Este miércoles los trabajadores/as del Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) se concentraron en las puertas del Laboratorio Urufarma.
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La medida forma parte de una serie de acciones que desde hace varias semanas realiza el sindicato.
El conflicto de este sector había sido descrito desde sus inicios por nuestro medio y fue parte de uno de los conflictos sindicales descritos en el Monitor de conflictos del programa Legítima defensa.
En la edición del pasado 14 de setiembre, Caras y Caretas portal había informado que dicho sindicato se había declarado en conflicto, por lo que se iniciaron una serie de medidas entre las que se encontraban «trabajar a reglamento, lo que significa no hacer nada fuera de la jornada habitual de trabajo (no hacer horas extras, no cambiar de turno ni de horarios de descanso)», nos había asegurado el secretario general del sindicato, Nicolás Tourón.
La situación de conflicto emerge luego de que, el pasado 11 de setiembre, la organización sindical, en un comunicado emitido al gremio declarara:
“Hoy 11 de setiembre en el ámbito del Consejo de Salarios se votó el acta de la ronda 8°, para el sector Farmacéutico, donde los trabajadores votamos en contra” y agregaban como fundamentación de la posición asumida:
“Esta acta no refleja la realidad de nuestro sector, un sector que viene en crecimiento, transformándose y con buenas perspectivas”.
Previamente a la convocatoria de la 8va Ronda del Consejo de Salarios, la organización sindical, por intermedio de su secretario general, Nicolás Touron, había señalado: “la principal bandera será defender la mantención de los puestos laborales. Por supuesto que también vamos a defender la no pérdida del poder adquisitivo, no estamos dispuestos a perder salario”.
No se trataba, como de forma inmediata denunciarían los trabajadores, de un sector de la actividad económica que pudiera escudarse en la actual situación de pandemia y su consecuente declaración de emergencia sanitaria, para fundamentar una propuesta salarial en la que los únicos afectados serían aquellos que hacen posible toda la producción del sector: los trabajadores.
La negativa a la firma del Acta de la 8va Ronda del Consejo de Salarios, no sólo desató un nuevo conflicto, sino que, constituyó al mismo tiempo, una denuncia contra las patronales que, en medio de una situación altamente favorable para el desarrollo de una industria que reporta importantes ganancias, pretende incrementar las mismas en desmedro del salario de los trabajadores.
La reacción de las patronales ante las acciones de los trabajadores no se hizo esperar.
En un comunicado de fecha 17 de setiembre, dirigido al gremio por parte de la Asociación de Laboratorios Nacionales, se declaraban “ilegales las medidas distorsivas que se están tomando”, ya que las mismas “afectan de modo sensible el proceso productivo y disminuyen de forma notoria y evidente la productividad de cada empleado y a su vez representan un riesgo en el proceso de fabricación que podría afectar la calidad de los productos”.
La Asociación de Laboratorios Nacionales, no sólo declaraba “la ilegalidad” de las acciones de lucha, sino que avanzó hacia el camino de la amenaza y el amedrentamiento:
“Las medidas que se vienen adoptando determinan que el trabajo que cumple cada empleado y su productividad sea mucho menor que el tiempo de no trabajo que se informa; por lo que se ha resuelto que el descuento en el salario será realizado teniendo en consideración la reducción en la productividad que la medida apareje; y no en forma lineal al tiempo del paro”.
La Asociación de Laboratorios Nacionales, en un franco remate de despotismo patronal agregaba en su comunicado al gremio: “En función de lo antes expuesto, en caso de verificarse paros inferiores a una hora, se computará por cada una de esas fracciones de tiempo, un descuento salarial de una hora. Para el caso de que el paro se verifique en fracciones superiores a una hora e inferiores a dos horas, el descuento salarial será de dos horas y así sucesivamente”.
Un día antes, de la emisión de este comunicado, la misma Asociación, en un ejercicio rocambolesco de falsas argumentaciones, exhortaba en otro comunicado dirigido a todos los trabajadores del sector a la “paz social” e insistía en rechazar las medidas asumidas por la organización sindical.
En dicha comunicación se afirmaba: “ya antes de declararse en conflicto y desde hace varias semanas atrás”, dirán sobre lo actuado por el sindicato, “ha iniciado una campaña mediática y ha colocado afiches en varios puntos de la ciudad para dañar a la Industria Nacional y su imagen realizando afirmaciones no ajustadas a la verdad, al pretender una situación de prosperidad del sector graficada en una carretilla cargada de dinero”.
El documento, no solo, declaraba como falso lo planteado por el sindicato, sino que, además agregaba con una suerte de retórica argumental justificadora de lo propuesto como pauta salarial en el Consejo de Salarios que “los salarios en la industria farmacéutica son los más altos de la industria, duplican el promedio de la industria manufacturera en su conjunto y se ubican un 30% por encima del promedio de la industria química”.
No conformes con esta invocación “al sacrificio” de los trabajadores a su derecho de no perder poder adquisitivo, poder que, dicho sea de paso, no obedece a la bondad de las patronales, sino a la lucha de los trabajadores del sector a lo largo de toda su historia, invocaron “un pacto social” inexistente.
“La realidad nos obliga a ser cautos y solidarios con la decisión que tomó el Gobierno y el PIT-CNT, en cuanto a llegar a un acuerdo “puente”, a fin de alcanzar el objetivo mayor: la preservación de la fuente de trabajo”, señalan, olvidando que este ha sido uno de los sectores donde menos se verificara, por ejemplo, el envío de trabajadores a seguro de paro y donde además, se realizaron contrataciones zafrales a lo largo de todo el tiempo desde el comienzo de la declaración de emergencia sanitaria.
En el final de su comunicación, la Asociación de Laboratorios Nacionales rechazaba de “forma enfática cualquier conflicto que altere la paz social que el país pretende en todos sus ámbitos gubernamentales, empresariales y sindicales e instamos a una madurez plena que abone en beneficio del trabajo digno”.
Es evidente, que en su concepción de la situación actual del país y del movimiento sindical, la Asociación, devenida sacrosanta guardiana de la paz social alucinaba.
No existe en el país ningún gran acuerdo nacional, se ha señalado, en repetidas ocasiones, desde el PIT-CNT y no ha habido nunca, en la historia del movimiento obrero, una instancia de conquistas de derechos que no se sustente en la lucha de los trabajadores.
Confundir el llamado “acuerdo puente” con una claudicación de la lucha del movimiento obrero por mantener los derechos de los trabajadores, es una clara evidencia de que, para algunos, el actual escenario político, funciona como “una pastilla” que les hace alucinar que las luchas han cesado.
Aunque en los primeros días de octubre, la Asociación de Laboratorios Nacionales y la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines, recibieron a los representantes sindicales de SIMA para intentar buscar un acuerdo que permitiera poner fin al conflicto, este continúa.
En dicha instancia, los dirigentes gremiales entregaron una contrapropuesta salarial, que se espera sea respondida en el curso de esta semana.
Las movilizaciones, comenzadas en la jornada de este miércoles, en las puertas del Laboratorio Urufarma ubicado en Juan Ramón Gómez y Centenario, forman parte de las nuevas acciones del sindicato, al tiempo que tienen como tema emergente la denuncia ante la pérdida de fuentes de trabajo ya verificadas en este laboratorio.
El laboratorio Urufarma quien compró una de las líneas de producción de medicamentos, había enviado a seguro de paro a cerca de 16 trabajadores, bajo el argumento de que la relación de los mismos no era con este laboratorio y que ellos no podían hacerse cargo de mantener dichos puestos de trabajo.
Las medidas de lucha y movilización del sindicato de la Industria del Medicamento y Afines (SIMA) continuarán, tal y como ya había sido afirmado a nuestro medio, por Nicolás Touron, hasta que se verifique un acuerdo donde no sean los trabajadores “los que tengan que comerse la pastilla”.