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ASOCIARMELos casos de Marset y Astesiano son algunas de las mentiras y signos contundentes de la falta de transparencia de este gobierno.
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“Soy garantía de transparencia, conmigo duerman sin frazada”, dijo, años atrás, cuando aún no era presidente, Luis Lacalle Pou. Si los uruguayos le hubieran hecho caso, seguro sufrirían de hipotermia. Las mentiras y la falta de transparencia han sido cosas frecuentes de este Gobierno, y no sólo por los casos Marset y Astesiano.
Al Partido Nacional, al presidente y al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, ya no le creen ni sus socios de la coalición cuando dicen que la seguridad pública ha mejorado en relación al período frenteamplista. El candidato colorado, Andrés Ojeda, afirmó en declaraciones públicas que “la gente está desesperada por la inseguridad existente”. Y el senador Guido Manin Ríos ha reclamado en más de una oportunidad que se declare “una emergencia nacional”.
Desde el comienzo de su gestión, el Gobierno estuvo muy interesado en demostrar que podían ser mejores que el FA. Tuvieron un año y poco descansados porque los ayudó la pandemia. En ese tiempo bajaron notoriamente los delitos aquí y en todo el mundo. Pero apenas se levantó la emergencia sanitaria, los delincuentes retomaron su “actividad normal”, con un agravante: la guerra contra las drogas, declarada por el fallecido ministro del Interior, Jorge Larrañaga, motivó un incremento de la violencia criminal con la presencia de sicarios. Se convirtió en algo común encontrar cadáveres desmembrados o quemados, niños baleados o asesinados, el terror vecinal en algunos barrios periféricos y pobres, barrios enteros copados por los traficantes.
En tanto y en forma frecuente aparecían en Europa importantes cargamentos de cocaína que salían o pasaban por el puerto de Montevideo, irrumpió un nuevo perfil de narcotraficante: ahora eran empresarios que vivían en barrios lujosos. Curiosamente, varios de ellos mostraban en las redes sociales su adhesión al Partido Nacional.
Desde el principio se supo que el Ministerio del Interior le había ordenado a sus jerarcas no dar a conocer los números de delitos. Lo declaró en el 2020 el número 3 de la jefatura de Maldonado, comisario Fernando Pereira, cuando fue detenido y enviado a prisión por actos de corrupción. Luego fue el jefe de Policía de San José quien afirmó públicamente que “no tenía ninguna obligación de difundir las cifras de delitos”. Y algo parecido ocurrió con el jefe de Policía de Durazno, acusado de “maquillar los datos”.
Durante tres años el Ministerio confundió a propósito las cifras de denuncias con las de los delitos. Si bajaban las denuncias, bajaban los delitos. Pero la realidad era muy diferente.
Ocurrió que la gente comenzó a denunciar menos por varias razones. Esperas y pérdidas de tiempo interminables, temor a las represalias o simplemente porque no tenían expectativas de recuperar algo de lo robado.
Pasaron cinco años perdidos por el encono político. Nadie en ningún lugar del país puede afirmar con certeza que estamos mejor que antes. Pero si el encono le gana a la sensatez, probablemente sigamos perdiendo años y vidas.
Los récords en obra pública
También son falsas las cifras de obras difundidas por el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. Lo explica con datos en esta misma edición nuestro director, Alberto Grille.
Al narcotraficante Sebastián Marset no sólo le dieron un pasaporte express, que fue lo que hicieron aunque lo nieguen, sino que además se organizaron para mentirle al Senado de la República.
La ex cónsul uruguaya en Emiratos Árabes Unidos, Fiorella Prado, fue muy explícita en sus declaraciones ante Fiscalía. La funcionaria afirmó que le “llamó la atención la velocidad con la que el Ministerio del Interior procesó el trámite para otorgar el pasaporte”. En noviembre de 2021, Prado fue a la cárcel a tomarle los datos a Marset y sacarle la foto que necesitaba. El mismo día cargó la información al sistema y, un día después, el documento estaba impreso. “Eso nunca había ocurrido, normalmente demora una semana y algo”.
En agosto del 2023 los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, junto a los respectivos subsecretarios, Guillermo Maciel y Carolina Ache, fueron interpelados por la bancada del Frente Amplio. Unos días antes los ministros, subsecretarios, varios legisladores oficialistas y jerarcas policiales se reunieron en una casona propiedad del Ministerio del Interior ubicada en El Prado. El motivo central de ese encuentro fue organizarse para que los legisladores de la oposición no conocieran los mensajes que Maciel le envió a Ache, en los que se revelaba que el Gobierno sabía que Marset era “un peligroso narcotraficante que estaba preso en Dubái”, y al que, aún sabiendo eso, igual le enviaron su pasaporte por tercera persona.
Presumiendo que esa información podría, eventualmente, afectarla, Ache protocolarizó esos chats con su escribana y los entregó en la investigadora interna de Cancillería. Como la Cancillería le negó a los senadores frentistas el resultado de esa investigación, recurrieron a la Justicia, quien ordenó el acceso.
El día que Ache declaró en Fiscalía se supo que, además, había grabado sus conversaciones con Bustillo y no se sabe con quién más. Allí quedaba clara la desesperación del Gobierno por ocultar esa información clave.
Enseguida vino el episodio donde también Ache confirma una reunión en Torre Ejecutiva, solicitada por el asesor presidencial Roberto Lafluf para “pedirles a ella y a Maciel que borraran sus mensajes”. Ella se negó, dijo que ya los había entregado a la investigadora del Ministerio y fue entonces cuando, según Ache, Lafluf dijo que “ya no estaban porque él había destruído el documento”.
Fue entonces cuando el presidente dijo la ya famosa frase “pasé a saludar”.
La difusión por parte del semanario Búsqueda de las declaraciones de Ache en Fiscalía motivó la “renuncia” de Bustillo, Heber, Maciel y Lafluf.
Si sabían que era un narco “muy peligroso”, ¿por qué le dieron el pasaporte? Tanto el presidente como Heber y Bustillo dijeron estar obligados por un decreto firmado por José Mujica. Pero el exdirector de Identificación Civil, Ruben Amato, dijo entonces a Caras y Caretas que “eso no era cierto, porque en el mismo decreto hay resguardos que hubieran impedido su entrega”.
La pregunta sigue vigente: ¿por qué entregaron ese pasaporte? Que, además, significó la libertad para Marset y su posterior fuga, situación en la que se encuentra hoy por exclusiva responsabilidad de Uruguay.
En marzo pasado, el fiscal Alejandro Machado ordenó el archivo de la investigación sobre el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante, estableciendo que “después de dos años de investigación la Fiscalía no logró obtener indicios que permitieran corroborar alguna conducta punible”. Sin embargo, sus consideraciones finales son lapidarias con los dos exministros y sus exsubsecretarios, señalando que “no se manejaron con el profesionalismo requerido en la instancia”, afirmando sin ambages que “faltaron a la verdad y ocultaron información a la Cámara de Senadores y en definitiva a la ciudadanía que éstos representan”. O sea, mintieron.
Dos años atrás, un docente de Filosofía explicaba en tono humorístico: “Un pozo artesiano es una fuente artificial de agua que se obtiene al hacer una perforación hasta el nivel local de un acuífero que se encuentra entre dos capas curvadas, de modo que su boca se encuentra más abajo que los extremos del depósito de agua. Una vez abierto, el agua mana en forma ininterrumpida mientras los niveles relativos se mantengan. Es un invento francés, debe su nombre a la región de Artois, donde se excavaron los primeros de Europa hace como mil años.
El pozo Astesiano funciona igual, solo que lo que no para de salir es mierda. Es un invento uruguayo, aparentemente un descubrimiento de esos que se hacen por casualidad, lo que se llama serendipia”.
Y efectivamente, ni siquiera la exfiscal Gabriela Fossati, que inició la causa, tenía idea de todo lo que surgiría de allí ni tampoco que terminaría con su carrera en Fiscalía. Lo que empezó con una investigación sobre pasaportes falsos, siguió con el descubrimiento de una amplia red de corrupción. Alejandro Astesiano era bastante más que el jefe de la Seguridad Presidencial. Todos los chats y audios que fueron revelados lo muestran en un sinnúmero de actividades ilegales. Desde espiar a dos senadores de la oposición, al presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, y al exdirector nacional de Policía, Mario Layera, hasta arreglar licitaciones o intervenir en muchos actos que excedían su función.
Las primeras investigaciones terminaron con la carrera de casi la mitad de la cúpula de la Policía Nacional. Un militar retirado y empresario, fue formalizado. Pero la impresión generalizada es que aún falta saber mucho. Por lo pronto, la fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero, denegó un pedido de la fiscal Sabrina Flores para periciar el celular de Astesiano en el exterior por “falta de recursos”, dijo.
Esta semana la Justicia decidió devolver el aparato a su propietario. En un escrito presentado ante el juez Rúben Etcheverry, al que el diario El País tuvo acceso, la fiscal Sabrina Flores sostuvo que sobre el excustodio presidencial "no corresponde imputar nuevos hechos", pero que "las investigaciones respecto a personas vinculadas a Astesiano siguen en curso", ya que al momento de realizarse el acuerdo abreviado entre Astesiano y la entonces fiscal Gabriela Fossati, "debieron ser conocidos y manejados por Fiscalía".
Flores catalogó ese acuerdo abreviado como "totalmente defectuoso", "apurado" y que "dejó por fuera hechos graves".
La nómina de mentirosos en este caso es muy amplia, pero comienza con el propio presidente Lacalle Pou, quien, al otro día de ser detenido Astesiano, dijo en conferencia de prensa que “desconocía que tuviera antecedentes judiciales porque cuando pidieron su legajo no constaban”. Pero lo habían advertido Jorge Larrañaga, Álvaro Garcé y por lo menos un dirigente blanco de Rivera. El propio Astesiano afirmó en Fiscalía que “el presidente los conocía pero no los tomó en cuenta” porque, según dijo, “no me toquen al Fibra”.
Por qué el presidente asumió ese riesgo es algo que no sabemos. Pero que Astesiano era un hombre de su extrema confianza no hay ninguna duda.
De los tres celulares que tenía, hay dos “perdidos”. Por ahora será difícil, aunque no imposible, conocer el contenido de los miles de chats intercambiados entre ambos. La tarea de la fiscal Flores es extremadamente complicada, pero encomiable.
“Soy garantía de transparencia, conmigo duerman sin frazada”, dijo, en el año 2019, cuando aún era candidato, Luis Lacalle Pou.
La lista de hechos de corrupción ocurridos durante su gobierno es extensa. El primero fue el alcalde blanco de Florencio Sánchez, “el hombre de las mil gauchadas” que fue condenado en el año 2021. Casi al mismo tiempo cayó el ministro de Turismo Germán Cardoso, denunciado por un exjerarca de ese ministerio y también integrante entonces del Partido Colorado. Después renunció Carlos Albisu, hombre de confianza de Lacalle Pou y de Álvaro Delgado en Paysandú, acusado por actos de corrupción desde su cargo en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
La ministra de Vivienda, Irene Moreira, fue cesada en su cargo acusada de adjudicar viviendas a militantes de Cabildo Abierto. Imputado por 22 delitos sexuales contra menores, fue imputado con prisión Gustavo Penadés, el senador más importante del PN y líder entonces del herrerismo. Luego imputaron a Pablo Caram, intendente de Artigas, y a la hasta poco antes diputada blanca Valentina Dos Santos, también por actos de corrupción que le costaron al erario público unos 11 millones de dólares.
El intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, está denunciado por ediles de todos los partidos por aprovechar su posición de privilegio en beneficio propio. El intendente de Maldonado, Enrique Antía, es investigado por la Jutep por adjudicar una casa administrada por la Intendencia a una pequeña empresaria militante y candidata de su sector político.
Desde que este Gobierno asumió, siete ministros, una subsecretaria, unos 20 jerarcas intermedios, el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, al menos la mitad de la cúpula policial, el director del Comcar, siete jefes de policía y varios jerarcas o renunciaron o fueron destituidos, varios fueron formalizados por la Justicia y otros están en proceso de investigación.
La garantía que dio el presidente estaba vencida.
