El integrante de Crysol remarcó que las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales tienen una gravedad particular, y que cuando son sistemáticas y planificadas constituyen delitos de lesa humanidad. En ese sentido, fue enfático: “Entendemos que esos delitos no pueden beneficiarse de ningún beneficio que suponga disminuir la carga penal”.
Además, advirtió que el proyecto no contempla la situación de decenas de represores que fueron procesados bajo figuras penales comunes, con penas más leves, lo que podría ampliar el universo de beneficiarios. “En principio todos podrían apelar a solicitar la libertad anticipada”, afirmó.
Falta de consulta a organizaciones de DDHH
Consultado sobre si Crysol o algunas otras organizaciones sociales habían sido convocadas para dar su mirada sobre el proyecto, previo a su presentación, Grisoni aseguró que no existió tal instancia y que tomaron conocimiento de la iniciativa a través de la prensa, al igual que otros colectivos.
El vocero del colectivo, indicó que el análisis del texto continúa, pero adelantó que no se trata de un proyecto jurídico, sino de una propuesta con “connotaciones de carácter político” que genera preocupación en la sociedad civil. En esa línea, aseguró que impulsarán acciones para evitar su aprobación.
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