El sistema político sigue reaccionando ante el impacto de la denuncia que presentó la fiscal Gabriela Fossati por difamación e injuria, especialmente por la forma en que afecta a la libertad de expresión, y se pliega a los nefastos procesos de judicialización de la política. En esta jornada (miércoles 1 de marzo), la Mesa Ejecutiva de la Vertiente Artiguista (Frente Amplio) hizo pública su posición sobre este tema, y manifestó su apoyo a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMECaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Este colectivo político expresó en un comunicado "su total respaldo con relación a las valoraciones que ha merecido la actuación de la Sra. Fiscal Gabriela Fossati".
Estas acciones, se subrayó, "distraen la atención del hecho grave de este caso (caso Astesiano), que es la asociación para delinquir registrada en la cúpula del gobierno, en el entorno de la Presidencia de la República.
El "protagonismo mediático" de la fiscal Gabriela Fossati en el controvertido caso de Alejandro Astesiano, excustodio presidencial, "ha estado lejos de garantizar a la sociedad la ecuanimidad y transparencia con la que debe actuar".
La Vertiente señaló enfáticamente: "Nos llama la atención, las acciones emprendidas por la Sra. Fiscal respecto a denuncias por difamación e injurias emprendida contra Fernando Pereira, y el Director de Caras y Caretas por opiniones vertidas respecto a este llamativo accionar suyo en el caso Astesiano y ahora contra Gustavo Leal".
En este contexto, la Vertiente llamó la atención sobre la forma en que estas acciones de Fossati afectan a la libertad de expresión. "Hay valores que tenemos que preservar -se expresó en el comunicado-, la libertad de expresión es un rasgo que identifica al Uruguay, tanto d sus medios de comunicación como de los partidos políticos, con los distintos roles que desempeñan para la democracia".
Por último, se marcó la preocupación por el riesgo que entraña la judicialización y el lawfare, dos problemas que han afectado a los sistemas políticos de otros países de la región. "Creemos en los valores de quienes representan nuestras instituciones, eso no quiere decir que no nos preocupe la judicialización de la política. Asimismo, advertimos que Uruguay está en condiciones de no caer en casos de lawfare (politización de la justicia) como ha sucedido en otros países de la región".
Dejá tu comentario
Te puede interesar