Por esta razón, se elaboró una nueva normativa, en articulación con el CCETP, integrado por el MEC, la Universidad de la República, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y las instituciones privadas.
Detalles de la nueva normativa
La meta es que, una vez aprobada por el Poder Ejecutivo, permita mayor flexibilidad y trazabilidad a las carreras universitarias, mayores garantías de funcionamiento con reglas claras, y el rol del Estado como regulador del sistema.
Mahía destacó el involucramiento de todos los sectores, la unanimidad del acuerdo y de los contenidos. “Una vez que entre en vigencia, tendremos un marco que nos va a ayudar a seguir desarrollando una educación terciaria y universitaria de calidad, como el país precisa”, dijo.
El decreto regula el reconocimiento de títulos, la educación a distancia, la movilidad de los estudiantes, la determinación de la apertura de sedes, entre otros aspectos. “Es una variabilidad amplia y precisa de cambios”, señaló.
Un Estado "garante de la educación"
El director nacional de Educación, Gabriel Quirici, valoró las posibilidades reales de construir la política pública con la participación de los diferentes sectores involucrados.
Explicó que se trató de innovar y mejorar la reglamentación, y que el Estado debe desempeñar un rol articulador y de referente, pero en el marco de un proyecto de sistema terciario universitario. Se recupera la perspectiva de que el Estado sea garante de la educación, que también hace al prestigio de las instituciones, dijo.
Por su parte, la responsable del área de Educación Superior, Virginia Villalba, destacó que la innovación más relevante es el régimen de consolidación institucional, asociada al trabajo que realizará el Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria.
