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Honda preocupación de trabajadores del INAU ante desmantelamiento de áreas de Primera Infancia

Se trata de profesionales y especialistas en Primera Infancia, que ingresaron a través de concursos públicos y abiertos, que cuentan con muy buenas evaluaciones de desempeño y algunos trabajan desde hace más de diez años, a través de renovaciones sucesivas de contratos a plazo, que cumplen una función pública sin contar con los privilegios de la misma.

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En un comunicado emitido este jueves las trabajadoras y trabajadores de INAU contratados para el fortalecimiento del trabajo que se desarrolla para la Primera Infancia, expresaron honda preocupación ante la Resolución tomada el 28 de octubre por el Directorio de INAU respecto a la desvinculación laboral de 29 trabajadores , lo cual pone en franco riesgo las líneas estratégicas que se vienen desarrollando en relación a la atención y educación de niñas, niños y familias, y las políticas públicas destinadas a las mismas.

La misiva indica que la decisión llega a menos de un mes de finalización de los contratos, sin una planificación ni tiempo para la reorganización. Destacando, además, que se toma sin que consten criterios de evaluación o  fundamento más allá que estas funciones no serían “necesarias” ni “imprescindibles”, según consta en la Resolución 2608/2020. Estas bajas implican el 73% de los recursos humanos para el fortalecimiento de las políticas públicas de primera infancia, amenazando la calidad de la atención a niñas y niños.

En su conjunto, estos trabajadores (especialistas en desarrollo infantil, trabajo social, psicología, psicomotricidad, sociología, educación, derecho, contabilidad, economía y políticas públicas) realizan tareas vinculadas a los centros CAIF, CAPI, Nuestros Niños, Casas Comunitarias de Cuidado, Siempre y Espacios para el Cuidado de Hijos de Estudiantes, en el marco de la atención integral, promoción y protección de derechos, así como en la única formación pública de educadores y educadoras de primera infancia (0 a 3 años).

Los trabajadores sostienen que mediante esta decisión se les quita apoyo técnico a los equipos de atención a la primera infancia y a las organizaciones de la sociedad civil que los gestionan, el apoyo técnico a la Supervisión de los centros, el apoyo a los equipos de centros y el fortalecimiento institucional de la Primera Infancia. Paradójicamente, se toma la decisión de prescindir del 73% de estos trabajadores de Primera Infancia, al tiempo que se integran unos 400 centros más a la órbita del INAU (mediante la Ley de Urgente Consideración se encomienda al Instituto la autorización, supervisión y orientación de centros infantiles privados).

De hecho, las declaraciones públicas del Presidente de INAU han ido en la línea contraria. Por ejemplo, en rueda de prensa el 18 de junio de 2020, señaló que “no habrá recortes”. Sobre la Primera Infancia ahondó en la necesidad de “supervisar la educación en Primera Infancia” y que para supervisar “todos los centros privados de educación infantil, van a estar los recursos”.

Entonces, ¿qué es, según dicha Resolución, lo innecesario?
Veamos en los hechos: a) el fortalecimiento de la sociedad civil gestora de 500 convenios; b) el fortalecimiento a educadores y técnicos de CAIF, CAPI, Centros “Nuestros Niños”, SiEmpre, Espacios de Cuidados para Hijos de Estudiantes, Casas Comunitarias de Cuidados, Centros de Protección de 24 horas y Centros Privados; c) apoyo técnico al equipo de supervisión de estos centros; d) formación permanente a equipos en temáticas como desarrollo y educación, prevención de la violencia, inclusión educativa, entre muchas otras; e) el Programa Parentalidades comprometidas, que trabaja en el fortalecimiento de las competencias parentales, la prevención de la violencia, la promoción de los buenos tratos y el involucramiento corresponsable de varones en la crianza y los cuidados, en
centros de Primera Infancia y en Centros 24 horas; f) la supervisión a la Formación Básica y la tecnicatura de Educadores en Primera Infancia; g) la gestión financiera de la ejecución de los programas con organismos internacionales BID y PNUD; h) relevamientos estadísticos, monitoreo, evaluación y análisis de datos de la política en Primera Infancia; i) la producción de conocimiento, publicaciones de orientación metodológica, la elaboración conceptual para la política y el trabajo con la primera infancia; j) la gestión de la apertura de nuevos CAIF, Casas Comunitarias de Cuidados, Espacios para Hijos de Estudiantes y centros vinculados a sindicatos y empresas; entre otras tareas y líneas de trabajo.

El comunicado continúa, mencionando algunos resultados del trabajo, más de 6.000 personas formadas en atención y educación en primera infancia en CenForEs y 301 maestros y psicólogos actualizados en primera infancia; más de 10.000 trabajadores capacitadas en prevención de violencia y maltrato, más de 3.000 en desarrollo y lenguaje; más de 970 familias participaron del programa Parentalidades Comprometidas; más de 200 Organizaciones Sociales
capacitadas para la gestión de los centros.

¿Será entonces que estas áreas de trabajo realmente son prescindibles?
Es relevante mencionar que la disminución de los recursos enfocados en la mejora de la calidad de la atención es un ahorro en el corto plazo que implica una pérdida económica al mediano y largo plazo: cada dólar invertido en políticas destinadas a los primeros mil días de vida, da lugar a un retorno de hasta US$ 17 (Heckman, 2008). Esto se logra disminuyendo los índices de violencia y criminalidad, las dificultades en el desarrollo infantil y reduciendo las desigualdades. Así, invertir en esta etapa, constituye una apuesta para toda la vida de estas personas, pero también para toda la sociedad, el cumplimiento de derechos del niño y el desarrollo infantil.

Asimismo el texto destaca que con esta Resolución sólo quedarían 8 técnicos para el desarrollo de las tareas mencionadas (fortalecimiento, calidad, entre otras), con más de 930 centros, donde se desempeñan más de 12.000 trabajadores en atención de unos 80.000 niños, niñas y familias; así como la formación de educadoras y educadores y técnicos.

¨Ante este debilitamiento de la política pública para la primera infancia queremos informar a la población de esta situación y de las consecuencias para la sociedad en su conjunto. Nos encontramos, además, abocados a que las autoridades del INAU revean la resolución, se comprenda la necesidad de los recursos humanos y se valore el capital humano formado y con experiencia institucional¨ concluyen los trabajadores.