Los detalles que fueron surgiendo día tras día mostraron que desde varios meses atrás el hombre acosaba y perseguía a la madre de su hijo. La Justicia argentina ordenó ponerle tobillera, pero como no vivía allá nunca lo encontraron para colocársela. Vecinos del lugar lo vieron acampando sobre el techo de una propiedad lindera a la casa de su expareja. Allí permaneció varios días. Después regresó a Montevideo para terminar de pergeñar su plan homicida.
A principios de octubre viajó a Salto, alquiló una pequeña cabaña costera y durante unos días se dedicó a entrenar sobre una canoa con la que el miércoles 8 de octubre cruzó hacia la vecina orilla con la intención de matar a las dos mujeres y traerse al niño.
Escondió su auto en un lugar alejado y poco visible, y una noche, y sin ningún problema, emprendió la travesía desde un sitio donde la distancia entre ambas orillas es de unos 800 metros.
En Concordia ya lo esperaba Martín Palacios, el remisero, a quien conocía porque lo había trasladado otras veces. El jueves 9 la familia denunció su desaparición y ese mismo día el automóvil Toyota Corolla fue encontrado completamente incendiado en la Ruta de las Altas Cumbres de Córdoba y desató un voraz incendio forestal en la zona, luego de que se prendieran fuego en cadena otros trece vehículos. El desastre obligó a la evacuación preventiva de unos 130 visitantes y residentes de la zona, y causó la pérdida total de los 14 vehículos que estaban estacionados.
Palacios ya no conducía el vehículo porque Laurta lo asesinó poco después de ascender al vehículo y luego lo desmembró y escondió los restos en una zona cercana a Concordia. Aún se desconoce por qué lo mató.
En el Toyota llegó a Córdoba. Luego de incendiarlo, se fue a la casa donde vivían Luna Giardina (24 años) con su pequeño hijo y su madre, Mariel Zamudio (54 años). A la chica la baleó en su cama y a la madre en el patio trasero. Luego tomó al niño y estuvo un rato jugando a la pelota en la vereda.
Esa misma tarde secuestró al pequeño y viajaron hacia Gualeguaychú para pasar la noche en el hotel Berlín. Ante la desaparición del niño, la Policía emitió una alerta nacional de búsqueda y rescate. En la mañana del domingo la recepcionista del hotel se comunicó con el gerente para informarle que había recibido esa alerta en su Instagram y el hombre y el niño estaban alojados allí. Inmediatamente se dio aviso a la Policía, que montó un operativo y detuvo al hombre en la misma recepción.
En sus primeras declaraciones pretendió mostrarse como víctima de “una Justicia corrupta” y, en el colmo de sus desvaríos, aseguró que “era un mártir”. Este criminal seguramente reciba una condena no menor a 50 años de cárcel en Argentina, donde cometió los tres homicidios.
Cuando ya tenía por lo menos dos denuncias por violencia doméstica, Laurta se dio el lujo de dar por lo menos dos conferencias sobre comunicación en el Palacio Legislativo.
Varones Unidos fue la primera organización en asegurar que “muchas mujeres hacían denuncias falsas sobre violencia doméstica para lograr la tenencia de los hijos”. Este planteo creció entre muchos actores políticos que se oponen a la legislación de género. En realidad, hasta ahora solo se ha demostrado la existencia de dos denuncias falsas, y una de ellas era de un hombre.
En Maldonado "amigos son los amigos"
El 10 de enero del año 2018, el entonces intendente de Maldonado, Enrique Antía, firmó la resolución 00292/2018 por la cual se adjudicó, en carácter de “comodato” por el plazo de dos años, la vivienda individualizada con el Nº 11, sita en el padrón número 27.319, manzana M de Cañada Aparicio de la ciudad de Maldonado, a Mary Nellys Bermolen Muñoz. El decreto establece que “la Dirección General de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud remite las actuaciones para que se adjudique a la solicitante la vivienda que se indica, en razón de la situación de vulnerabilidad social constatada”.
Bermolen es una conocida militante nacionalista que hasta entonces residía en Aiguá, donde poseía una peluquería. Una vez en la capital departamental, instaló una importante peluquería en el centro de Maldonado. Casi al mismo tiempo logró ingresar al Municipio de Punta del Este por designación directa, donde cumple funciones actualmente.
Obviamente que una ciudadana poseedora de un negocio, de un automóvil con pocos años de antigüedad, que envía a su hijo a un colegio privado y que, según muestra en su muro de Facebook, concurre habitualmente a restaurantes puntaesteños, no se encuentra en situación de “vulnerabilidad extrema”, como exige la norma.
Ocurrió que, como la vivienda adjudicada no le gustaba a la señora, la Intendencia decidió cambiarla al complejo B75, ubicado en continuación avenida Aiguá, propiedad de la Agencia Nacional de Viviendas, pero que adjudicó varios apartamentos a la Intendencia de Maldonado para su administración. Pero la señora tampoco vivía allí, se había quedado su hijo ya mayor de edad. Ella se alojaba en un apartamento alquilado “por alguien” ubicado en un lujoso edificio de la avenida Roosevelt.
Desde el año pasado la JUTEP tiene abierta una investigación sobre este caso, pero, a consecuencia de la falta de recursos y del año electoral, no se ha podido avanzar.
Esta misma semana se conoció una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo referida a la vieja estación Ancap de Punta del Este y que abre la puerta a lo que podría ser el mayor juicio contra la Intendencia de Maldonado. La sentencia publicada por el diario Correo de Punta del Este, a la que también tuvo acceso Caras y Caretas, establece que “el 12 de agosto de 2025, el TCA rechazó las excepciones previas presentadas en el litigio contra la desafectación como Monumento Histórico Nacional de una parte del padrón 11.493, donde se ubica la ‘vieja estación de Ancap’, actualmente sede del municipio, ubicado en Avenida Gorlero y calle Las Focas”.
En el año 2023 el Ministerio de Educación y Cultura, a cuyo frente estaba Pablo Da Silveira, dictó la Resolución 1318/2023 retirando la protección histórica a este padrón, parte de la antigua manzana 7. Esto abrió la puerta a un cuestionado remate en el que el empresario Daniel Zulamián, hombre muy vinculado al Partido Nacional, fue el único oferente y compró el lote a Ancap por el precio base. En muy poco tiempo Zulamián logró que la Junta Departamental le aprobara varias excepciones a la norma para construir un edificio con más pisos de los establecidos por las ordenanzas, en el que también funcionará un hotel.
La obra marcha a toda máquina. Pero los vecinos propietarios en varias torres a la redonda consideran que esta obra los afectará en sus derechos y es un cambio sustancial de las condiciones por las cuáles decidieron invertir importantes sumas.
Si esta resolución del TCA se mantiene firme, van a ocurrir dos cosas. La primera es que los vecinos ya anunciaron que están dispuestos a seguir todas las instancias hasta plantearle a la Intendencia lo que podría ser el mayor juicio de toda su historia. Y la segunda es que, con este antecedente, la Intendencia ya no podría otorgar permisos de construcción que, a consecuencia de sus excepciones, provoquen daños a los propietarios vecinos. Aunque nadie lo perciba ahora, esto sería un cambio histórico en el desarrollo de Punta del Este.
Los blancos acusan a un jefe de Policía preocupado
El comisario general (r) Paulo Costa, jefe de Policía de Colonia, será recordado en el tiempo como el primer jefe que expresa públicamente su preocupación por el lavado de dinero. En una entrevista publicada por La Diaria, Costa dijo: “Nosotros vemos que en Colonia existe cierta pasividad para darse cuenta de algunas situaciones que llaman la atención con el manejo del dinero, con inversiones que se realizan, y creo que la entrada en vigencia de la Ley de Urgente Consideración en el período de gobierno pasado, que flexibilizó los controles para el desembolso de dinero, fue una puerta abierta para eso”.
En el marco de la lucha contra el lavado de activos en la que, según han dicho, todos los partidos coinciden, la preocupación del jefe de Policía debería ser atendida. Pero no. Los legisladores blancos de Colonia fueron los primeros en criticar a Costa. La senadora María dijo en Radiolugares que le parecía increíble que el jefe policial dude de las inversiones que llegan al departamento. “Un departamento que viene trabajando seriamente para tener inversiones, no puede ser que un funcionario que representa a la seguridad genere prejuicios al poner en tela de juicio esos flujos de dinero”. En la misma emisora radial el diputado Mario Colman rechazó que el jefe policial genere “un manto de sospecha sobre las inversiones del departamento. Tales apreciaciones no ayudan en un contexto de retracción económica y cierre de empresas, y si Costa posee elementos concretos debe llevarlos a la Justicia en lugar de divulgarlos en medios”.
Por su parte el senador Javier García dijo que “el jefe de Policía de Colonia hace declaraciones públicas donde, por un lado, siembra un manto de dudas al afirmar que existen inversiones sospechosas y que las autoridades son pasivas frente a ellas. Es decir, notoriamente manifestaciones políticas, que las tiene vedadas. Los jefes de Policía no son comentaristas de leyes, y mucho menos comentaristas políticos”, señaló.
Los tres olvidaron que a principios del 2021 Enrique Antía, intendente de Maldonado, dijo públicamente que no era su tarea combatir el lavado de dinero. “Mi tarea es conseguir trabajo para los maldonadenses. Que del lavado se ocupe el Gobierno central”.
Los dirigentes políticos recurren a un viejo discurso que ha terminado inficionando a las administraciones: “La plata no tiene color ni bandera y acá queda en ladrillos”. Este discurso lo han comprado hasta los trabajadores de la construcción preocupados por sus fuentes laborales.
Nada es como parece
El caso de los asesinatos en Córdoba mostró una vez más las dificultades que tiene el Estado para coordinar sus acciones cuando de defender a una víctima se trata. Por ejemplo, no existe un registro único donde figuren aquellos que, o han sido formalizados o tienen medidas alternativas por ejercer violencia de género. Tenemos leyes, organismos, funcionarios dedicados en todo el país. Nada ni nadie pudo evitar una muerte anunciada.
Por otro lado, Laurta mostró lo fácil que es cruzar la frontera acuática por el litoral. Fácil acá y allá. Si él pudo sin que nadie se percatara, ¿cuántos narcos, contrabandistas, delincuentes peligrosos pueden hacerlo?, ¿cuánta droga puede pasar?, ¿cuánto dinero para lavar?
Sistemáticamente todas las autoridades desde hace años refieren el problema. Pero las soluciones no llegan.
Que Maldonado está dominado por la cultura que generó la corrupción es algo tan evidente que ni demostración precisa. Sin embargo, muchos que tendrían cómo, no solo no hacen nada, sino que hasta lo comentan como una gracia.
Se vota una ley para reglamentar el ingreso a las intendencias, pero nadie propone una norma para combatir eficientemente a los corruptos que usan el poder para beneficiarse. En las declaraciones públicas todos dicen estar convencidos de que se debe combatir el lavado de activos. Pero esa convicción se acaba cuando le toca a uno de los suyos.
Por eso está claro que nada es como parece.
