Por: Tormenta de ideas
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Entre BCU y BROU el Uruguay tiene un exceso de 30 mil millones colocados en instrumentos líquidos en dólares, la mayoría de ellos emitidos por el Gobierno o bancos estadounidenses.
Estos activos tienen como contrapartida pasivos emitidos localmente, en su gran mayoría depósitos bancarios en dólares y Letras de Regulación Monetaria en Pesos emitidos por el BCU. De modo que la estabilidad del sistema bancario, el tipo de cambio y la deuda pública están atados al buen manejo de esas reservas.
Hoy el país se encuentra ante una coyuntura histórica que nunca antes enfrentó. En un mundo que se fragmenta en dos grandes bloques visibles, Uruguay depende para las exportaciones de bienes cada vez más de ese bloque que podemos asociar a los BRICS, y para sus finanzas del bloque dólar u occidental (el euro es, a esta altura, un apéndice del sistema monetario occidental, por lo que no se puede considerar como alternativa efectiva en esta coyuntura).
En pocas palabras, tenemos un pie en cada bloque. Y esto es estructural, sobre lo cual es poco lo que un gobierno puede hacer, más que administrar la situación de la mejor manera posible.
Todos los días observamos que el dólar y todo el sistema de pagos y ahorro que gira a su alrededor se convierte cada vez más en un instrumento de guerra económica. Eso deja a nuestro país siempre a un paso de ser sancionado en caso de tomar una decisión de política exterior que no sea del agrado de los Estados Unidos.
Los mercados toman nota de esto, y por eso la inversión inmobiliaria mantiene su dinámica, algo que hoy está beneficiando a la franja costera de Uruguay. Quizás el principal indicador de esta incertidumbre sea el precio del oro, que ha alcanzado niveles históricos.
Frente a esta coyuntura en la cual tenemos poco margen de acción, quizás de las pocas medidas que se puedan tomar es sustituir algo de dólares líquidos por tierra. Esto es lo que están haciendo las grandes familias europeas y americanas, ¿por qué no lo podría hacer el Estado uruguayo?
Ya sabemos que el episodio María Dolores marcó el límite político que tiene la adquisición directa de tierras por parte del Estado uruguayo. Ante ello, el sustituto más cercano a esa política es favorecer que el sector productivo nacional pueda aprovechar la coyuntura para hacerse de más tierras cuando la coyuntura lo permita. Me refiero a los frigoríficos nacionales, acopiadores de granos y grandes productores. Ni más ni menos lo que hizo el primer gobierno de Lula, que facilitó el crecimiento de 2 gigantes agroalimentarios con ayuda de créditos del BNDES.
Algo de esto ya se estaba haciendo cuando el BROU aprobó el año pasado una línea que permitió a ADP adquirir las tierras que vendió el grupo argentino Pérez Companc. La tierra queda en garantía del BROU, el único activo que el banco ha probado poder recuperar adecuadamente, por lo que le da la seguridad adecuada a sus depositantes. Y esa tierra permite a grupos empresariales nacionales probados crecer en economías de escala, eficiencias, y por qué no capitalizarse, que es una condición sine qua non para liberar más inversión productiva.
En suma, disponer de una línea de 500 millones para que el BROU financie a empresarios bien calificados la compra de tierras no alteraría para nada las finanzas del banco o del país. En todo caso nos prepararía mejor para un mundo turbulento donde la comida siempre va a valer, y, como nos enseña Groenlandia, la guerra por el control de la tierra no es cosa del pasado.
Esto no es para andar haciendo anuncios. Es para decirle al empresariado nacional, a sotto voce, cómo se hacen en todo lugar y en todos los tiempos las verdaderas políticas públicas.