“Estamos afectando la capacidad de acción del Estado”
Uno de los principales cuestionamientos de Olivera estuvo dirigido al recorte de personal en organismos públicos. Señaló que existen áreas donde actualmente el Estado no cuenta con suficientes funcionarios para cumplir adecuadamente sus tareas de control y fiscalización. Como ejemplo mencionó al Ministerio de Trabajo, que, según sostuvo, enfrenta dificultades para contar con la cantidad de inspectores necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral en todo el territorio.
También señaló problemas de personal en las aduanas y en los servicios de control del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Para Olivera, la situación adquiere una dimensión mayor porque no se trata únicamente de que las vacantes no sean cubiertas, sino de que algunas directamente sean eliminadas. “Estamos sacando de un lado para poner en otro, pero afectando de todas formas la capacidad de acción del Estado”, afirmó. Desde su perspectiva, la discusión presupuestal debería contemplar qué funciones se pretende que cumpla el Estado y qué recursos humanos necesita para desarrollarlas.
El reclamo por una mayor contribución de los sectores de mayores ingresos
Otro de los puntos centrales de sus declaraciones fue la política tributaria. Olivera cuestionó que el gobierno se niegue a discutir modificaciones impositivas y planteó nuevamente la posibilidad de establecer una mayor contribución sobre los sectores de mayores ingresos. El dirigente sostuvo que la propuesta de aplicar un 1% al 1% más rico de la población para financiar políticas destinadas a combatir la pobreza y atender a la infancia y la adolescencia puede ser discutida, pero reclamó que exista una alternativa de financiamiento.
“¿Cuál es la alternativa que plantea el gobierno? ¿Seguir recortando dentro del propio Estado para destinar fondos a estas políticas?”, cuestionó. En ese sentido, puso el foco sobre el denominado gasto tributario y afirmó que en Uruguay representa alrededor del 7% del Producto Interno Bruto, una proporción que calificó como una de las más elevadas de la región. Para Olivera, la discusión debería incluir también los recursos que el Estado deja de percibir a través de exoneraciones y otros mecanismos, y no limitarse a los recortes del gasto público. “No poner la mirada solamente en qué es lo que sale, sino también qué es lo que ingresa, quiénes aportan en esos ingresos y quiénes tienen más capacidad contributiva”, resumió.
Olivera también cuestionó la estrategia económica basada principalmente en la captación de inversión extranjera directa y la exportación de commodities. A su entender, se trata de una política que “está desgastada”, no solamente en Uruguay sino también en el conjunto de la región. El dirigente sindical sostuvo que detrás de esta discusión existen importantes recursos económicos que terminan siendo transferidos al capital y cuyo costo, según afirmó, es asumido por el conjunto de la sociedad. Para el secretario general de Fenapes, estas cuestiones deben formar parte de la discusión sobre el presupuesto y de las razones que llevaron al PIT-CNT a convocar al paro de este martes.
Seguridad social: “También fue un compromiso de campaña”
Olivera vinculó además el debate presupuestal con la discusión sobre la seguridad social. Recordó que varios de los acuerdos alcanzados durante el diálogo social —aunque no fueron completos— también estuvieron vinculados con compromisos asumidos durante la campaña electoral. En particular, cuestionó que no se hayan concretado cambios vinculados con el funcionamiento del sistema de seguridad social y el denominado lucro de las AFAP.
El dirigente recordó que sectores que actualmente integran el gobierno habían sostenido, durante la discusión del plebiscito sobre la seguridad social, que algunas de esas modificaciones podían abordarse si el Frente Amplio llegaba al gobierno. “Muchos de quienes hoy están en el gobierno, cuando fundamentaban su no adhesión al plebiscito por el sí, decían que estas cosas se podían solucionar si el Frente Amplio llegaba al gobierno”, afirmó.
Para Olivera, la falta de avances en ese sentido también forma parte de los reclamos que atraviesan la movilización sindical. En ese marco, sostuvo que la Rendición de Cuentas concentra buena parte de las preocupaciones del movimiento sindical porque permite discutir no solamente las prioridades del gasto público, sino también el modelo de Estado, la política tributaria, el financiamiento de las políticas sociales y los compromisos asumidos por el gobierno.
