Dos artículos del Proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) que se encuentra a estudio en el parlamento han concitado la atención y valoración del relator sobre medio ambiente de Naciones Unidas, David R. Boyd, quien de acuerdo a lo que informa Montevideo Portal, ha enviado una misiva con dichas apreciaciones al gobierno uruguayo.
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La misiva hace referencia a los artículos 500 y 501 del proyecto de ley, que son los que de aprobarse modificarían “la forma en que se crean nuevas áreas protegidas en el Uruguay”, al establecer “como condición que los propietarios de las tierras ubicadas dentro de las áreas de interés brinden su consentimiento expreso”, señala el medio de prensa uruguayo.
Esta redefinición hará que las declaraciones de áreas protegidas graviten en la decisión que asumen los particulares propietarios de los terrenos, lo que invierte la ecuación del interés general subordinándolo al interés de particulares.
El relator sobre medio ambiente de Naciones Unidas, David R. Boyd, envió una carta a Uruguay sobre los artículos 500 y 501 de la LUC.
El relator de Naciones Unidas ha expresado en su carta que «el establecimiento de zonas protegidas es un elemento clave de los esfuerzos nacionales para proteger la diversidad biológica», refiere el portal de noticias.
Al describir la situación del país en relación al volumen de áreas protegidas, el relator señala: «Uruguay se encuentra en el último lugar en Sudamérica en términos de área de protección ambiental y es, además, uno de los países a nivel global que tiene menor superficie de área con protección ambiental (…) y agrega «Uruguay, como Estado Parte de la Convención de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, firmó el pacto de las Metas Aichi de la Convención sobre Diversidad Biológica 2011-2020, estableciendo como las nacionales a 2020, para la conservación de la biodiversidad biológica y su uso sostenible, establecer al menos el 15% de la superficie continental por medio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y por medio de otras medidas de conservación (Reservas de Biósfera, Sitios RAMSAR, protección de bosque nativo y suelos categorizados como rural natural) integradas en los paisajes terrestres y marinos más amplios», agrega el texto, citado por Montevideo Portal.
En su misiva se recuerda además la relación existente entre el pleno disfrute de derechos humanos y los ecosistemas» como vías que proveen soporte a dichos derechos.
«La provisión de servicios eco sistémicos depende de la salud y la sostenibilidad de los ecosistemas, que a su vez dependen de la biodiversidad. Por lo tanto, el pleno disfrute de los derechos humanos depende de la biodiversidad, y la degradación y pérdida de la biodiversidad socava la capacidad de los seres humanos para disfrutar de sus derechos humanos», recuerda el relator según el Portal de noticias.
La misiva, en cuestión, incorpora una serie de interrogantes dirigidas al gobierno y se realizan, en una clara manifestación de cooperación: «¿podrían ustedes aclarar cómo los cambios legislativos propuestos ayudarán a Uruguay a cumplir sus compromisos internacionales en materia de medio ambiente y derechos humanos?».
«¿Podrían ustedes explicar cómo esta decisión ayudará a Uruguay a tomar las medidas necesarias para cumplir el objetivo, como se indica en su Estrategia nacional para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica 2016-2020, de conservar al menos el 15% de su área continental y el 2% de su superficie marina, mediante su Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras medidas de conservación?», pregunta el experto de la ONU, de acuerdo a Montevideo Portal.
Al concluir su carta, Boyd enfatiza que Uruguay «ha estado a la vanguardia de los esfuerzos basados en los derechos para hacer frente a la crisis climática (por ejemplo, pasando de los combustibles fósiles a la electricidad renovable) (…)»Tengo la esperanza de que el Uruguay demuestre un liderazgo similar al abordar la crisis de la diversidad biológica», concluye la carta.
La carta del relator de Naciones Unidas, se suma a los reclamos de varias organizaciones nacionales cuyo trabajo se vincula directamente con la educación y la protección medioambiental y que también han emprendido acciones de comunicación similares a las del relator de medioambiente de la organización internacional.