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La coalición multiderechista llegó al poder anunciando en incontables ocasiones auditorías que abrirían la caja de Pandora y que no alcanzarían las cárceles para encerrar a los criminales frenteamplistas; pero hasta ahora quienes están yendo tras las rejas son integrantes de sus propias filas, mientras que otros han zafado por milímetros o están a la espera de un fallo judicial.
Recordemos algunos casos.
En abril, la policía de Salto realizó un operativo para desarticular una banda de abigeos y se llevó una sorpresa al comprobar que tanto el alcalde del municipio Rincón de Valentín (por el Partido Colorado) como su hijo eran integrantes de aquella.
En mayo, el diputado suplente Nicolás Ortiz (Ciudadanos) fue imputado por explotación sexual de menores en el marco de la Operación Océano.
El intendente de Soriano, Agustín Bascou (Partido Nacional) fue formalizado en 2020 por haber vendido ganado que había puesto como garantía ante el Scotiabank por deudas cercanas a los 400.000 dólares. También tuvo problemas por librar cheques sin fondo y realizar compras directas desde la intendencia a dos estaciones de servicio de su propiedad. En agosto, la Justicia lo formalizó nuevamente a raíz de una denuncia realizada por el Banco República en diciembre de 2017, por haber dispuesto de granos y ganado que estaban en prenda como parte de pago de un crédito. La garantía era por más de dos millones de dólares.
En julio, la Junta Departamental de Río Negro aprobó el pase a la Fiscalía de Fray Bentos y a la Jutep de las actuaciones en torno a las acciones del diputado blanco Omar Lafluf, ya que cuando era intendente compraba combustible en forma directa en una estación de servicio perteneciente a su propio hermano y al arquitecto Guillermo Bordoli, director de Obras de la intendencia y que también fuera candidato a diputado por el Partido Nacional.
En Artigas, Pablo Caram (Partido Nacional) fue reelecto, pese a estar pendientes de resolución judicial las denuncias por corrupción, nepotismo e irregularidades en licitaciones. Entre otras acciones, creó un cargo que no existía para colocar en el mismo a su sobrina Valentina Dos Santos. También acomodó a su pareja, Karolina Gómez, y a sus primos, Rodolfo y Manuel Caram, en cargos de dirección. La exintendente de Lavalleja Adriana Peña también había practicado el nepotismo en nombre del Partido Nacional.
En cuanto a las licitaciones, la Jutep estableció que Caram “violó los principios de probidad, legalidad y transparencia”. Entre otros casos, se encontró que su administración adjudicó licitaciones a tres empresas vinculadas a funcionarios de la intendencia por un monto cercano a los cuatro millones de dólares.
En junio, en Mercedes. Oscar Daniel Fracuelli Fernández, edil de la lista 22 del Partido Nacional (que llegó a dirigir la Junta Departamental) fue formalizado por haber abusado de su hijastra, junto al abuelo de la niña y la complicidad de la madre, desde que la víctima tenía 8 años o menos.
En setiembre, el general (r) Guido Manini Ríos, que había prometido no ampararse en ninguna clase de fueros, tras ser convocado por la Justicia para declarar por no haber informado los crímenes confesados por un camarada de armas ante un tribunal de honor, cambió de opinión y se atrincheró en su banca.
En octubre, en Cerro Largo, Pablo Cáceres Pereira, que encabezaba la lista 195 del Partido Nacional a la Junta Departamental, fue enviado a prisión por amenazar, agredir y lesionar a su pareja. El dirigente ya tenía un antecedente penal por apropiación indebida.
En noviembre fue formalizado el exdiputado por Colonia Edmundo Roselli (Partido Nacional) por cuatro libramientos de cheques sin fondo y nueve violaciones de ley de prendas. Los damnificados son el Banco República y varios particulares.
Comenzando diciembre, los inspectores municipales de Salto requisaron el auto y le retiraron la libreta de conducir al diputado de Cabildo Abierto Rodrigo Albernaz, ya que conducía con 0,71 gramos de alcohol por litro de sangre. Al principio se negó a que le realizaran la espirometría, metiendo por delante su condición de diputado, lo cual originó una discusión con los funcionarios; pero finalmente pudieron hacerla.
A fines de noviembre murió Ariel Blanco, quien conducía una moto llevando a un acompañante y fue embestido por el vehículo del edil del Partido Nacional Hugo Suárez, quien tenía, exactamente, el doble de alcohol en la sangre que Albernaz.
A ellos se sumó, en tan solo un mes, el presidente de la Junta de Cerro Largo, detenido y condenado por pagar a un menor de edad para tener sexo. Gustavo Viera, del Partido Nacional, fue condenado a dos años y medio de prisión (tras un acuerdo en juicio abreviado para evitar el juicio oral) por un delito de retribución o promesa de retribución a adolescentes a cambio de relaciones sexuales.
En febrero de 2021, Pablo Gallo, que fuera edil por el Partido Colorado en Maldonado, fue condenado a 12 meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba por haber maniobrado con terrenos en La Juanita, cayendo junto con él el escribano Ángel Teodoro Ferraz Techera. Ambos habían falsificado documentos para vender los terrenos de manera fraudulenta. El político colorado tenía antecedentes por contrabando (1997), violencia doméstica (1999) y violencia privada (2012). Protagonizó otros escándalos, como el intento de evitar pagar una multa cuando conducía borracho y la agresión al edil frenteamplista Roberto Airaldi.
Pocos días después, otro miembro de la coalición multicolor fue procesado con 120 días de prisión preventiva por un delito continuado de violencia privada, uno de lesiones personales, uno de daño agravado, dos delitos de agravio a la autoridad y un delito de violencia privada agravada. Todos en reiteración real. Se trata del edil suplente del Partido Nacional Santiago Pettuto, detenido por agredir y amenazar a funcionarios de la Intendencia de Durazno por no cargarle nafta gratis.
A fines de marzo, en Dolores, el arquitecto y alcalde Juan Andrés Oronoz fue condenado a seis meses de prisión efectiva y seis más de libertad vigilada. El político del Partido Nacional había contactado a un menor para obtener fotografías de contenido sexual por WhatsApp.
Como verán, dentro y fuera de la coalición y en lo referente a la comisión de hechos delictivos, reprensibles o irregulares, los blancos tienen una primacía indiscutible.
El 1° de octubre de 2015, Luis Lacalle Pou hizo expulsar de su sector al diputado Sebastián Andújar por “pérdida de confianza debido a conductas personales” y conductas que no estaban acordes a los parámetros éticos del partido (¿?). El legislador, acusado de libramiento de cheques sin fondo, es hijo del exintendente José Andújar (1990-1994), también investigado durante su gestión por irregularidades en licitaciones por cementerios privados y concesión de televisoras por cable.
El escándalo con su hijo estalló cuando el contador de Todos Hacia Adelante (uno de los sectores que hoy llevan a Uruguay hacia atrás) negó que fuera su firma la que aparecía en varios cheques y ser responsable del no pago de abultadas deudas. Lacalle los puso frente a frente y quedó claro que Andújar había falsificado la firma del contador en varias oportunidades, por lo que le pidió que renunciara a su banca. Ante su negativa, el líder del sector lo echó.
El caso no fue pasado ni a la Justicia ni a la comisión de ética del partido, ya que Lacalle consideró que con la expulsión quedaba todo dirimido. Considerando la amistad existente entre los padres de Sebastián y Luis, no es difícil comprender por qué Lacalle Pou dejó un margen para la indulgencia.
Increíblemente, Sebastián está ahora al frente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y goza de la confianza del herrerismo y del presidente de la República.
Tampoco pasó nada con el intendente de Colonia, Carlos Moreira, a quien todos escuchamos ofrecer una pasantía a cambio de favores sexuales. La fiscal de Carmelo, Natalia Charquero, quien había sido militante del Partido Nacional antes de asumir su cargo, absolvió a Moreira.
Su renuncia/expulsión del Partido Nacional fue una verdadera burla a la ciudadanía, ya que luego lo colocaron nuevamente al frente de la intendencia y participó en una reunión exclusiva para los intendentes blancos del país.
Podría haber otros casos; pero hasta aquí llega mi memoria. Por esto y más, la coalición derechista no descansará hasta poder meter tras las rejas a algún frenteamplista. Puede que lo logren. Tanto va el cántaro al agua… Como sea, lo anterior es lo que han protagonizado los multicolores en solo un año. Imaginen cómo será la lista cuando finalicen este período de gobierno. Creo que no alcanzará con una nota; de pronto, tal vez, y con mucha capacidad de síntesis, todo entre en una enciclopedia. Con varios tomos, claro.
