Luego de cuatro años de discusión, el Senado aprobó este martes con los votos del oficialismo el proyecto de ley que establece los criterios para disponer de la prisión domiciliaria. El proyecto no fue acompañado por el Frente Amplio (FA). El acuerdo arribado en la coalición de gobierno que en ningún caso es preceptivo, es el juez que a pedido de parte, previo a informes sanitarios de la persona y la vista fiscal puede o no disponer, explicó la senadora del Partido Nacional, Carmen Asiaín, autora del proyecto.
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El FA no acompañó el proyecto de prisión domiciliaria.
Foto: Gastón Britos / FocoUyCaras y Caretas Diario
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La legisladora indicó que el proyecto identifica siete situaciones de especial vulnerabilidad para que el juez tienda a otorgarla, pero queda a su criterio. Estas son: enfermedad, discapacidad, embarazo sin límite, situación de lactancia y hasta los 2 años, madres con hijos a cargo menores de 5 años o mayores si no hay otra persona que se haga cargo, situaciones del entorno que lo justifiquen como el cuidado enfermos, y los mayores de 65 años cuya “condición biopsicosocial haga que la permanencia en el establecimiento carcelario vulnere su dignidad humana”, sostuvo.
Asiaín aseguró que “todo es mucho más exigido, con determinados delitos más exigencias aún, para que el juez pueda otorgarlas”. La senadora se refirió al aditivo de Cabildo Abierto que la prisión domiciliaria se dispusiera de oficio. “Cabildo volvió con su idea original” que no fue acompañada por la coalición. “Nos parecía que era un traje a medida para favorecer a determinadas personas”, indicó.
Reiteró que es el juez en cada caso que analizará la situación, “no hay que mirar tanto el delito sino la situación de vulnerabilidad”, expresó. El proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento.
El Frente Amplio (FA) votó en contra del proyecto de prisión domiciliaria por considerar que no excluyó los delitos vinculados al terrorismo de Estado. “En la descripción de los delitos no aparece ni la tortura, ni el secuestro, ni la privación de libertad”, afirmó la senadora Liliam Kechichian.
La senadora del FA dijo que luego “hubo un esfuerzo grande”, que lo tienen “que reconocer”, especialmente de Asiaín, dado que el proyecto que terminaron tratando este martes tiene “mejoras claras” respecto al original. “Por ejemplo, desaparece la prisión domiciliaria preceptiva, que desde nuestro punto de vista era gravísimo, y establece que es el juez el que resuelve, además de recoger planteos de la cátedra de Derecho Procesal, Penal y del propio Comisionado Parlamentario Penitenciario”, subrayó.
De todos modos, Kechichian dijo que, “a pesar de ese esfuerzo”, la oposición votaría negativamente la iniciativa, primero, por la reducción etaria, de 70 a 65 años, ya que “el fundamento de esta modificación es inexistente, cuando la expectativa de vida ha aumentado en todo el mundo, y el régimen previsional recientemente votado extiende la vida laboral de las personas, incluso a los 65 años, y se les permite seguir trabajando”, mientras que en el proyecto, “por el solo hecho de contar con 65 años de edad, se considera a las personas como vulnerables”.
Otro motivo por el que el FA lo rechazó es que “para que no quede ninguna duda o interpretación se debería incluir a texto expreso que no podrán acceder al beneficio quienes sean imputados en un proceso del terrorismo de Estado”.