Un plan que desconoce la realidad

Luego de una introducción de Heber, el documento se divide en un capítulo sobre Prevención integral del delito; luego un Cronograma, el siguiente trata sobre Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva subdividido a su vez en 4 subcapítulos: Sistemas de Información; Prevención Social y Comunitaria; Prevención policial y Prevencion terciaria. El quinto capítulo refiere a Propuestas en Ejecución. Incluye un anexo donde se cita amplia bibliografía de expertos en seguridad nacionales y extranjeros, así como informes de organismos internacionales.

Uno de los temas más controversiales es la propuesta del Partido Colorado, con apoyo del Ministerio del Interior, para crear durante el próximo gobierno un Ministerio de Justicia, Esa cartera estaría a cargo de las políticas denominadas de prevención terciaria, asó como de la promoción de los derechos humanos incluyendo al sistema penitenciario y al sistema de penas alternativas.

El documento expresa que “según el modelo de salud pública, la prevención terciaria engloba todas aquellas acciones que buscan prevenir la comisión de delitos por parte de personas con antecedentes por comportamiento violento. Ello incluye el encarcelamiento y la pérdida de libertad, las políticas de tratamiento y rehabilitación, las penas alternativas y otros modelos de mediación o reparación entre víctima y victimario”.

Finalmente propone elaborar un proyecto de ley que sería considerado en la próxima legislatura.

En junio de 2021 el comisionado parlamentario para Cárceles, Juan Miguel Petit, dijo a El Observador que “hasta que no haya un Ministerio de Justicia que realmente pueda negociar los recursos para la administración de la ejecución penal mano a mano con los demás ministerios, la administración carcelaria, el INR, va a ser un organismo mendicante, que va a practicar la mendicidad con los otros poderes del Estado, donde les va a decir ‘necesito 20 médicos’ y le van a contestar ‘te damos 2’, y se van a seguir arreglando con muy poquito”.

Por entonces Petit ya se había reunido con el presidente Luis Lacalle Pou para presentarle la propuesta de creación de este ministerio, que hasta ahora no fue tratada.

En tanto el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Uruguay, Juan Fagúndez, publicó en su cuenta de Twitter un cuestionamiento a la creación de un Ministerio de Justicia.

“El Poder Ejecutivo debe mantenerse especialmente lejos del Poder Judicial. No disfracen lo que verdaderamente se necesita para tapar un monstruo ideológico que termine con el prestigio cuestionado del Poder Judicial”, escribió Fagúndez y agregó: Hay que cambiar, sí, pero para mejorar la República, no la ineficacia que por sí sola crece, sin necesidad de un Ministerio. Todos quieren ser juez y parte, cuando no tienen la capacidad ni el conocimiento necesario, y mucho menos la humildad como para dedicarse a tan elevada tarea. Espero que quienes dignamente quieran y sepan sobre esta cuestión, detengan este inmerecido circo y se pongan a trabajar para crear un país serio, con justicia, con profesionalidad, sin politiquería, dejen de sanatear. Sean serios”, reclamó el abogado penalista. A la vez calificó a la cartera como una de las “más fascistas del régimen” dictatorial.

Por su parte, el fiscal Carlos Negro se mostró de acuerdo con la iniciativa tratada por la comisión interpartidaria de expertos en seguridad, y tuiteó: “Seguimos pensando que estos son los debates serios que nos debemos quienes estamos vinculados a la Justicia penal. El consenso reunido en el documento presentado por el Ministerio del Interior días atrás es de los trabajos más serios que se han elaborado desde lo político en materia de seguridad”.

Negro dijo a Montevideo Portal que “todos los organismos y poderes del Estado estuvieron intervenidos por el poder de facto y no solo el Ministerio de Justicia. No es muy serio argumentar desde allí contra la creación de una cartera, que, por cierto, no fue un invento militar como no lo fueron los puentes sobre el río Uruguay ni la represa de Salto Grande. Solo usaron las ideas de ‘puentes’, ‘represas’ y ‘ministerio’. Ningún abogado podría pensar que los países con ministerio de Justicia (todos) no son democráticos o no cuentan con separación de poderes. Por todo ello, debatamos seriamente dejando de lado los prejuicios”.

Vuelve la Policía Comunitaria

Todos los partidos políticos, menos el Frente Amplio, apoyan la creación de una Policía Comunitaria orientada a atender problemas de seguridad integral. Fue en 1998 cuando el entonces ministro del Interior colorado, Guillermo Stirling, alentó la creación de la Policía Comunitaria como forma de acercar la institución a la ciudadanía.

El plan tuvo resultados muy diversos, porque no se implementó igual en todos lados y porque la sociedad estaba cambiando.

La idea añeja del “milico del pueblo” que atendía servicialmente y con autoridad personal los problemas suscitados en su vecindad ya no coincidía con el aumento de la actividad delictiva y nuevos problemas como lo son el tráfico y consumo de drogas.

El plan aprobado ahora incluye la capacitación a través de la Dirección Nacional de Educación Policial, la formación de referentes en todas las unidades policiales de todo el país y la creación de una Unidad de Seguimiento que supervise y brinde apoyo técnico a los referentes.

La idea motora de este proyecto es prevenir el delito.

Gabinete de seguridad integral

La propuesta de crear un Gabinete de Seguridad Integral tuvo el apoyo de todos los partidos políticos. Refiere a la “creación de un organismo en el que participen las principales instituciones del Estado con incidencia en las causas subyacentes del delito”. Sus miembros serían Presidencia, ministerios del Interior, de Desarrollo Social, de Vivienda, de Educación y Cultura, ANEP y la Secretaria de Inteligencia Estratégica del Estado.

El proyecto sugiere darle respaldo legal, financiamiento y una secretaría técnica.

Junto con esta propuesta y para vincular a este gabinete con la realidad se sugiere la creación de Consejos Barriales y Centros de Atención Integral. Estos ayudarían a “dar respuestas locales para problemas locales”.

El modelo a seguir sería el Consejo de Casavalle del Plan Cuenca del Casavalle. Cada organismo debería acordar diferentes respuestas policiales con el Ministerio del Interior, que tendría la presidencia. Pero también distintas acciones con el Mides y el Ministerio de Vivienda, con el MEC y ANEP y ASSE.

Curiosamente en ninguna instancia se menciona a las intendencias.

Un plan de escritorio destinado al fracaso

La sociedad debería congratularse de que por una vez todos los partidos políticos acuerden una política de Estado, ahora en materia de seguridad.

Sin embargo, de la atenta lectura del documento surgen dudas, interrogantes y cuestionamientos.

El planteo comienza con una falacia: el ministro Heber sostiene en la introducción que “desde marzo de 2020 el Ministerio del Interior ha llevado adelante un combate frontal que ha rendido frutos”.

Frutos que según las encuestas el ciudadano no percibe ya que la seguridad continúa siendo el mayor problema para los uruguayos.

Tanto Jorge Larrañaga como Luis Alberto Heber cometieron el error de partidizar el problema de la inseguridad y se han preocupado mucho en comparar y difundir números que en el fondo no dicen nada. Si hubo 300 o 400 rapiñas menos, en 10.000 no disminuye la preocupación de la gente, que por otro lado asiste al crecimiento de crueles homicidios o femicidios.

Vale recordar que de acuerdo a un informe de la Comisión Andina de Fomento del año 2014, Uruguay es el país de las Américas con más policías cada 100.000 habitantes, exactamente 876,4. En proporción, tenemos más policías que México, Brasil, EEUU y Guatemala, países con índices criminales más altos que Uruguay. Esa proporción no ha cambiado hasta hoy.

Por otro lado, se han destinado millones de dólares para instalar una infraestructura de cámaras de videovigilancia, que en honor a la verdad sirven a la Policía y a la Justicia para aclarar delitos, pero no a los ciudadanos para prevenirlos.

Pero hay un problema mayor. En la Policía subsisten importantes bolsones de corrupción y ya no entre los efectivos de a pie, sino entre las jerarquías, como lo demostró recientemente el caso Astesiano.

La inoperancia de Heber quedó manifiesta en esta instancia. ¿Cómo se pretende ahora que el ciudadano confíe en que esos policías no los van a vender cuando identifiquen delincuentes en los Consejos Vecinales o ante el policía comunitario?

Esto se manifiesta hoy en muchísimos casos. Por ejemplo, mucha gente que no quiere declarar en Fiscalía para no ser objeto de represalias.

Además, se crean organismos que sustituyen a algunos ya existentes o simplemente nuevos, que exigirán más burocracia y recursos financieros.

Por si fuera poco, se desconoce el papel de las intendencias, principales referentes territoriales.

Este proyecto otorga más potestades al Ministerio del Interior, vincula a más gente con tareas de seguridad y parece ser un lento camino hacia la creación de un Estado policial.

Finalmente se desconoce una realidad: el delito crece porque no se le da a la gente una vida digna, hay barrios que viven entre la mierda y el orín desde hace 60 años. Tampoco un trabajo digno, porque no es digno trabajar por 20.000 pesos al mes.

No ha sido digno promover la segmentación social, poniendo los mejores recursos al sur de avenida Italia y desconociendo el norte. No es digno promover educación privada para ricos y escuela pública para pobres. No es digno tolerar la ocupación del territorio por barrios privados encerrados entre rejas y muros.

Nuestro país creció con otro modelo de integración social.

Mientras el sistema político no reconozca estas indignidades y su responsabilidad, se podrán hacer preciosos planes consensuados, pero los resultados que necesita la gente no llegarán.