¿ Que motiva a los Blancos que se definen nacionalistas a inmiscuirse en conflictos fuera de fronteras? ; ¿Cuáles son los compromisos de agenda de fundaciones internacionales que miembros del Partido Nacional deben cumplir involucrándose en conflictos fuera de fronteras?; ¿es solo una cuestión de afinidades ideológicas o también es una oportunidad de financiamiento?; ¿todo vale a la hora de habilitar la participación política de “refugiados” en Uruguay?
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El nuevo paradigma legislativo en torno al tema de los migrantes en Uruguay establece otorgarles todos los derechos que ejercen los ciudadanos uruguayos, incluida la participación política.
Sin embargo, en épocas donde la crispación se ha convertido en parte de la metodología de ciertas prácticas de grupos políticos, sumar huestes bajo la lógica de “tu lucha es nuestra lucha” debería por lo menos llamar a la cautela.
Y aunque ciertos sectores del Partido Nacional se han puesto ciertas causas al hombro, la mirada debería ser de todo el sistema político, porque estas prácticas no solo condicionan en algunos casos la política exterior de Uruguay como nación, sino que pueden llegar a condicionar las definiciones electorales y, por lo tanto, políticas del país.
Por ejemplo, si el objetivo final del exiliado es el retorno a su patria, no parece ser buena cosa que definiera las contiendas políticas internas del país que por algún tiempo fue su refugio, para más temprano que tarde volverse. Pero, atado a esto, en un sistema político que no logra transparentar su financiamiento de campañas electorales y actividades políticas, la cautela y la atención debe ser mayor.
Herederos de Jaime Trobo
El exdiputado herrerista ya fallecido, Jaime Trobo, fue la punta de lanza en el conflicto cubano; no actuaba aisladamente, claro, y en aquel entonces era miembro de la oposición política en el Uruguay.
Contaba con el apoyo no solo de su colectividad política y sectores del Partido Colorado, sino (y fundamentalmente) con los instrumentos mediáticos y financieros de fundaciones y organizaciones internacionales con base en Miami, Estados Unidos.
Un elemento que hay que tomar en cuenta es que, en el conflicto cubano, entre quienes se definen como “exiliados” políticos, categoría totalmente distinta de los cubanos que migraron tras mejores condiciones de ingresos económicos, el denominador común desde Montevideo a Miami, pasando por La Habana y haciendo ahora punto focal en Kiev, es la pertenencia política a sectores de derecha y de ultraderecha.
Para expresarlo en términos políticos partidarios, las alianzas van desde el herrerismo, pasando por Vox en España hasta el partido de gobierno de derecha y extrema derecha en Ucrania, Unión Panucraniana "Svoboda".
El gobierno de Lacalle Pou asumió pisando fuerte en el conflicto cubano y operó como una suerte de luz verde para que integrantes del autodenominado “exilio cubano” encontraran, vía dirigentes del herrerismo, posiciones de privilegio con respecto a sus pares en territorio uruguayo.
En el entorno de la senadora Gloria Rodríguez ofició como asistente la ciudadana cubana Leydis Aguilera Cuello, nombrada en la actual administración del MIDES como directora de la División de Promoción de Políticas Públicas para afrodescendientes y actualmente lidera la agrupación de la lista 71 “Tiempo de avanzar”, integrada por ciudadanos cubanos, rusos, venezolanos y algunos naturalizados uruguayos.
En junio de este año fue su lanzamiento, donde el presidente del herrerismo, el ministro del Interior Luis A. Heber, realizó una expresión más que preocupante (tomando en cuenta los antecedentes del caso Astesiano y Marset): “Yo estoy en el Ministerio del Interior y soy el que hago los pasaportes... cuidado, eh”. Luego de una carcajada, reconoció que “con gusto” dará los pasaportes para que “puedan tener la oportunidad de ir a visitar a sus familias y volver”.
Sin dudas, el dirigente más activo es el diputado nacionalista y herrerista pero que milita en filas del senador Juan Sartori, Martín Elgue.
Desde su agrupación “Ni me callo, ni me voy” lleva adelante una intensa actividad con los “autoexiliados cubanos” organizados en el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, con base fundamentalmente en el departamento de Colonia, y la Asociación Cubanos Libres en Uruguay.
Elgue, por su actividad, ha recibido el reconocimiento de la encargada de asuntos para América Latina, perteneciente al partido ultraderechista español Vox, la Dra. María Herrera (el apellido es una mera coincidencia).
Elgue también viene oficiando de perno entre las organizaciones de derecha y extrema derecha cubana con sus pares en Ucrania; tanta dedicación en aras de un ideal llama un poco la atención, aunque en los tiempos que corren da algo de rédito político.
También han sumado su activismo militante la dirigente juvenil Pilar Simón y el diputado Javier Radiccioni.
El diputado Blanco Martín Elgue en Colonia con activistas del CUPDC
Algo más que manifestarse
Elgue ha sostenido, en una intervención en el parlamento, que “aquí los cubanos libres pudieron hacer lo que no se le permite en Cuba, que es manifestarse libremente”.
Observando un poco más de cerca la “comunidad de exiliados”, se aprecia que han podido hacer algo más que manifestarse.
Ya mencionamos a la directora del MIDES Leydis Cuello, pero hay otras “prebendas” a las que parece que han logrado acceder.
Sonia Felipe integra el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba y tuvo su momento mediático por ser invitada por algunos medios a realizar críticas por sus expresiones (se ve que la libertad de expresión está flechada) a la senadora Sandra Lazo y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.
La falta de rigurosidad de los colegas de comunicación no los llevó a confirmar por qué motivos ella está vetada de volver a Cuba, como ella misma denuncia, ni a concluir que su verdadero nombre es Sonia Quintanilla Rodríguez, activista que tuvo que cambiar su nombre real por realizar amenazas y mensajes que podrían ser tipificados por el delito de odio en las redes.
Sonia Quintanilla es tesorera de la cooperativa de vivienda en trámite en la Agencia Nacional de Vivienda, “Nueva Esperanza 2020”, a la que se estaría por adjudicar un padrón en la calle Pedro Cosio y Camino Carrasco, pero que no está integrada ni a Fucvam ni a Covipro, tradicionales referentes del cooperativismo de viviendas en Uruguay.
En octubre del 2022, la asociación civil “Cubanos Libres en Uruguay”, organizó el encuentro con el apoyo del “Centro para el Estudio de Sociedades Abiertas”, del Foro por la Democracia en Cuba en Uruguay.
Esta Asociación es presidida por el cubano Luis Estrada Ayala, quien prosiguió en la Universidad Católica sus estudios en Educación; pero fue fundada por Jorge Luis Valdés Bartutis, dedicado a los negocios inmobiliarios en la firma Bartutis Negocios Inmobiliarios, ubicada en la calle Magallanes 1173, y también como asesor en la Red Inmobiliaria del Sur.
Entre los participantes (como Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide; María Corina Machado, fundadora y coordinadora del Partido Liberal Vente Venezuela; Camila Acosta, periodista cubana corresponsal para ABC desde Cuba), llama particularmente la atención la participación del empresario chileno Gonzalo Downey.
Downey es el fundador de la Red Inmobiliaria del Sur, que tiene su casa matriz en Chile, pero en Uruguay tiene una filial, “Casa Red Uruguay”, con dirección en la calle Mario Cassinoni 1039 bis.
La filial en Uruguay viene realizando importantes negocios inmobiliarios y aún no está en el radar de la Senaclaft, por lo que no tienen presente si ha realizado las declaraciones correspondientes a la secretaría contra el lavado de activos.
A través de la Asociación Civil y del Comité Uruguayo, se gestiona el ingreso al país de ciudadanos cubanos, flexibilizando los controles (por ejemplo, se dejaría de pedir el sello en el pasaporte del consulado uruguayo en Brasil) y se les consigue temporalmente estadía en unos hostales en Montevideo, con la condición de sumarse al activismo contra el gobierno de la Isla.
Talantes libertarios
Las asociaciones y foros nombrados tienen sus vínculos (dependencia) con organismos y activistas internacionales que, si no estuviera la información teñida de lucha ideológica, bien se podría hablar de actividades ilícitas y hasta terroristas.
Si bien la derecha política cubana se viene movilizando desde los años del triunfo de la revolución a fines de los 50, ha sido a partir de los 90 que se ha globalizado la movilización contra gobiernos de distintos signos en la estrategia definida como “La Revolución de los Colores”. Generalizando la denominación de democracia o gobierno democrático, esta estrategia impulsa acciones que lleven a desacreditar a los gobiernos y movilizaciones de masas que se manifiestan desacatando las leyes vigentes bajo el concepto de “desobediencia civil”.
Algunas de estas acciones, como las del 11J en Cuba, van precedidas o acompañadas de actos de sabotajes y atentados terroristas.
En Uruguay se han realizado y se llevan acciones de presión contra ciudadanos cubanos que no se expresen en contra del gobierno cubano y la agresividad con las que se llevan adelante ha motivado denuncias policiales.
En las redes es famosa la actividad de Cristian Mena Carranza, un joven de veinte y pocos años que empezó sus tiktok hablando contra el gobierno cubano, para luego mostrarse tapando pintadas del Frente Amplio o agrediendo verbalmente a una ciudadana cubana que dirige un negocio en el mercado agrícola.
Entre la lista de líderes influyentes se encuentra Magdiel Jorge Castro que hace poco fue expulsado por el Gobierno de Bolivia, u Orlando Gutiérrez Boronat, presidente de la Asamblea de la Resistencia Cubana a la que hace poco se integraron las organizaciones activistas en Uruguay.
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha otorgado a una organización sin fines de lucro de Florida $ 97,321 para un programa llamado "La verdad sobre la explotación en el turismo cubano". La USAID otorgó la subvención al Directorio Democrático Cubano o Dirección Democrática Cubana. El directorio fue fundado en Miami en 1990. Se promociona a sí mismo como una organización que promueve la democracia en Cuba “a través de varias formas no violentas. Los objetivos del Directorio son apoyar la libertad, la democracia y los derechos humanos en Cuba mediante la lucha cívica no violenta”.
Orlando Gutiérrez lidera la organización. El 4 de diciembre expresó su apoyo a una invasión armada de Cuba para derrocar al gobierno socialista si los soldados cubanos usan fuerza letal contra los cubanos que se oponen al gobierno. Él dijo: "Si hay una represión mortal, el uso de la fuerza militar para reprimir al pueblo de Cuba es legítimo y pedimos una intervención internacional liderada por Estados Unidos para derrocar ese régimen y acabar con él".
USAID y el Departamento de Estado le han dado a la organización al menos $ 6,970,939 de 2006 a 2019, según muestran los registros.
En Estados Unidos hay una investigación en proceso por los bienes adquiridos en nombre de al menos seis organizaciones que en el Estado de Florida lidera Gutiérrez Boronat, por donde se lavan activos.
En Uruguay, la posible sede del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba está en el departamento de Colonia, y las actividades realizadas en la feria del Parque Rodó por la Asociación Cubanos Libres en Uruguay están cerquita de la inmobiliaria.
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