Tras la denuncia, la Fiscalía de Adolescentes de Segundo Turno obtuvo la formalización de la investigación contra las tres jóvenes por dos infracciones tipificadas como delitos de lesiones personales y otra de violencia privada. Dispuso como medida cautelar su internación en dependencias del Inisa durante 30 días.
Organizaciones se pronuncian
El pronunciamiento de las organizaciones, entre las que se cuentan Abriendo Puertas de la Red de Mujeres Rurales de Maldonado, Abogadas de Mujeres, Infancias y Disidencias, El Abrojo, El Paso, cuestiona especialmente la rapidez de la respuesta judicial frente a este caso, en contraste con las demoras que suelen enfrentar mujeres, niñas, niños y adolescentes que denuncian situaciones de violencia sexual y de género. "¿Dónde está la urgencia cuando quienes denuncian son mujeres, niñas y adolescentes sin poder político, exposición mediática ni capacidad de instalar sus demandas en la agenda pública?", plantea.
Sin desconocer la gravedad de los hechos denunciados ni el derecho de Ripoll y su hija a recibir protección y reparación, el documento sostiene que las tres adolescentes también conservan sus derechos a la intimidad, la dignidad y un proceso con garantías. En ese sentido, cuestiona la exposición pública de las jóvenes y la difusión de imágenes del episodio por parte de la dirigente nacionalista.
"Cuando quien expone es una figura pública, la responsabilidad es mayor por su capacidad de instalar discursos y movilizar a la opinión pública", señala el texto. También advierte que la difusión de imágenes y la exhibición reiterada de las lesiones contribuyeron a construir una narrativa de rechazo social hacia adolescentes que se encuentran bajo la responsabilidad del Estado.
Era el último recurso
Otro de los cuestionamientos apunta a la decisión de privarlas de libertad durante 30 días. El documento recuerda que el artículo 76 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la privación de libertad debe utilizarse como último recurso y durante el período más breve que proceda. A juicio de quienes suscriben el pronunciamiento, la medida tiene un carácter desproporcionado y no contempla las circunstancias de vulnerabilidad que atraviesan las jóvenes.
"Su único efecto es retribuir el daño y dar una lección", afirma, y advierte sobre el riesgo de que la respuesta institucional termine reforzando la estigmatización en lugar de atender las causas de fondo.
El documento también pone el foco en las condiciones de funcionamiento del sistema de protección del INAU. Para fundamentar sus cuestionamientos, recoge cifras oficiales y datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
A marzo de 2025, había 7.835 niñas, niños y adolescentes bajo el sistema de protección, de los cuales 3.224 vivían en centros de atención de 24 horas. El informe del organismo de derechos humanos identificó problemas de sobrecupo en el 40% de los establecimientos relevados, donde se registraron situaciones de personas durmiendo en colchones en el piso, sillones y espacios comunes.
En materia de salud mental, se documentaron 190 intentos de autoeliminación durante el último año y una espera promedio de nueve meses para acceder a un centro especializado, con situaciones que superaban los 18 meses.
El relevamiento también advirtió sobre la explotación sexual: el 35% de los centros registró ingresos motivados por esa problemática y el 39% manifestó sospechas de que adolescentes residentes habían tenido vínculos con situaciones de explotación o trata. A su vez, el 73% de los establecimientos registró salidas no acordadas durante los seis meses anteriores.
Problemas estructurales
Para las organizaciones, estos datos evidencian problemas estructurales que el Estado conoce desde hace años y que no ha logrado resolver. Detrás de muchas de estas trayectorias, señala, existen historias de abandono, violencia, pobreza y vulneración de derechos que requieren respuestas profesionales y sostenidas.
El pronunciamiento concluye con una advertencia sobre las responsabilidades del Estado y el tratamiento público del caso: "El encierro por 30 días llegó antes que la protección que sus trayectorias de vida reclaman". Y agrega: "Las vidas de estas adolescentes importan. Sus derechos importan".
