¿Quién nos cuida de los que nos cuidan?

El domingo pasado un exfuncionario policial, pero con permiso de portar arma otorgado por la LUC, asesinó a un hombre de 5 balazos frente a sus hijos y otros niños que jugaban al fútbol en un predio militar ubicado en Montevideo.

Un día antes y en Rivera, empleando su arma de reglamento un subcomisario mató a su expareja que se desempeñaba como enfermera en el ejército.

El lunes la defensora de oficio Mael Rodríguez Nader denunció los maltratos contra un detenido por parte de funcionarios policiales que quedaron registrados por su cámara GoPro.

También el lunes una funcionaria policial de Maldonado denunció que, a pesar de identificarse y estar uniformada, efectivos de la Guardia Republicana la balearon con munición no letal a ella y a uno de sus hijos que trataba de ayudar a un chico con problemas de salud.

El sábado efectivos policiales prohibieron el ingreso de hinchas de Peñarol al Campeón del Siglo porque tenían camisetas con leyendas y fotos de desaparecidos. El presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, hizo la denuncia pública y ese mismo día el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, pidió disculpas y anunció una investigación administrativa para “determinar responsabilidades”.

Todos estos hechos ocurrieron en apenas cuatro días y se suman a una larga serie de denuncias por abusos y malos tratos realizada por los defensores de oficio, desvirtuadas por el ministro por ser “parte de la campaña contra la LUC”, según dijo.

Hay muchísimas otras que no llegan ni a Fiscalía ni a los medios y que son parte de atropellos cotidianos, sobre todo por parte de efectivos de la Guardia Republicana.

En medio de un incremento importante de la actividad delictiva, con una serie de homicidios crueles, la actitud de muchos funcionarios, no todos, socava la confianza ciudadana en la Policía.

Alentados desde las máximas jerarquías, con la presión de obtener resultados a cualquier costo por razones políticas, los policías terminan siendo víctimas de su escasa formación, las carencias de infraestructura, la falta de personal y los bajos salarios.

Sometidos al estrés cotidiano de proteger su vida y la de los ciudadanos, son muchísimos los que presentan problemas psiquiátricos, tal como lo informó Patricia Rodríguez, secretaria del sindicato policial de Montevideo.

Pero esos policías, ciertamente desequilibrados emocionalmente, están en la calle tratando de cumplir su tarea.

Aller: “La Policía tiene gran problema de comunicación con ciudadanía”

El pasado martes Gemán Aller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, dijo en el programa Punto de Encuentro (radio Universal) que “pasaron décadas desde la última dictadura y el divorcio con la Policía parece no terminar. El policía a veces tiene un gran problema de comunicación con la población”.

Aller consideró que para enfrentar la actividad delictiva se necesita pensar de otra manera. “El patrullaje requiere inteligencia, no basta con el policía en la calle”.

Agregó que "muchas personas no estaban dispuestas a delinquir dentro de su barrio, hoy en día ese código ya no existe. Antes el delincuente se desplazaba más para delinquir, hoy ya no".

Sobre el aumento de homicidios registrados durante este mes, dijo creer que no es casual, ni algo que se haya dado por una circunstancia pasajera”. Esto es la consecuencia de un proceso que se viene gestando desde décadas atrás.

La forma de matar da la pauta clara de los mensajes que quieren trasmitir esas organizaciones”, agregó el criminólogo.

Una Policía con importantes nichos de corrupción

En los últimos 37 años son muchísimos los efectivos policiales vinculados a actos de corrupción.

A fines de los 80 irrumpió la “Garra”, una organización mafiosa integrada por oficiales y policías montevideanos que hasta mediados de los 90 participó en varios asaltos y asesinatos, entre ellos el del empresario Luis Ernesto González.

Luego llegó la “Polibanda”, integrada por policías y delincuentes que protagonizaron varios recordados asaltos.

En el año 2014 se descubrió que la “Polibanda” se estaba reorganizando con algunos de sus viejos integrantes más la asistencia de nuevas generaciones. Ahora se habían extendido a otras regiones del país. En los primeros días de ese año fueron detenidos algunos de sus integrantes vinculados a dos casos ocurridos en el interior.

Entonces fueron procesados con prisión en Maldonado Robert Raudiche y Pablo Berrondo, dos delincuentes que participaron en un copamiento de un establecimiento ubicado en ruta 12. Los dos habían sido detenidos y procesados un día antes por el crimen del comerciante de Tacuarembó Óscar Acosta, de 33 años.

Pablo y su hermano Aldo eran policías en los 90. Junto a los también agentes Óscar Gadea y Juan Domínguez fueron parte de varios asaltos importantes junto a delincuentes como Fierrito Santos Montenegro y Carlos Gordo Quintana.

Los uniformados usaban sus contactos y muchas veces sus lugares de trabajo como parte de su estrategia. Asaltaban bancos, cambios y organismos recaudadores del Estado.

La aparición de la Polibanda evidenció los graves problemas operativos de la Policía y animó a otras bandas a buscar los mismos objetivos.

Destacaban por su armamento de guerra, sus conocimientos de logística y el uso de tecnología.

Hubo un tiempo en que la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, encabezada por el inspector Nelson Rodríguez Rienzo, y la Brigada Antidrogas, a cargo del comisario Ricardo De León, eran centros de corrupción, tal como se reveló con la investigación realizada por el juez penal Homero da Costa sobre el narcotraficante Omar Clavijo.

Fue el inspector principal Roberto Rivero quien, cuando asumió al frente de la Dgrtid, investigó y desplazó a ambos oficiales.

Durante el gobierno frenteamplista unos 3.000 funcionarios policiales fueron investigados por Asuntos Internos y expulsados después de que se les comprobara su participación en casos de abuso. Otros fueron sometidos a la Justicia por actos de corrupción.

Durante los dos años del actual gobierno de coalición, casi la mitad de los jefes de Policía que asumieron en marzo de 2020 fueron sustituidos y varios fueron formalizados por diferentes delitos. También son muchos los policías enviados a prisión por diferentes delitos.

El caso del comisario Fernando Pereira, tercero en jerarquía de la Jefatura de Maldonado, quien ya había sido procesado y remitido en el año 2008 por “torturar a un detenido”, fue emblemático por sus vínculos políticos.

Pereira fue a la cárcel en junio del año pasado acusado de varios delitos. Las escuchas telefónicas revelaron que “hizo muchos favores irregulares” al entonces Ministro de Turismo, Germán Cardoso.

La presión ciudadana

Un aspecto no menor es la presión de una ciudadanía abrumada por los embates delictivos.

Y ella se expresa en el reclamo cada vez más constante en diferentes barrios o ciudades, hasta en el ejercicio de justicia por mano propia.

Una parte reacciona en defensa del actual gobierno afirmando que antes era peor, aunque ningún dato lo muestre. Porque, salvo en pandemia, cuando se redujo la circulación y las cifras del delito bajaron, luego se constata un incremento delictivo imposible de ocultar por más que se grite.

En medio de este panorama las autoridades deberían estar pensando en otra estrategia. La que han usado fracasó.

Hoy tenemos una fuerza policial que carece de móviles para cumplir su tarea, que no forma correctamente a los funcionarios, a los que se les paga mal.

No se trata de cambiar de ministro, o sí. Se trata de no repetir fracasos de los que existen sobrados ejemplos en América Latina.

Son muchos los oficiales y policías sensatos que ven con claridad las dificultades que surgen un día sí y otro también. Y que reclaman una política de Estado para atender la inseguridad.