En un lapso de 72 horas, o sea durante tres días consecutivos, la represión policial con fines intimidatorios nada persuasivos contra actividades y manifestaciones de corte popular estuvo presente; actuación que se enmarca en un mes donde, en un cruce de fechas históricas, se cumplen 55 años del asesinato de Líber Arce y 29 años del de Fernando Morroni.
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Los ánimos de los policías que integran la fuerza de choque no habían terminado de estar alterados por la represión contra los hinchas de Boca Junior y Nacional el miércoles 2 de agosto, cuando, menos de 24 horas después, se encontraban prestos y prontos a imponer la fuerza en una marcha convocada por la Coordinadora de Ollas Populares y los autoconvocados en defensa del agua.
Tal como estaba previsto, sobre las 17 horas del jueves 3 de agosto, frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social se hicieron presentes las Ollas convocadas por la Coordinadora Popular y Solidaria. Una movilización que tenía más características de intervención urbana que de efectividad, porque a esa hora eran pocos los funcionarios que restaban abandonar el edificio.
No había corte de tránsito
El ministro Martín Lema, luego del bochornoso yerro en la cifra de personas en situación de calle (desconocía la existencia de dos mil personas más que los números que manejaba), era claro que no iba a esperar ni a recibir a ninguna delegación.
Sobre las 16:45, en la acera de enfrente, al pie del monumento al Gaucho, una olla cocinaba el guiso que comerían los asistentes para no perder en esta jornada de movilización la ración necesaria, acompañada por unas tortas fritas que también se preparaban en el momento. La huella de identidad de los asistentes está en sus rostros, en sus cuerpos; miradas de cuencas hundidas al igual que las mejillas, ojos sin brillo, manos de pieles curtidas que denotan generaciones de alimento faltante. Personas que por un fugaz momento en sus vidas sienten algo parecido a una fuerza, a una energía que les da el estar juntos, venidos desde sus rancheríos y sus miserias para sentir que la principal avenida de la capital "es suya" y por primera vez son dueños de poder definir algo.
Entonces ganan las calles con sus carteles que reclaman poder hacer lo que cualquier ciudadano: comer. Con sus improvisados tachos a forma de tambor ganan la calle al grito que les viene de lejos: "queremos comer".
La policía de tránsito desvía el mismo y, vale puntualizar, la circulación es desviada pero no cortada. Se desvía por Constituyente hacia el Cordón y por 18 de julio hacia Ciudad Vieja. La consigna también es clara, a no más tardar a las 18:30 la movilización de las ollas se suman a las del agua rumbo a la universidad; la consigna la saben todos los manifestantes pero también debe haber llegado a los policías de particular infiltrados en la movilización, y a los funcionarios policiales que, desde una camioneta policial y un patrullero apostado en 18, vigilan la concentración.
Activistas de la CPS encausan a los manifestantes, que haciendo sus primeras armas de movilización popular aspiran a hacerse escuchar más de lo que pueden. Llega un momento en que hasta para ellos corear consignas y hacer ruido es monótono y decae el ánimo. Además, empiezan a circular las primeras viandas de guiso. La prensa ya ha cubierto la movilización, así que en breves minutos hay que partir hacia la Universidad.
Entonces sucede lo inexplicable: por Barrios Amorín llega una camioneta con fuerzas de choque; en las clases de la Escuela de Oficiales de Policía sigue faltando la elemental enseñanza de que no hay nada peor para transformar una movilización pacífica en un caos, que anteponer a gente que entiende justos sus reclamos, la fuerza bruta policial. Para ese momento, la decena de funcionarios policiales apostados en la esquina del Ministerio de Desarrollo Social formaba parte del paisaje; los escudos, las cachiporras y las escopetas de perdigones ya es otra cosa. La oficial a cargo del cuerpo de choque hace avanzar a sus subordinados con aire marcial; dialoga con una de las organizadoras y le pide que despejen la avenida; la organizadora dice que va a cumplir con el pedido pero retirar gente que no está bajo disciplina policial lleva un tiempo, demasiado para la oficial que, menos de un minuto después, hace avanzar al cuerpo de choque, que concentra la línea y empuja con los escudos. La gente no resiste pero se siente avasallada por los empujones y la oficial da la orden de alto que apenas es escuchada por sus policías al mando y de pura casualidad no ocurre una desgracia; o, mejor dicho, no ocurre porque los organizadores arman un cordón y evitan un enfrentamiento. La oficial, por su mirada, aparenta ser joven y con escasa experiencia en negociación; desconoce además que cuando uno anda con un perro mordedor con la correa y suelta la correa...
Si la situación no pasó a mayores no fue por el accionar prudente de la Policía, sino por la capacidad de los organizadores de seguir con sus planes, y la movilización parte rumbo a la universidad.
La avenida retomó su habitual ritmo, sin pobres de toda pobreza incomodando con su presencia la tardecita de un jueves que para quienes luego vuelven al "hogar" de las veredas o de los rancheríos, dejó por un breve momento de ser la densa monotonía de vivir en la exclusión.
Contra las pintadas
El viernes en la noche (72 horas después de la represión en el Parque Central), un grupo de jóvenes militantes salen de grafiteada impulsando la candidatura de Yamandú Orsi a la presidencia de la República para el 2024.
Ocho patrulleros y treinta policías interceptan en el centro a los grafiteros, realizando el correspondiente trabajo de identificación y fichaje.
Esta detención se suma a la ocurrida en abril del año pasado, cuando cuatro militantes del Partido Comunista (PCU) fueron citados a declarar por pintar un muro de la calle Buenos Aires, en la Ciudad Vieja, en homenaje a los ocho trabajadores asesinados de la seccional 20 en abril de 1972. La policía actuó de oficio y comunicó a la Fiscalía.
“Estábamos pintando un muro que siempre se pinta, que estaba lleno de pegatinas”, señaló Gerardo Suárez, uno de los militantes citados por la Justicia. Precisó que en un momento determinado “llegaron dos patrulleros, nos tomaron los datos, nos dijeron que iban a dar parte a Fiscalía y sobre el mediodía nos llegó la citación al juzgado”.
Para Suárez “es evidente la discrecionalidad con que la Policía está tomando datos y pasando a Fiscalía de determinadas pintadas y de hechos políticos”.
Suárez se refería a las pintadas realizadas por esas noches por la militante nacionalista Romina Celeste, que en ningún momento fue detenida por la Policía por la forma (había pintado las paredes de un edificio público como es la Facultad de Humanidades) y los contenidos de sus consignas.
“Se nota desde un tiempo a esta parte que determinadas pintadas, determinados mensajes se están queriendo callar y se están judicializando”, agregó y no le faltó razón; sobre noviembre, cuatro de los pintores fueron procesados por el Juzgado de Faltas a cumplir tareas comunitarias; pero más grave que la pena a ejecutar es el antecedente judicial que generó.
Un 14 de agosto
Contra la violación a la autonomía universitaria perpetrada por el gobierno pachequista, por el levantamiento de las Medidas Prontas de Seguridad y por mayor presupuesto para la Universidad, estudiantes de Odontología, Veterinaria, Enfermería y Medicina del Hospital de Clínicas se congregaron en la Facultad de Veterinaria el lunes 12 de agosto de 1968. El objetivo era difundir entre los vecinos de la zona las reivindicaciones estudiantiles y realizar una movilización rápida sin aviso previo, para evitar la represión. La FEUU había resuelto realizar tres de estas “operaciones relámpago” en Montevideo ese día, en Veterinaria, Agronomía y en el centro montevideano.
Líber Arce se encontraba entre los pocos cientos de estudiantes que a media mañana se disponían a salir de la Facultad por la calle General Prim (hoy Líber Arce), rumbo a Rosell y Rius. Luego de avanzar algunos metros, se toparon con un vehículo policial del que bajaron tres policías y un oficial, Enrique Tegiachi Brenes. Los policías pertenecían a la Seccional Novena, cuyo comisario, Juan María Lucas, formó parte del selecto grupo de policías escogidos por la CIA a comienzos de 1968, como germen inicial de la futura Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Poco tiempo después, Lucas formaría parte además del Escuadrón de la Muerte.
Al ver a los policías, en un comienzo los estudiantes retrocedieron. Luego, uno de ellos avanzó y tras él una estampida de compañeros suyos hizo retroceder a los agentes. Tegiachi desenfundó entonces una pistola fuera de reglamento marca Tala calibre 22, adquirida en Buenos Aires durante una “capacitación” en la policía bonaerense. El segundo disparo que realizó entró por la parte posterior de la raíz de la pierna izquierda de Líber, impactando en la arteria femoral. Poco después fue conducido al Hospital de Clínicas, donde ingresó en estado de shock, estabilizándose varias horas después. Pese al éxito inicial de la intervención a que fue sometido, Líber falleció sobre las 10:30 de la mañana del 14 de agosto de 1968.
Otro Lacalle
El 24 de agosto de 1994, día previsto para la extradición de ciudadanos vascos acusados de pertenecer a la ETA, se produjo el tercer día de manifestaciones en las inmediaciones del Hospital Filtro.
Fue sobre la caída de la tarde que se desató la represión.
En el cruce de las avenidas frente al Edificio Libertad, decenas de manifestantes corrían, procurando evadir la acción policial o para guarecerse de los disparos que comenzaron a sentirse después de las 20 horas. A través de la televisión, en directo, la población seguía la acción del cuerpo de Coraceros con sus caballos persiguiendo a los manifestantes, así como las refriegas de todo tipo.
Esteban Massa, un enfermero que intentó socorrer a una de las víctimas, recibió cuatro disparos por la espalda. A las 20 horas, Fernando Morroni, un joven de 24 años, murió al ser alcanzado por tres disparos. Carlos Alejandro Font, de 18 años, fue ingresado con pérdida de masa encefálica por herida de bala. A las 21 horas se apagaron las luces del alumbrado público de la zona y se cortó la telefonía durante 6 horas.
A las 22:20, en tres ambulancias con una fuerte custodia de patrulleros y motos y un médico forense en cada una de ellas, los ciudadanos vascos fueron retirados del Hospital Filtro por la calle Gualeguay, con destino a la base militar aérea de Carrasco. Dentro del Filtro, algunos funcionarios despidieron a los etarras entonando estrofas del Himno Nacional Uruguayo.
De acuerdo a cifras oficiales hubo un fallecido, más de 100 civiles heridos graves (15 de ellos de bala) e incontables heridos leves.
Es de esperar que los sucesos de las primeras semanas de agosto del 2023 no sean un mal presagio de un nuevo Lacalle que, como su antecesor, entregue la banda presidencial con una herencia de heridas y muertes en la calle.
De todos modos, como ya se advierte desde varias voces políticas y sociales, el autoritarismo convalidado por los marcos legales, esta siendo la tónica de varios gobiernos del mundo, incluido el uruguayo, que hasta este agosto, hizo una pausa luego de la pandemia.
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