Política y religión: el voto que el alma pronuncia

Sobre este proceso de eclosión de la religión en las diferentes esferas de la vida pública de las sociedades latinoamericanas, disertó días atrás el sociólogo y antropólogo argentino Pablo Semán, quien visitó Uruguay para brindar una la charla sobre “Religión y política en América Latina” que tuvo lugar el 15 de agosto, además de facilitar el taller “Religión, política y clases populares” los días 16 y 17 de agosto en Espacio VAR, organizado por Siembra, el Observatorio del Sur y Fe en la Resistencia.

El experto explicó que en los últimos 30 años América Latina viene experimentando un proceso de secularización -pasaje de la esfera religiosa la vida civil- donde Brasil es el caso más emblemático de politización evangélica, con un movimiento que ejerció una influencia significativa en el resultado electoral que colocó a Jair Bolsonaro en el poder.

Semán también recordó que, si bien el catolicismo fue la primera corriente religiosa que ejerció influencia sobre la política, con el paso de los años otros grupos fueron ganando terreno, como los evangélicos, sobre todo pentecostales y neo pentecostales. Esto sucedió en parte, sostuvo el experto, porque el catolicismo, a nivel de las élites religiosas, se diversificó mucho y dejó de tener una visión homogénea sobre los distintos temas. Debido a esta falta de homogeneidad, dijo el antropólogo, el catolicismo no cuenta con “agilidad para moverse políticamente”.

También remarcó que en América Latina no existen aún electorados religiosos, es decir, no sucede que cierto grupo religioso vota en bloque a determinado partido político. Para ejemplificar esta afirmación, señaló que, incluso en Brasil, los evangelistas no siempre votaron a Bolsonaro, sino que en ocasiones anteriores optaron por Luiz Inácio Lula da Silva.

Otro cambio que se fue dando en los últimos 60 años en las sociedades latinoamericanas, apuntó Semán, es que entre 10% y 60% de la población religiosa dejó de ser católica para ser evangélica. Para el sociólogo esto se explica, en parte, porque “la misma lentitud que tiene el catolicismo para operar en la espera política la tienen en el campo religioso”.

Para Semán, los grupos evangélicos crecen a gran velocidad por varias razones, por ejemplo, porque generan líderes que “culturalmente sintonizan mejor con la gente con la que se vinculan que los católicos”, debido a la diciplina que tienen estos últimos: viven aislados, no se casan, etc. Además, agregó, “tienen una logística más rápida”. En tal sentido, citó como ejemplo que el catolicismo demora 7 años para formar a un sacerdote, mientras que en ese tiempo el evangelismo es capaz de formar 1.500 pastores evangélicos pentecostales.

También suele decirse que el éxito de las iglesias evangélicas tiene que ver con que estas llegan a donde el Estado no, teoría que Semán compartió al decir que estas instituciones “nacen donde no hay nadie”, en las periferias de las ciudades, generando redes de sociabilidad con los sectores populares y las clases medias y bajas. Por tal motivo, dijo el experto, en algunos países de la región, estas iglesias “se convierten en plataformas para la articulación de políticas sociales de los ministerios”. Explicó que esta tendencia se ve menos en Uruguay debido a que no tiene los niveles de pobreza estructural que tienen otros países de la región.

Entrevistado en TV Ciudad, Semán profundizó en los motivos por los cuales las iglesias evangélicas se expanden en sectores populares y en clases medias y bajas. A su entender, tiene que ver con que “el catolicismo no escucha, no tiene propuesta religiosa para la gente que quiere creer en dios, y cuando la tiene, no tiene la legitimidad para llevarla adelante”. Y añadió: “Ustedes tienen que pensar que en 100 años el catolicismo, en algunos países de América Latina, perdió 50% de sus fieles. Eso le da a los evangélicos incidencia en temas políticos y culturales, actualmente en la agenda de derechos es un freno inhibitorio para esa agenda”.

Con respecto a la incidencia de grupos religiosos en la esfera política, señaló que se puede observar, por ejemplo, en los procesos de sanción de leyes correspondientes a la agenda de derechos [derechos vinculados a las mujeres, a la salud sexual y reproductiva y a la diversidad] que emergió en las últimas décadas. Según Semán, los evangélicos suelen liderar las reacciones contra la agenda de derechos debido a que el catolicismo está invalidado para pronunciarse sobre estos temas debido a su propia historia de pedofilia y delitos sexuales.

A su vez, esta agenda de derechos es, mayoritariamente, promovida por los gobiernos de izquierda, lo que lleva a un proceso donde estos grupos religiosos comienzan a incidir en el debate político.

Y por casa cómo andamos

Este tipo de procesos de secularización, aseguró Semán, encuentra en Uruguay “el caso más excepcional de la región”, ya que, aunque en menor escala, y a pesar de que tiempo atrás se pensaba que “era imposible que suceda”, sigue la tendencia de otros países de la región. En tal sentido, el sociólogo afirmó que en Uruguay se viene observado “un borramiento de la frontera entre religión y espacio público” y que este proceso “viene desde hace mucho tiempo” con la construcción de la laicidad, que derivó en la privatización de la religión.

No obstante, aclaró que esta tendencia no se presenta en la política de la misma forma que Brasil, ya que, en Uruguay, si bien existen intereses políticos por parte de grupos religiosos, todavía no está comprobado que tengan el tipo de influencia electoral que se registró en el país vecino. “Sabemos que miles de evangélicos se pronuncian por la derecha, pero no está demostrado que los creyentes evangélicos sigan las orientaciones políticas de sus líderes, más bien es lo contrario: “La experiencia es que líderes evangélicos especulan y hacen negocios políticos sobre la base de un caudal que después no necesariamente cumplen”.

Laicos e indiferentes

El artículo cinco de nuestra Constitución reza “todos los cultos religiosos son libres en Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose solo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas religiones”.

Quizás hacia fines del siglo XX esa libertad de culto no era un problema para la agenda política uruguaya; conocidas eran las manifestaciones de varias iglesias evangélicas que impulsaban el voto en blanco en las elecciones nacionales y la mayor preocupación para la sociedad era su empecinada fe que cuestionaba y prohibía a sus fieles, por ejemplo, realizarse transfusiones de sangre.

El diezmo o las ofrendas tampoco parecían ser asuntos que el Estado debiera controlar; después de todo, si el creyente destinaba un jornal o su sueldo entero al templo, era una libre manifestación de sus creencias. Si aparecía alguna denuncia de personas discapacitadas que entregaban toda su pensión a las autoridades del templo, seguramente estas la administraban en cristiana piedad y beneficio para todas las partes. Por otro lado, los pastores de estas iglesias evangélicas eran, en general, gente de clase media, con un estilo de vida acorde a muchas de las monumentales obras edilicias de sus templos.

¿Por qué el Estado debía hacer a un lado lo consagrado en su artículo cinco de la Constitución, si en su momento, sobre el segundo gobierno de Sanguinetti, la sociedad uruguaya se podía beneficiar, por ejemplo, del dinero que ingresaría a las arcas públicas por los emprendimientos realizados por la secta Moon?

Lo cierto es que, paulatinamente, la presencia de distintas iglesias evangélicas fue ganando espacios en los grandes medios de comunicación, con la compra de muchas estaciones radiales. A la presencia territorial se sumaba una masiva presencia en programas televisivos, espacios radiales, una importante inversión inmobiliaria y la frutilla de la torta: la incursión en la política nacional.

El fundamento para aterrizar en la esfera política, para quienes siempre se habían mantenido al margen con un discurso apolítico, fue la aprobación de la agenda de derechos, fundamentalmente la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el reconocimiento de derechos a la población LGBTI.

En diálogo con Caras y Caretas, Nicolás Iglesias Schneider, experto en temas de religión en Uruguay, expresó que uno de los problemas del Estado uruguayo es que no hay un grupo de expertos ni un instituto que trabaje los temas del fenómeno religioso. Lo actuado por la pequeña oficina dentro del Ministerio de Educación y Cultura se dedica a un simple registro de entidades que solicitan la personería jurídica.

Diezmos rendidores

La Secretaria Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) incluyó a las organizaciones sin fines de lucro en sus controles.

Las advertencias de que organizaciones religiosas, deportivas, culturales, sociales podían estar siendo utilizadas como pantallas del narcotráfico ameritó la solicitud de los estados financieros y en el tema específico de las organizaciones religiosas, los números son escandalosos, si se piensa que esas abultadas sumas de dinero, el lucro conseguido, es en buena parte gracias a un Estado que parece no haber entendido el concepto de laicidad.

Entre las primeras diez organizaciones religiosas figura en primer lugar, y bastante despegada del resto, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) con ingresos anuales declarados por US$ 30.551 y un activo de US$ 37.267.944.

Las enormes sumas se explican no solo por el aporte de los fieles en diezmos y ofrendas, algunos de importante poder adquisitivo o reconocimiento público (como el fallecido inspector de Policía Julio Guarteche), sino por las transferencias de fondos desde la casa matriz en Estados Unidos.

Sería un síntoma de salud que el sistema político se preguntara si esas transferencias monetarias, que habilitan importantes inversiones inmobiliarias en el país, deberían seguir estando libre de impuestos.

En séptimo lugar figura la Iglesia Católica Apostólica Romana-Arquidiócesis, con unos ingresos declarados de US$ 1.983.691 y activos de US$ 34.896.561.

En décimo lugar de un total de 30 organizaciones religiosas que presentaron declaración, figura la iglesia del Pastor Jorge Márquez -Iglesia Pentescostal Dios es Amor- y el diputado nacionalista Álvaro Datusgue, con unos ingresos declarados de US$ 1.834.711 y un activo de US$ 2.370.984. En el caso de esta última entidad religiosa, la cuestión es importante por participar en forma activa en la política partidaria.

Con respecto a las cifras mencionadas, Iglesias Schneider opinó que da la sensación de que los montos de dinero están subdeclarados.

A través de la ONG Esalcu, perteneciente a la Iglesia Misión Vida el pastor Márquez, suegro de Dastugue, declara tener cerca de 60 hogares con emprendimientos productivos en las ramas metalúrgicas, oficios agrícolas y de productos de limpieza, más una comunidad religiosa de unos 15.000 feligreses; a simple vista, si esos son los ingresos declarados, hay unos egresos que no figuran y podrían explicar los bajos ingresos.

Un egreso interesante a conocer sería el realizado en las campañas electorales.

Un ex integrante de la iglesia, en entrevista con la diaria, narraba: “La ONG Esalcu o Beraca es una empresa cristiana, que tiene trabajadores en negro, y que producen insumos –carpintería, panadería, herrería– para el ‘sustento’ de los hogares. Aquellos que estuvimos tiempo allí sabemos que no hay una relación entre lo que se produce y lo que se come, porque hay mucha plata que va para la iglesia, digamos para Márquez”. Estas declaraciones pertenecen a Juan, un exinterno que ingresó a estos hogares por consumo problemático de drogas y permaneció allí durante seis años.

Con respecto al esquema empresarial de uno de los hogares, Juan declaró: “Por ejemplo, salíamos a la calle a vender paños de piso. Salía un equipo y facturaba 10.000 pesos por día, quedaban 5.000 de ganancia por grupo, y salían tres grupos. En ese hogar, en total, ganábamos 15.000 pesos, pero los internos no usamos dinero”. Del total recaudado, sostuvo, “había que apartar 50% de costos, una parte de la ganancia para el hogar y el diezmo para la iglesia, que en este caso es 20% de todo lo que facturaran el hogar y las personas. Por ejemplo, de una changa, un corte de pasto, un trabajo de cualquier tipo, iba 20% para arriba, para Márquez y Álvaro”.

En el mundo de lo político, es importante recordar que Márquez y el diputado Álvaro Dastugue, en su momento articulados con el empresario Juan Sartori, dejaron de lado diferencias morales y también la alianza con la senadora Verónica Alonso. Ese acuerdo había permitido, en 2014, la diputación de Dastugue, el primer pastor neo pentecostal en el Parlamento uruguayo y que ahora repite legislación por segundo período.

La duda que cada tanto incomoda a la clase política uruguaya es si en este panorama de poder político y económico de algunas organizaciones religiosas, tiene sentido la aplicación a rajatabla del artículo cinco de la Constitución.