APU denunció ante la CIDH la "actitud hostil" de Bianchi

En dicho encuentro, los representantes de APU entregaron a Vaca una carta, en la que se denuncia una “situación de acoso y hostigamiento contra periodistas que se está verificando en forma reiterada” en Uruguay.

En el documento, APU expresa que “junto a otras instituciones defensoras de la libertad de expresión”, el sindicato ha venido señalando de un tiempo a esta parte “la existencia de un contexto de hostigamiento, desacreditación y acusaciones contra periodistas y medios que ejercen un periodismo crítico, por parte de distintos voceros del gobierno”.

Dicho clima hostil, se habría expresado a través de “redes sociales, como mediante mensajes de texto personales o incluso en encuentros personales”.

En cuanto a las figuras concretas del gobierno que incurrirían en estos comportamientos, a la Asociación de la Prensa le preocupa particularmente “la permanente actitud hostil” contra periodistas de la senadora Graciela Bianchi.

“La Dra. Bianchi tiene una presencia permanente en redes sociales y a través de ellas, en especial en la plataforma Twitter, ha manifestado en reiteradas oportunidades opiniones descalificatorias hacia diversos periodistas cuando expresan opiniones o informaciones que cuestionan políticas o decisiones del gobierno”, señalan.

De acuerdo con el sindicato, estas actitudes descalificatorias de la senadora, “alienta a activistas o seguidores suyos a utilizar la misma línea de descalificación contra quienes son objeto de señalamientos”.

“Estas expresiones han llegado al extremo de atribuir conductas o intencionalidades que exponen gravemente a periodistas, como calificarlos de “miserables”, acusarlos de “mentir”, “hablar mal del país” o cometer “traición a la patria” por el sólo hecho de informar sobre el impacto de la pandemia en el sistema de salud de nuestro país”, sostienen desde APU.

“Como parte de su prédica constante, la legisladora también ha amenazado a diversos periodistas con supuestas investigaciones y demandas judiciales y civiles por el contenido de la información que han divulgado”, agregan.

Al sindicato de periodistas también le preocupa la situación en torno al Acceso a la Información Pública, en donde advierten al relator de la CIDH que “ha aumentado notoriamente en los últimos tiempo la falta de respuesta de las autoridades públicas a los pedidos de información presentados”.

Acotan que esta realidad “conspira contra una amplia y transparente información a la sociedad sobre temas de interés general”.

Otro de los temas que generan inquietud al sindicato y que fue transmitido al enviado de la CIDH en la carta, es el “crecimiento importante” de la cantidad de denuncias penales contra periodistas “por el desarrollo de su actividad”, tanto en Montevideo como en el interior del país.

Ante estas situaciones, APU creyó conveniente solicitar a la CIDH la realización de una audiencia pública en Montevideo, donde “se recuerde al gobierno de Uruguay que todos los poderes del Estado deben cumplir con la obligación constitucional e internacional de prevenir, proteger, investigar y sancionar la violencia ejercida contra periodistas, y en particular, de aquellos que hayan sido objeto de intimidación, amenazas u otro acto de violencia”.