Falta de respuestas
La INDDHH reiteró solicitudes de información al MSP sobre el financiamiento y la planificación a mediano y largo plazo, incluyendo un informe actualizado. Según consta, el ministerio propuso derivar la consulta al centro, lo que no fue considerado una respuesta adecuada. A pesar de una reunión entre la INDDHH y la coordinadora del Programa de Salud Mental del MSP, no se obtuvo el informe comprometido, lo que motivó nuevas solicitudes por parte de la institución.
La denuncia subraya que el MSP reconoció la ejecución de acciones puntuales para mantener el funcionamiento del centro, pero advierte que no hay planificación estructural ni sostenibilidad financiera garantizada.
Recomendaciones vigentes
Considerando la situación como una vulneración potencial al derecho a la salud mental, especialmente para personas del interior del país, la INDDHH formuló varias recomendaciones al MSP:
Fortalecer la sostenibilidad del sistema de atención en salud mental, con respaldo presupuestal, normativo y organizativo.
Avanzar en la conformación de un sistema articulado y nacional que asegure acceso equitativo y de calidad.
Establecer mecanismos efectivos de coordinación entre los actores públicos y privados del ámbito.
Crear canales institucionales para la participación activa de organizaciones sociales, familiares y usuarios.
Adoptar medidas administrativas para garantizar la continuidad y transformación de los servicios existentes.
Contexto y desafíos
El Centro Martínez Visca cumple un rol central en la rehabilitación en salud mental en Uruguay. Según la Ley 19.529 de Salud Mental, corresponde implementar una política orientada hacia la desinstitucionalización, priorizando dispositivos comunitarios, y promover el acceso al tratamiento en primera línea y con enfoque en derechos. La INDDHH, de acuerdo con su mandado legal, monitorea y defiende estos derechos, incluyendo la recepción de denuncias y la promoción del cumplimiento de las leyes relacionadas.
Los motivos de preocupación no se limitan al financiamiento. También es clave la ausencia de una institucionalidad eficiente que permita avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Rehabilitación, que consolide infraestructura, personal capacitado, criterios técnicos y acceso territorial.