Ese criterio cambió con la modificación introducida por la Ley de Urgente Consideración, que sustituyó la referencia a “inscribir y asistir” por la obligación de “velar por la educación”. Según Caggiani, esa modificación generó un escenario que hasta ahora no había tenido consecuencias de este alcance.
“Es la primera vez que el fallo termina habilitando el homeschooling”, señaló. La resolución llegó luego de un proceso judicial iniciado por una familia de una comunidad menonita de Florida y atravesó las tres instancias: primera resolución, apelación y casación ante la Suprema Corte. Para el titular de la ANEP, el hecho obliga ahora a discutir qué alcance debe tener la obligatoriedad educativa.
Educación en el hogar
La preocupación central, explicó, no está únicamente en los contenidos que reciben los niños en sus hogares. La presencia en una institución educativa también permite proteger otros derechos. Allí ubicó el acceso a la salud y la detección de situaciones de violencia, abuso o maltrato, además de la socialización y la construcción de vínculos entre niños provenientes de diferentes realidades.
“La educación no sólo distribuye un conjunto de saberes que tienen que ver con el ejercicio de la ciudadanía”, sostuvo. También “distribuye los valores que sostienen el arreglo social”. En el caso uruguayo, agregó, esos valores están relacionados con la libertad, la igualdad, la solidaridad y la democracia.
El presidente de la ANEP planteó que el problema adquiere una dimensión mayor cuando determinadas propuestas educativas pueden implicar el aislamiento de los niños respecto del resto de la sociedad. “Estamos en un problema de cuál es el arreglo de convivencias que se sostiene si cada uno educa a los niños como se le plazca, por las razones que sean”, afirmó.
La ANEP, explicó, tiene mecanismos para localizar a niños que no concurren a centros educativos. El operativo “Volví a tu sueño” busca contactar a quienes están fuera del sistema, aunque Caggiani señaló que, en la mayoría de los casos, la ausencia responde a barreras de acceso, dificultades de inclusión u otras situaciones y no a razones filosóficas o religiosas.
Frente a familias que plantean objeciones a la educación institucional, el Estado procura establecer un diálogo. Primaria también asesora sobre la posibilidad de crear instituciones educativas que permitan preservar determinadas convicciones. Caggiani recordó que la propia comunidad menonita tiene antecedentes de creación y cierre de colegios en Uruguay.
Modificar escenario
El nuevo escenario, sin embargo, modifica esa relación. Por eso, el Codicen prevé reunirse con el Ministerio de Educación y Cultura para analizar las alternativas jurídicas y plantear que el Parlamento discuta el alcance de la normativa. Caggiani consideró que podría ser necesario modificar el artículo 127 de la legislación educativa para volver a establecer con claridad la obligación de concurrir a una institución educativa, aunque señaló que corresponde determinar cuál es el mecanismo jurídico adecuado.
A su entender, esa discusión debe además armonizarse con la Constitución y con el Código de la Niñez y la Adolescencia, que establecen la obligatoriedad de determinados niveles educativos y la concurrencia a instituciones educativas.
El debate sobre el homeschooling se conecta, para Caggiani, con una discusión más amplia que atraviesa a otros países: cuál debe ser el papel de la educación pública y hasta dónde debe llegar la intervención de las políticas públicas frente a la libertad individual. En Uruguay, sostuvo, la educación pública ha formado parte de un proyecto acumulativo y transversal a diferentes gobiernos. Actualmente, ocho de cada diez estudiantes concurren a la educación pública.
Más recursos y nuevas políticas
La otra gran cuestión abordada en la entrevista fue la reciente aprobación de la Rendición de Cuentas. Caggiani destacó que la ANEP recibirá unos 300 millones de pesos, mientras que la Universidad de la República tendrá unos 100 millones y la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) unos 7,5 millones destinados a distintas líneas de expansión educativa.
Entre las prioridades mencionó la extensión del tiempo educativo, la alimentación, las becas, la inclusión y la generalización del acceso a la educación superior. En particular, destacó el refuerzo de las becas Butiá, que pasaron de alcanzar a unos 14.000 estudiantes a 22.000 y tienen como objetivo llegar a 35.000. El beneficio comprende a estudiantes de liceos, UTU y algunas propuestas de educación no formal.
También señaló la ampliación de la alimentación en educación media. La ANEP incorporó nutricionistas y duplicó la cantidad de platos servidos respecto del año anterior, tomando como referencia la experiencia acumulada por Primaria.
Rendición de Cuentas
Otro de los componentes destacados fue la reforma del sistema de transferencias sociales. La Rendición de Cuentas unifica cuatro prestaciones —asignaciones familiares vinculadas a trabajadores formales, Tarjeta Uruguay Social, asignaciones del Plan de Equidad y Bono Crianza— y aumenta los montos. Según Caggiani, el objetivo es reducir situaciones en las que niños que tenían derecho a una prestación no la recibían por dificultades o errores en el acceso.
A partir del próximo año, señaló, los niños de entre cero y tres años pasarán a recibir una transferencia de 10.000 pesos mensuales. Para Caggiani, la medida es relevante frente a la pobreza infantil porque durante los primeros años de vida se concentran factores decisivos vinculados a alimentación, cuidados, desarrollo y educación.
La Rendición también incluye recursos para educación sexual integral y para políticas de inclusión. Entre estas últimas mencionó la creación de un centro de recursos para educación media destinado a estudiantes con trastornos del espectro autista, junto con formación docente y herramientas para mejorar la inclusión.
El presidente de la ANEP vinculó estos desafíos con transformaciones sociales más amplias. Señaló que evaluaciones realizadas entre estudiantes de noveno grado muestran un aumento de respuestas que atribuyen a las mujeres el papel de permanecer en el hogar y cuidar a los hijos, con una incidencia mayor entre los sectores más vulnerables.
Nuevos desafíos
En ese contexto, planteó que la educación enfrenta además un nuevo escenario marcado por las redes sociales y la inteligencia artificial. Para Caggiani, no se trata simplemente de prohibir la tecnología, sino de enseñar a utilizarla. Los estudiantes deben aprender a regular su atención, identificar sesgos, evaluar la veracidad de la información y reconocer contenidos producidos con inteligencia artificial.
La incorporación de estas herramientas también será parte de la discusión del Congreso Nacional de Educación. Caggiani sostuvo que el desafío consiste en evitar tanto la ausencia de regulación como la prohibición, y promover usos que incrementen la demanda cognitiva y las posibilidades de aprendizaje.
En ese marco, vinculó la discusión tecnológica con uno de los principales objetivos del sistema educativo: garantizar trayectorias protegidas y aumentar la culminación de los estudios. Destacó que el egreso de bachillerato aumentó más de seis puntos porcentuales y recordó que la reducción de la repetición, la disminución del tamaño de los grupos, las tutorías y los sistemas de protección de trayectorias forman parte de un proceso acumulativo de las últimas dos décadas.
Para Caggiani, el desafío actual no termina con la culminación de la educación obligatoria. El objetivo siguiente es generalizar el acceso a la educación superior. En esa dirección, señaló que la ANEP trabaja junto con la Universidad de la República y la UTEC en una estrategia para ampliar ese acceso y hacer que la educación superior alcance a sectores cada vez más amplios de la población.
