Negociación
Transcurridos cuatro meses del inicio de las negociaciones, de las 166 mesas, 133 solo registran cuatro reuniones realizadas con los empresarios de los distintos sectores y tienen, en general, una incertidumbre brutal porque en algunos casos los planteos son insuficientes y en otros casos se plantean retrocesos, debido a la intransigencia de parte de algunos empresarios”, dijo Díaz, quien participa junto a los trabajadores asalariados rurales en su mesa de negociación. Agregó que “mientras el Consejo Tripartito discute que exista una comisión para analizar especialmente el tema de la reducción de la jornada laboral, la Asociación Rural del Uruguay plantea, por su lado, pasar por encima de la ley de 8 horas N.º 18.441 de los trabajadores rurales y propone extender su jornada laboral sin pago de horas extras”. Con este panorama —que forma parte del escenario de los 550 mil trabajadores que se registran percibiendo 25 mil pesos—, “la ARU plantea estar en contra de los lineamientos del Poder Ejecutivo y pretende rebajar el salario en un sector de actividad que ni siquiera cuenta con beneficios como presentismo y antigüedad para sus trabajadores ni un set de útiles escolares para hijos de trabajadores rurales”. Díaz añadió que “es un sector que la ha hecho a paladas y sus trabajadores perciben los salarios más sumergidos del país”, y añadió que la explicación está porque “ese planteo tiene un alto contenido ideológico: de la estancia para adentro los trabajadores solo tendrán los derechos que ellos disponen”.
Podríamos decir, grosso modo —dijo Díaz—, que no solo no hay avances sino que hay un congelamiento en la discusión, punto que ya habíamos advertido sucedería antes de empezar, y por eso propusimos que se profundizaran las conversaciones en el Consejo Superior Tripartito, precisamente antes de que se abrieran las mesas de negociaciones. En ese sentido, el PIT-CNT continúa reclamando que el Consejo Superior Tripartito se reúna para evaluar el resultado que se está obteniendo a cuatro meses de iniciada la ronda. “Planteamos inicialmente que el Consejo Superior integrara nuestras aspiraciones a los lineamientos del Poder Ejecutivo y se nos bajó la persiana, se nos respondió que no había más tiempo y así se abrieron las mesas de negociaciones”.
Pocos acuerdos en los consejos de salarios
En resumen, empresarios y trabajadores no se están poniendo de acuerdo en cuestiones salariales —describió Díaz—, “menos en otros aspectos como seguridad, cuidados y salud mental”. Acerca de los ajustes de las franjas salariales, “tampoco hubo posibilidad de discutir en el Superior Tripartito este punto”, dijo Díaz. Cabe recordar que los lineamientos presentados por el Poder Ejecutivo establecen tres franjas salariales, con ajustes diferenciales en función del nivel de ingreso nominal. Para la primera franja hasta 38.950 pesos, comprendiendo aproximadamente el 30 % de los asalariados privados que laudan en los Consejos de Salarios del sector privado. La segunda franja, de 38.951 a 165.228 pesos, contempla al 64 % de los trabajadores, y la tercera franja, de 165.229 pesos en adelante, donde se concentra el restante 6 %. “Nuestro planteo era que no existan las franjas y ponderar los salarios más sumergidos de una forma distinta. Ese planteo no fue de recibo y no tuvimos la oportunidad de discutir; lo mismo con los ajustes.
Los lineamientos del Poder Ejecutivo plantean ajustes semestrales y “nosotros entendemos que deberían ser anuales”, dijo el vicepresidente del PIT-CNT, y añadió que “los lineamientos de ajuste del Poder Ejecutivo no acompañan el crecimiento de la economía. Nosotros decimos que no solo hay que acompañar ese crecimiento sino que existen actividades como el agro y la construcción que incluso pueden tener ajustes superiores a la proyección de crecimiento porque, en definitiva, de lo que estamos hablando es de que tiene que haber una mayor distribución de la riqueza. El agro, la construcción que mueve cerca de 1000 millones de dólares anuales, ¿es un sector que se tiene que ajustar el cinturón?”, se preguntó el dirigente.
El vicepresidente del PIT-CNT, Javier Díaz, subrayó que “existe una diferencia con el Gobierno de derecha cuando en las Rondas de Consejos de Salarios hubo rebaja salarial durante 60 meses, pero nosotros hemos reclamado que este Gobierno tenga una sensibilidad distinta con los trabajadores. Es un error que los gobiernos de izquierda y de derecha no determinen acompañar los salarios con el crecimiento de la economía porque los salarios están estrechamente vinculados con la distribución de la riqueza”. Acerca de si la discusión para gravar el 1 % al 1 % que percibe los mayores recursos quedó desactivada, Díaz respondió negativamente: “Estamos preparando asambleas abiertas en todo el país para que se discuta la aplicación de ese gravámen. Lejos está de descartarse la discusión sobre una mejor política distributiva”, indicó.
Alejandra Picco: Lo único que refleja el poder de compra es el IPC
Acerca de los ajustes salariales que tienen en cuenta la inflación para su cálculo, la directora del Instituto Cuesta Duarte, economista Alejandra Picco, dijo a Caras y Caretas que “lo que refleja el poder de compra y el costo de vida es el Índice de Precios al Consumo (IPC). Por eso los trabajadores reivindican que los correctivos en los Consejos de Salarios sean en base al IPC, porque es lo que refleja el poder de compra de una canasta de consumo representativa de los hogares uruguayos”, subrayó Picco. En la actual ronda de negociaciones, el Instituto Nacional de Estadística (INE) elaboró un primer indicador de inflación subyacente donde quitó algunos productos —frutas, verduras, combustibles y gas, que pesan 8 % en la canasta total—, con el objetivo de calcular la inflación subyacente sin tener en cuenta esos productos mencionados de mayor volatilidad. La explicación fue que hay momentos en los que frutas y verduras tienen mucha volatilidad, sus precios suben y si los ajustes salariales incorporan esa suba, terminan trasladándose en forma permanente al resto de los precios. Por eso la propuesta de estos lineamientos era que ese primer correctivo fuera esencialmente en función de la inflación subyacente, pero de cualquier manera se seguía refiriendo al IPC y al cabo de dos años se corregía en base a la inflación verdadera. Sin embargo, ahora se elaboró otro cuadro de otra inflación subyacente, con indicadores que no tienen en cuenta los productos administrados y tarifados. Por tanto, en total hay tres cálculos para la inflación, la del IPC, la inflación subyacente calculada en primera instancia y la segunda inflación subyacente publicada sin precios de productos administrados y tarifados. Así, con el segundo cuadro de inflación subyacente —dijo la economista del Instituto Cuesta Duarte— se quita de la canasta casi el 26 % de productos pero, dijo Picco, “esto altera mucho la canasta de consumo, porque entonces una cuarta parte de la canasta de consumo no aparece registrada”.
“Nosotros entendemos que es un nuevo indicador de inflación subyacente, complementario al anterior, para tener más información acerca de las presiones persistentes sobre los precios pero también entendemos y queremos creer que no se incorporará en la negociación porque cuando se presentaron los lineamientos ese indicador no existía”. “Los indicadores de inflación subyacente son útiles para la política pública y monetaria, para conocer dónde se encuentra la presión de los precios pero no representan lo que va pasando con el poder de compra y el ingreso de los hogares, por eso no debería incorporarse en la negociación”, dijo Picco. “Según la información que maneja el Instituto Cuesta Duarte, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene como objetivo incorporar el primer cuadro de inflación subyacente, pero nosotros no queremos que sea así, porque no refleja verdaderamente el poder de compra del salario”, concluyó.
