El inicio de un sumario al técnico forense que informó sobre la situación sanitaria del narcotraficante Juan Antonio González Bica, pone en alerta a una cantidad de operadores jurídicos que, ante jueces de primera instancia, basan informes y solicitudes en historias clínicas y constancias médicas. La verificación de la autenticidad de los informes médicos para evitar estar en el ojo de la tormenta haría impracticable la defensa de imputados y condenados que transitan por el sistema de justicia.
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La Suprema Corte de Justicia inició un sumario al técnico forense que informó sobre el estado de salud del narcotraficante Juan Antonio González Bica, luego de que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, reclamara sobre la prisión domiciliaria otorgada al narcotraficante prófugo de la justicia desde agosto pasado. Como ya lo informara Caras y Caretas, González Bica obtuvo prisión domiciliaria luego de que la abogada que lo representaba y Matías Campero, procurador que trabajaba con ella y formalizado por el delito de estafa, presentaran en el juzgado de Crimen Organizado la historia clínica del imputado. Al mismo tiempo, el informe del Instituto Técnico Forense en base a la historia clínica incorporada al expediente concluyó que González Bica debía tener asistencia regular para su patología renal.
Luego de las protestas del ministro del Interior -que no incluyeron públicamente la solicitud de la propia Dirección Nacional de Libertad Asistida, repartición que pidió directamente a la jueza María Helena Mainard que permitiera a González Bica desplazarse de forma autónoma para asistir a su mutualista- la Suprema Corte de Justicia designó al ministro del Tribunal de Apelaciones de 3er Turno, José Gómez, la investigación administrativa sobre el forense que informó acerca del estado sanitario del imputado. Gómez también se hizo cargo de la instrucción a la jueza María Helena Mainard.
El informe del juez instructor de la Corte, José Gómez, recomendó el inicio del sumario al forense que se basó en parte de la historia clínica del imputado.
Fuentes consultadas por Caras y Caretas indican que el forense informa en base a la historia clínica que tiene relación con la patología que se debe informar a la Justicia sobre el imputado.
El juez instructor de la investigación señaló como una contradicción el hecho de que el forense primero solicitara la historia clínica completa del imputado y luego, a la hora de elaborar el informe final, solo utilizara la historia clínica parcial de González Bica.
Sin embargo, Caras y Caretas conoció que la situación en octubre de 2022, esto es, cuando el técnico forense ahora sumariado realizó la primera pericia a González Bica y requirió la historia completa, fue muy diferente a la situación de mayo pasado, cuando también debió informar sobre la situación sanitaria del imputado. En la primera pericia realizada en 2022 el técnico forense requirió la historia clínica completa porque sólo había contado con la entrevista al imputado, el examen físico y su expediente, y por eso solicitó la historia clínica para poder cumplir con la pericia.
Sin embargo, en la segunda oportunidad, esto es en abril de 2023, y que es la relacionada con la prisión domiciliaria del ahora prófugo González Bica, el técnico forense indicó que, a pesar de no haber contado con la historia clínica completa de González Bica enviada por el juzgado, contenía una serie de patologías que desde ya proporcionaban elementos clínicos de diagnósticos y tratamientos que ya eran información suficiente para cumplir con la pericia solicitada al ITF. Esas patologías indicadas en la historia clínica aportadas por el procurador formalizado por estafa, Matías Campero, ya requerían por sí solas especial atención médica, señaló el forense, según pudo conocer Caras y Caretas de la primera parte de la instrucción iniciada al técnico. El forense subrayó, además, en sus explicaciones al juez instructor José Gómez, que el expediente y la historia clínica procedían de la sede judicial y en principio no es lógico ni coherente cuestionar su veracidad.
La situación no es distinta a la de otro operador judicial que en mayo compareció junto a su cliente en fiscalía. Mientras era interrogado por el representante del Ministerio Público, el pie del imputado empezó a hincharse debido a la lesión que tenía por una bala recibida en esa zona de su cuerpo. El fiscal ordenó inmediatamente su internación en una mutualista de Montevideo, fue intervenido quirúrgicamente y, cuando lo dieron de alta, se presentó en fiscalía para continuar con su declaración que había quedado interrumpida. Meses después presentó una constancia que el fiscal indicó sería una constancia falsa. Los abogados del imputado sostienen que las defensas de los imputados no pueden ser responsables de la veracidad de cada documento y constancia médica, como en este caso, que les proporciona un cliente.
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