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Política reforma | Jorge Díaz | Código del Proceso Penal

Buscarán redación alternativa

Reforma del CPP: gobierno excluirá delitos de lesa humanidad de la libertad anticipada

Jorge Díaz informó la decisión a Madres y Familiares y a Crysol en una reunión en la Torre Ejecutiva, y luego de la preocupación que estas organizaciones sociales habían manifestado sobre la reforma.

Jorge Díaz informó modificación en reforma del CPP.

Jorge Díaz informó modificación en reforma del CPP.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El gobierno resolvió modificar el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal (CPP) para dejar sin efecto la posibilidad de que personas condenadas por delitos de lesa humanidad accedan a la libertad anticipada. La decisión fue transmitida por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, a representantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y de la asociación de ex presos políticos Crysol, en una reunión que tuvo lugar este lunes en la Torre Ejecutiva.

Según informó la diaria, el oficialismo ajustará el artículo cuestionado del proyecto —que se encuentra bajo análisis de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado— con el objetivo de excluir explícitamente a los condenados por este tipo de crímenes. Desde las organizaciones expresaron al citado medio que la iniciativa original no estaba orientada a beneficiar a responsables de delitos de lesa humanidad y que se buscará una redacción alternativa que contemple la libertad anticipada únicamente para otros delitos.

El planteo de las organizaciones sociales

El planteo había generado preocupación en colectivos vinculados a la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, desde Crysol se venía advirtiendo sobre las implicancias del texto. En una entrevista emitida el lunes en el programa Éramos tan progres de Caras y Caretas TV, uno de sus integrantes, Gastón Grisoni, sostuvo que la reforma “desvaloriza la gravedad de los delitos de lesa humanidad”, marcando reparos sobre el alcance de la propuesta original.

Con este ajuste, el Ejecutivo apunta a despejar cuestionamientos y acotar el alcance del beneficio, en un tema especialmente sensible por su vinculación con los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

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