Sin justificación: sobre la difusión de los audios en Azul FM

El caso cobró estado público la semana pasada: cuatro hombres (tres mayores de 18 años y uno menor) violaron a una mujer. Ella se fue con un varón de un baile a un domicilio donde ocurrió el ataque. Hay informes médicos que constataron estos hechos. La fiscal del caso aseguró que se estaba avanzando en la obtención del ADN de los emplazados, que no quisieron darlo de manera voluntaria.

Sin embargo, Nacho Álvarez decidió poner en duda el relato de la mujer y también lo informado por Fiscalía. Invitó al abogado de los defendidos a contar su historia, a una supuesta allegada a la víctima que esta dice no conocer, y pasó audios de veinte segundos en los que supuestamente (porque no está confirmado que sean las mismas personas) se escucha a la mujer y a los hombres teniendo sexo consentido.

¿Y eso qué tiene que ver con el caso?, se preguntará quien lea. Nada. Absolutamente nada. Primero, porque tener sexo consentido con una, dos, cuatro u ocho personas en un momento no anula la posibilidad de que luego haya ocurrido una violación. Segundo, porque no es trabajo de los medios actuar de jueces en los casos. Tercero, porque la vida íntima de las denunciantes no puede ser utilizada para tirar abajo su relato; es una clara y clásica falacia ad hominem.

El mismo Álvarez sabe que «nada de ello quita que pudo haber violación», como escribió en uno de sus tweets. Pero igual allá va y lo muestra, en un acto que, dice, busca mostrar la verdad. ¿La verdad de quién? ¿Qué verdad? ¿Que un caso cobre relevancia pública significa que el público se tiene que enterar de cada detalle?

Por su parte, el abogado de la denunciante aseveró que esos audios «no indican nada», que la investigación es más compleja que esto y que le parece «poco responsable» publicarlos.

Violencia mediática

Lo sucedido en el programa de radio puede configurar violencia mediática, una tipificación que aparece en el artículo 6 literal M de la ley 19.580 sobre violencia basada en género.

Dice la norma que violencia mediática es «toda publicación o difusión de mensajes e imágenes a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de las mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, legitime la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres».

También cabe mencionar el literal G del mismo artículo, que define la violencia simbólica. «Es la ejercida a través de mensajes, valores, símbolos, íconos, imágenes, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, que contribuyen a naturalizar la subordinación de las mujeres».

La ley establece castigos para quienes la incumplan. El artículo 92 dice que «el que difunda, revele, exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría».

Otro aspecto que entra en juego en esta situación es el horario en que se transmitieron los audios en radio, a la mañana. La ley N° 19307, ley de medios, en su artículo 32 establece un horario de protección a los niños, niñas y adolescentes. Explícitamente en el literal E se excluye de esa franja horaria la exhibición de escenas con actos sexuales explícitos, obscenos o degradantes, o de elementos de prácticas sadomasoquistas.

Denuncia

Decenas de políticas y políticos pertenecientes al Frente Amplio anunciaron que presentarán denuncias por la divulgación de los audios y los videos, en el marco de la ley de violencia basada en género.

La diputada (s) por Montevideo, Micaela Melgar, explicó a Caras y Caretas que esta acción no nace desde la fuerza política. Es una decisión que tomaron «compañeros y compañeras» de manera independiente tras asesorarse con abogados sobre las posibilidades de denuncia.

«El foco de atención no es el contenido de los audios, sino la reproducción de esos audios en un medio de prensa, es una manera de violentar a las mujeres. Nos preocupa el abordaje desde la comunicación pública», aseguró Melgar.

En el comunicado, que tuvo el fin de «enmarcar» la denuncia formal, argumentan citando la normativa ya relatada.

«La reproducción de estos audios tuvo como objetivo demostrar una supuesta culpabilidad de la víctima en el caso, presentando la situación como una relación consensuada. Este hecho implica un ejercicio de la violencia mediática, ya que, en primer lugar, se atenta contra la dignidad de la mujer implicada en los audios (sea quien sea ella) y en segundo lugar refuerza y justifica la violencia hacia las mujeres intentando demostrar una supuesta complicidad de una mujer en lo que ella misma luego denuncia como violación», aseguran.

Reproducir estos audios de contenido sexual explícito «opera directamente a favor de la generación de violencia hacia las mujeres desde un medio de comunicación. Toda mujer víctima de alguna de las formas de violencia basada en género, tiene derecho, por ley, al respeto de su dignidad y de su intimidad».

Las personas firmantes «entendemos, por lo tanto, que existió, por parte del programa radial, voluntad de minimizar la violencia del hecho y sus consecuencias, por lo que debe ser investigado. y se intentó generar un estereotipo en torno a la víctima para su desprestigio, como ya ha sucedido en casos similares».

Por estos motivos decidieron «realizar las denuncias pertinentes para evitar que esto siga sucediendo y exigir las garantías necesarias para vivir en libertad y en pleno ejercicio de nuestros derechos».

De oficio

El fiscal de Corte Juan Gómez ordenó una investigación penal de oficio tras la divulgación de audios que supuestamente corresponden al caso de violación grupal denunciado días atrás.

El accionar de Ignacio Álvarez en el programa La Pecera de radio Azul constituye «presunta vulneración del artículo 92 de la ley 19.580», normativa sobre violencia basada en género. Allí se establece la prohibición de divulgar contenido sexual sin consentimiento.

Además, se está investigando la posible vulneración del artículo 259.6 del Código del Proceso Penal, que impide la filtración de información reservada por parte de aquellas personas obligadas a guardar esa reserva. En este caso, el abogado de los defendidos llevó los audios, que no son parte de la carpeta del caso, no los presentó como pruebas.

“Esa denuncia pasó a la Dirección de Depuración Priorización y Asignación (DPA) de Fiscalía para que asigne una Fiscalía competente”, informaron las fuentes al medio citado.

El pedido de allanamiento de la radio y del domicilio de Álvarez generó rechazo y respuestas de organismos nacionales de periodismo y libertad de expresión. La fiscal aseguró a 257 que el allanamiento no se realizó y que no se busca más material que el relativo al caso.