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Bajo sospecha

Portabilidad Numérica: Gobierno adjudicó contrato a consorcio que no existe

El presidente de Antel, Gabriel Gurmendez, anunció esta semana que la empresa estatal deberá abonar al consorcio unos US$ 365 mil para poner en marcha la portabilidad numérica.

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La decisión del Ejecutivo de seguir adelante con la portabilidad numérica sigue generando polémica ante la decisión del pueblo uruguayo de habilitar un referéndum contra los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC).

Este martes, el portal de M24 publicó que el Comité de Portabilidad Numérica sorpresivamente le otorgó una prórroga al consorcio ganador, ya que aún no está constituido. El director en representación del Frente Amplio de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) se opuso a que pudiera participar en el llamado.

El 15 de setiembre el Comité de Portabilidad Numérica resolvió que el consorcio conformado por la empresa brasileña Cleartech y la uruguaya Cietel, que administre la base de datos de telefonía móvil.

La convocatoria establecía que un consorcio -en caso de ser seleccionado- tendría 30 días para presentar el contrato de consorcio. Sin embargo, la resolución aprobó que tenga una prórroga de 45 días del plazo «para presentar el Contrato de Consorcio con las formalidades legales correspondientes», asegura M24.

Actualmente el consorcio ganador del llamado «no está constituido», no tiene RUC ni está inscrito ante el Banco de Previsión Social (BPS). En el llamado estuvo representado por Álvaro Tringolo, del estudio de abogados de Carlos Delpiazzo, quien fuera ministro de Salud Pública en el gobierno de Luis Alberto Lacalle y luego senador blanco.

Pablo Siris, director frentista en Ursec, dijo a M24 que él tiene «una situación discrepante con la mayoría del Directorio», y que votó en contra «de que se permitiera que participe una empresa que no estuviera conformada, entre otras cosas porque temía que sucediera algo como lo que a la postre ha sucedido».

La resolución plantea que se otorga una prórroga debido a que «el funcionamiento de los organismos públicos aún se encuentra en proceso de normalización atendiendo al estado de emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país».

El presidente de Antel, Gabriel Gurmendez anunció esta semana que la empresa estatal deberá abonar al consorcio unos US$ 365 mil para poner en marcha la portabilidad numérica.

La Ley de Urgente Consideración (LUC) estableció la portabilidad numérica para telefonía móvil. La medida pretende brindar a los usuarios la posibilidad de cambiar de prestador sin perder el número de teléfono. Este artículo, al igual que otros 134, es objetado por quienes promovieron el referéndum.

El Comité de Portabilidad Numérica, está integrado por representantes de la Ursec, de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, y de las empresas Antel, Claro y Movistar.

Según informó el semanario Brecha en junio, la empresa Inetum España SA presentó un recurso administrativo, cuestionando su bajo puntaje y que se haya seleccionado a Cleartech – Cietel SA, siendo que «no acreditó la experiencia en materia de portabilidad numérica», incumpliendo lo establecido por el pliego.

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