ilegítimo a una radio comunitaria que había cumplido con todos los requisitos de regularización”.

Radio Bemba

Luego de la aprobación de la Ley 18.232 de radios comunitarias, Radio Bemba completó su proceso de regularización. El 25 de setiembre de 2018 se realizó la primera inspección en la que actuó otra vez el funcionario Athaides. Constataron que la radio estaba transmitiendo con una potencia superior a la permitida y que no había presentado el proyecto técnico. En diciembre de ese año realizaron una nueva inspección y otorgaron un plazo de 24 horas para regularizar la situación. Al mismo tiempo, existían interferencias de radios argentinas que invadían el espectro radioeléctrico de Uruguay e impedían a las radios uruguayas transmitir con normalidad. A raíz del exceso de potencia constatado, el jefe de Contralor Abascal se reunió con Cendoya, quien conoció por primera vez la existencia de la radio comunitaria Radio Bemba”. Ambos entendieron que la mejor solución era que Radio Bemba iniciara el trámite de aumento de potencia para evitar las interferencias de radios clandestinas extranjeras. Tras la reunión y por orden de Cendoya, el jefe de Contralor debía proceder en dos sentidos: consultar al Departamento de Radiodifusión si un aumento de potencia afectaría a terceros o causaría problemas para la frontera con Argentina y, en segundo lugar, consultar si la responsable de la radio comunitaria estaba legitimada para iniciar el trámite de aumento de potencia. Cendoya no supo más de Radio Bemba y de su potencia hasta el 19 de octubre de 2020, fecha en que el funcionario (militante del Partido Nacional) declaró sobre el tema ante el fiscal Diego Pérez y hasta que este no lo formalizara con base en la declaración del funcionario militante.