Sigue encajonado proyecto de ley para combatir la corrupción privada

Fue en marzo del 2005 que el actual diputado por Cerro Largo, Alfredo Fratti, iba a asumir la presidencia del INAC (Instituto Nacional de Carnes), que sus compañeros y nuevas autoridades del Ministerio de Ganadería (José Mujica, Agazzi, Berterreche, entre otros) apostaron a cuánto tiempo pasaría para que los representantes de los frigoríficos invitaran al novel presidente a un viaje al extranjero como forma de cortesía bajo el pretexto de conocer la realidad de la industria frigorífica en sus casas centrales.

Los más optimistas apostaban dos meses y los más pesimistas no antes de los primeros seis, pero Fratti les comunicó que todos habían perdido las apuestas porque ni siquiera había terminado de ubicarse en el sillón presidencial cuando ya le habían llovido las ofertas.

Cuando recién se venían instalando los sistemas de redes informáticas en la administración pública, era demasiado sugerente que los pliegos licitatorios los confeccionará uno de los oferentes, la multinacional IBM.

Los vínculos de las empresas privadas con el Estado en países que apuestan a la inyección de finanzas en sus economías es un tema “solapado” que explica la inexistencia de regulación, pero desde hace unos años a nivel internacional se viene produciendo un cambio de paradigma.

Es que los escándalos de fraudes internacionales, peculado, tráfico de influencias, colusión, sobornos, fraude contable y el infaltable lobby son cada vez más evidentes y tienen fuerte impacto en la política.

De cara a una nueva instancia electoral en Uruguay, y sin que se avizoren las modificaciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, visualizar esta realidad también forma parte de la una mirada necesaria para tomarle el pulso democrático a la sociedad uruguaya.

Tan transparente que ni se ve

El código de ética empresarial y los protocolos de transparencia que uno puede encontrarse en los sitios web de muchísimas empresas, sobre todo de carácter extranjero, forma parte del cambio de paradigma que tal vez surgió en Estados Unidos allá por los 70.

Como resultado de las investigaciones de la SEC (Comisión de Bolsas y Valores), a mediados de 1970 más de 400 compañías de los Estados Unidos admitieron hacer pagos cuestionables o ilegales por encima de los USD 300 millones a oficiales de gobiernos extranjeros, políticos y partidos políticos. Los abusos cubrían toda la gama, desde el soborno de altos oficiales extranjeros para asegurar algún tipo de acción favorable por un gobierno extranjero, hasta los llamados pagos de facilitación que se hacían, según se dice, para asegurar que los funcionarios de gobiernos cumplieran con ciertas funciones ministeriales o administrativas.

Varias empresas que pagaron sobornos a oficiales extranjeros han sido el tema de demandas de aplicación criminal y civil, lo que tuvo como resultado multas grandes y suspensión e inhabilitación de la contratación federal de servicios de abastecimiento, y sus empleados y funcionarios han ido a la cárcel. Para evitar tales consecuencias, muchas empresas han implementado programas detallados de cumplimiento con la intención de evitar y detectar cualquier pago incorrecto por parte de empleados y agentes.

Y ahí hay una primera constatación sin caer en generalidades: el código de ética empresarial y transparencia intenta evitar que cualquier empleado de menor rango o personas vinculadas a las empresas tomen la iniciativa; iniciativa que, en aras de la cordialidad empresarial, toma un gerente o accionista mayoritario ofreciendo viajes, traslados o donaciones a la campaña política.

La mayoría de estas empresas se encuentran en los rubros de las obras públicas, farmacéuticas, laboratorios, sector de salud en general, logística, energía, aduanas, proveedores del Estado y, por supuesto, sector financiero.

Cristianos obsequios

En Uruguay la previa de Noche Buena se suele trabajar tanto en lo privado como en oficinas públicas; importantes estudios jurídicos y notariales hacen aterrizar en las barandas de los juzgados, sobre todo en materia penal o civil, una bandeja de masas y alguna botella de whisky, en reconocimiento a la labor que en sí misma debe realizar el juez, actuario y funcionarios, y como una señal clara de estar dispuesto a recibir toda aquella información que “se escape” de los márgenes de las hojas foliadas del expediente, ingresando en una suerte de juego de actitudes de cortesía y dependencia no explícita.

Tiene el mismo valor simbólico que los corderos o novillos que desde las estancias llegan a la comisaría.

A esa misma hora, pero en el Parlamento, los ujieres, cual “papás noeles”, recorren todos los despachos de diputados y senadores entregando las simpáticas bolsas con productos o canastas navideñas que cortésmente envían determinadas empresas.

La lista es larga, pero estos dos ejemplos en sectores tan sensibles como la Justicia y el Parlamento son suficientes para cuestionarse desde cuándo se naturalizaron estas prácticas que responden a la cultura de la “gauchada”.

¿Mecenazgo o patrocinio?

Sin las modificaciones necesarias en la ley de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales y sin una ley que regule y fiscalice el vínculo de las empresas con el Estado y la función pública, la opacidad del sistema democrático es cada vez mayor.

Sin tomar en cuenta el debate del rol del Estado y cuánto de presente debe estar en la vida de la sociedad, y si debe regularla o no, y si todo debe quedar al libre albedrío del mercado, las preocupaciones planteadas abordan otros asuntos.

Como si la presencia del crimen organizado y el lavado de activos no fuera suficiente, depender de que el proceso de concentración empresarial determine la política ya parece demasiado para seguir hablando de democracia, en actitudes que van desde lo empresarial entre el mecenazgo y el patrocinio y, en los políticos, desde las prebendas en la gestión del Estado hasta la elaboración y aprobación de proyectos de ley.

En las elecciones del 2019 la empresa Colier S.A., concesionaria de un tramo de la ruta 8 e imposibilitada de hacer aportes a las campañas electorales, aportó a las campañas del Partido Colorado, el Partido Nacional y Cabildo Abierto. Pero, para eludir las disposiciones legales, figuran como aportes personales de la señora Nelca Saavedra Sellanes, directora de Colier S.A.

Casi cuatro millones de pesos en la campaña del actual presidente Lacalle Pou y otros casi cuatro millones en la campaña de la lista 404 en Montevideo de Álvaro Delgado invirtió Alejandro Bulgheroni mediante sus empresas Estancias del Lago S.A., Nuevo Manantial S.A. y Agroland S.A., la misma que reparte bolsitas con sus productos en los despachos del Parlamento.

Bulgheroni, sin una pizca de sectarismo, también donó más de dos millones de pesos a la lista de Julio María Sanguinetti del Partido Colorado, y poco más de un millón a Cabildo Abierto.

El argentino supo tener un “romance” con el gobierno del Frente Amplio desde el 2012, pero la experiencia de su parque eólico Nuevo Manantial en Rocha como proveedor de UTE no funcionó según lo establecido y el despido de una vez de 170 trabajadores de Agroland S.A. desgastó el vínculo.

Apostando a ganador también realizaron aportes los shoppings vinculados al empresario Carlos Lecueder, las grandes superficies del Grupo Casino, Redpagos.

Una vez instalado el gobierno de Lacalle Pou, varios nuevos funcionarios en las áreas de Ganadería, Comunicaciones, Obras Públicas, Salud, Transporte y Energía entre otras provienen del mundo empresarial.

En números inferiores, el grupo Nodus de Montecon, Río Center S.A., Abitab y otras empresas aportaron a distintos sectores del Frente Amplio.

Bajo siete llaves

El proyecto de borrador que en diciembre de este año podría entregar la Jutep con el asesoramiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) está guardado bajo siete llaves a salvo de cualquier filtración ya que, como se comprende, es información valiosa previa para las empresas.

Para ellas existe un ámbito denominado “Pacto Global” donde vienen acordando algunas de las pautas y, según la nueva presidenta de la Jutep, Gabriela di Longo, los representantes del sector empresarial vienen trabajando positivamente.

Di Longo también advierte que la ley puede ser un “nuevo saludo a la bandera legislativa” si no se dota de recursos humanos al organismo; en términos operativos, el control del Estado sobre el funcionamiento de funcionarios públicos y privados recae sobre poco más de seis funcionarios.

En términos generales, el proyecto implica que la Jutep pueda interactuar en un marco institucional junto con la SENACLAFT, la DGI y otros organismos en una apuesta al robustecimiento de la Institucionalidad.