Pablo Siris señaló que el proyecto original estaba "casi absolutamente despojado de derechos y garantías", eliminando protecciones como el horario de protección al menor, la no discriminación por razones de sexo o género, y la inclusión del lenguaje de señas. También se eliminaban garantías esenciales para los periodistas, como la protección contra la edición no consentida de sus notas.
Buquet por su parte, destacó que el proyecto de ley parece estar diseñado a medida de los grandes grupos económicos propietarios de los canales de televisión de Montevideo y empresas de cable. Esto permitiría una mayor concentración de medios, lo cual contraviene los estándares internacionales que promueven la diversidad y pluralidad de voces en los medios de comunicación.
El proyecto también permitiría la extranjerización de licencias de cable, aunque no de licencias de transmisión. Sin embargo, las empresas nacionales con licencias de cable podrían venderlas a extranjeros, abriendo la puerta a una mayor influencia extranjera en el sector de medios.
Siris y Buquet señalaron la eliminación de mecanismos de participación democrática y control popular, como la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual y las audiencias públicas. Esto centraliza el poder en el gobierno y reduce la transparencia en la concesión de licencias.
Siris expresó preocupación por la posibilidad que la ley brinda a medios de comunicación y otras entidades privadas de ofrecer servicios de Internet. En un país con una cobertura de Internet del 98%, esto podría perjudicar a la empresa estatal que actualmente presta estos servicios, al permitir que los privados capten sus clientes utilizando su infraestructura.
Embed - Pasaron cosas 01 de agosto 2024
