Referéndum catalán: Embarrando la cancha

“El gobierno español ha sobrepasado la línea roja que le separaba de los regímenes represivos y se ha convertido en una vergüenza democrática», declaró el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, tras los arrestos llevados a cabo el pasado miércoles por un operativo de la Guardia Civil de 14 miembros del núcleo duro de esta institución. Entre los detenidos se encuentran diez altos cargos, como el secretario general de Economía, Josep María Jové; el secretario de Hacienda, Josep Lluís Salvadó; el responsable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CCTI), Josué Sallent Rivas; y Xavier Puig Farré, de la Oficina Asuntos Sociales. También se han realizado 22 registros en varias oficinas del gobierno catalán con el fin de juntar pruebas e indicios para impedir la celebración de la consulta independentista. Estos registros y detenciones han tenido lugar un día después de que la Guardia Civil interviniera en la localidad de Terrassa (Barcelona) más de 45.000 sobres con las notificaciones a los miembros de las mesas electorales del referéndum del 1º de octubre. Hasta el momento, las fuerzas represivas han bloqueado un total de 32 páginas web relacionadas con el referéndum y han requisado alrededor de 1,5 millones de carteles y folletos de propaganda independentista. El clima se calienta en el Estado español conforme se acerca el 1º de octubre (1-O), fecha definida para la celebración del referéndum de independencia por la “Ley del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña”. Esta ley fue aprobada en el Parlament catalán el 6 de setiembre de este año con 72 votos a favor (procedentes de Junts pel sí y de la Candidatura de Unidad Popular), 10 abstenciones y la ausencia de 52 diputados, pero fue suspendida cautelarmente al día siguiente por el Tribunal Constitucional. Desde entonces, las diferentes interpretaciones de la legalidad vigente marcan un debate político cuyo trasfondo es nada menos que la hegemonía o caducidad del régimen posfranquista español. Por ello, el pasado miércoles el gobierno de Mariano Rajoy dio un paso significativo en la línea represiva que viene desarrollando durante los últimos meses, desatando protestas en las calles en favor de la independencia y la reacción de representantes catalanes. En la tarde del miércoles ya había convocadas manifestaciones en apoyo al referéndum en 40 ciudades de toda España. La presidenta del Parlament, Carme Focadell, señaló que el Estado español “ha enterrado la política y ha abierto definitivamente la puerta a la represión” mediante la “vulneración flagrante de los derechos de los ciudadanos”. Por su parte, los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) abandonaron el Congreso de los Diputados en Madrid como protesta por las acciones represivas llevadas a cabo por el gobierno central. “Usted y sus lacayos están deteniendo a cargos electos catalanes simplemente por sus ideas. Le pido y le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas”, espetó a Mariano Rajoy el líder de esta formación, Gabriel Rufián. Una de las diputadas que abandonó el Parlamento español es la uruguaya Ana Surra, quien fue reclutada por ERC mientras presidía la asociación de inmigrantes partidarios del derecho a decidir del pueblo catalán “Sí, amb nosaltres” (“Sí, con nosotros”). Para Surra, la estrategia represiva llevada a cabo por el gobierno central “provoca que, tanto a nivel internacional como nacional, mucha gente que estaba al margen de este proceso se posicione a favor del referéndum”. Si el gobierno del Partido Popular continúa intensificando la vía represiva, para la entrevistada esto “sería un golpe de Estado que el gobierno español tendría que justificar a nivel internacional”. Según explicó la diputada a Caras y Caretas, “el referéndum tiene reconocimiento legal e internacional; la Constitución española permite a la Generalitat organizar este tipo de consultas. Lo que dice es que no puede hacerlos consultando un tema que pueda vulnerar la unidad territorial española como es la independencia, pero ese tema está amparado dentro de la legislación internacional con el derecho de autodeterminación firmado por el gobierno español ante la ONU y ante instancias europeas. Son acuerdos que España firmó, por tanto, no los pueden negar ahora”. En este sentido, la diputada catalana-uruguaya cuestiona a quienes pretenden negar el derecho a decidir del pueblo catalán amparándose en una Constitución creada bajo un contexto de amenaza militar fascista como fue la Transición Española. Algunos de los redactores de la carta magna de 1978, como el socialista Alfonso Guerra, reconocieron públicamente no haber propuesto medidas de soberanía para el pueblo catalán durante el proceso de gestación del este documento para no provocar una posible reacción de las cúpulas militares franquistas. Además, Surra recordó que la Constitución española señala que los estatutos de autonomía de las comunidades españolas tienen que estar aprobados en los parlamentos y votados por la ciudadanía de cada territorio. Sin embargo, en Cataluña, el Parlament aprobó en 2006 un estatuto votado previamente por la población, pero que en en 2010 fue modificado por el Tribunal Constitucional suspendiendo 14 artículos. “Lo que tenemos como estatuto de autonomía desde 2010 no es el que votó la gente ni el que aprobó el Parlament catalán. Por tanto, estamos en una situación ilegal con respecto a la propia Constitución española”, explica Surra.   ¿Qué se vota? El 1-O los catalanes deberán responder con su voto la siguiente pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”. En caso de resultar mayoritario el “Sí”, el día siguiente el gobierno catalán proclamará la independencia e iniciará un proceso constituyente en el que, según la integrante de ERC, “se va a decir qué tipo de república queremos hacer. Ahí la gente opina y está opinando que queremos una república socialmente justa”. Por otro lado, en caso de que en las urnas se impusiera el “No”, la propia legislación catalana ordena la renuncia del gobierno y el llamado a nuevas elecciones autonómicas. Para Surra, en caso de proclamarse la independencia, hay cuestiones como la deuda externa, que van a obligar necesariamente a España a iniciar una negociación con las autoridades catalanas acerca de qué parte de la misma le corresponde pagar a cada territorio. “Si nos independizamos y ellos no están de acuerdo, nos vamos y no pagamos nada. No creo que eso a ellos les convenga, o sea que van a tener que sentarse a negociar. Esto, por supuesto, con mediación internacional”, explicó. Por otro lado, ante los escenarios posibles derivados de la eventual independencia catalana, Ana Surra sostiene que Cataluña es una nación totalmente autosuficiente y desmiente algunos mitos lanzados desde el centralismo, como la eventual crisis económica desatada por su separación de España o su aislamiento internacional. En primer lugar sostiene que “si los impuestos que pagamos aquí no se fuesen más para Madrid, eso ya da un impulso económico al país, porque o bien bajan los impuestos, o bien podemos iniciar muchos proyectos”. Por otra parte, la diputada también mencionó como una fuente de ingresos esencial el espinoso proyecto del conocido como “Corredor del Mediterráneo”, el conjunto de líneas ferroviarias que desde el sur de la península recorren la costa oriental española hasta internarse en Europa. En este plano, Surra explicó que actualmente “los barcos que salen del canal de Suez tienen que atravesar el mar Mediterráneo, dando toda la vuelta a la península española y desembarcan en Holanda. En cambio, si hubiera una posibilidad de desembarcar en las costas del Mediterráneo español y que un tren las llevara directamente a Europa, se solucionarían muchos días de ida y vuelta de productos”. Desde hace décadas, este proyecto se encuentra estancado en varias etapas debido a las diferencias entre el gobierno central y gobiernos autonómicos del este del país en cuanto al itinerario de las vías. En este sentido, el gobierno español siempre apostó por un itinerario que pasase por el centro de la península, para conservar su posición de poder centralista, cosa que Europa rechazaba debido al encarecimiento de las obras que se precisarían para hacer que la infraestructura ferroviaria atravesase los Pirineos. Con este marco de fondo, desde ERC sostienen que inmediatamente después de la eventual proclamación de la independencia catalana, el Corredor Mediterráneo empezaría a construirse desde Tarragona (el punto más al sur del territorio catalán). “Eso traería trabajo para la gente, porque lo paga Europa. Además, como esto es un territorio que produce y que emprende, muchos productos vendrían desarmados para armarse aquí, y eso daría más trabajo a la población”, explicó Surra. Por otro lado, las exportaciones catalanas hacia España han ido descendiendo desde el inicio del proceso independentista, pasando de constituir entre 60 y 80 por ciento de la riqueza de la comunidad a alrededor de 30 por ciento.   Cataluña y Europa Por otro lado, el movimiento independentista catalán es mayoritariamente europeísta. Dentro de los grupos parlamentarios independentistas únicamente la Candidatura de Unidad Popular (CUP), que actualmente tiene diez escaños en el Parlament catalán, sostiene posturas euroescépticas. Esta es una de las cuestiones que critican sectores izquierdistas no catalanes que, si bien se muestran a favor del derecho a la autodeterminación de este pueblo, no apoyan un proceso independentista liderado por la burguesía europeísta catalana. Por otro lado, muchos sectores de la sociedad tienen dudas de cuál sería el estatus de una Cataluña independiente en Europa. Ana Surra explicó en diálogo con esta revista que “no hay nada escrito en los acuerdos europeos respecto a países miembros que se separen entre sí”. En este caso, “quien firmó el acuerdo por la UE fue el conjunto del territorio [español]. Si nosotros nos separamos, ¿por qué la UE tendría que reconocerlos a ellos y no a nosotros?”, cuestiona la entrevistada. También está presente el tema de la deuda externa: “Si nos quedásemos fuera de la Comunidad Europea, España tendría que hacerse cargo de la parte de la deuda externa que le corresponde a Cataluña, y no creo que la UE deje ir a 7,5 millones de catalanes que la iban a pagar”. Por otro lado, la UE abarca diferentes aspectos, como la moneda única o la libre circulación de personas por el conocido como Espacio Schengen de seguridad. “¿De cual de ellas nos excluiría la UE?”, cuestiona Surra, debido a que hay países europeos que no integran la UE, pero que forman parte del Espacio Schengen. Tampoco podrían impedir que Cataluña siguiera usando el euro como moneda, ya que cada país decide la moneda que quiere emplear en sus transacciones. Por otra parte, en caso de quedar fuera de la UE, los países nórdicos que no forman parte de la comunidad europea se muestran a priori proclives a permitir que una Cataluña independiente integre su unión. “Ellos nos han dicho desde el principio de este movimiento que no hay ningún problema en formar parte de su comunidad”, señaló Surra. “Igualmente, nosotros vamos a luchar por seguir en la UE, pero en una UE que no sea de recortes; vamos a impulsar dentro de esta comunidad medidas socialmente justas e inclusivas”, añadió.   “Esto es un proceso de la gente, un proceso de masas”, señaló la diputada. “Muchos de nosotros estamos acompañando el proceso de la gente. Es un movimiento que va más allá de los partidos, los partidos catalanes que continúan en esto es porque han acompañado a la gente”, agregó. En este sentido, se refirió a formaciones de izquierda como Unidos Podemos, que se mantienen en Cataluña por su respeto a la voluntad de decidir del pueblo catalán, aunque no apoyen la separación. Por otra parte, según la visión de Surra, la independencia de Cataluña puede servir para desatar un movimiento de cambio en toda España que pondrá en jaque al régimen posfranquista. “Si Cataluña se independiza, España no va a quedar así no mas, va a haber un revuelo ahí adentro y va a surgir la gente formando un movimiento impresionante”, concluyó.