Según ya informó este medio, la radio comunitaria había completado el proceso de regularización y solo faltaba la firma del Poder Ejecutivo. El fiscal Diego Pérez incluyó en su acusación de abuso de funciones contra Cendoya este asunto de la devolución de los equipos a la radio Palmitas. El acuerdo probatorio alcanzado entre las partes sobre este punto es acerca de que se devolvieron los equipos. La discusión en juicio se centrará en si correspondía o no la devolución.
Se retomó el caso
Este martes se retomaron las audiencias de control de acusación y se prevé la declaración de 72 testigos. Ante este número comenzó a discutirse cuántas personas deben efectivamente declarar. Según fuentes consultadas, “lo razonable sería que declararan entre 10 y 15 personas”. Al mismo tiempo, la defensa de los indagados sostiene que debe conocer el legajo de los funcionarios que pretenden declarar en el juicio a favor de la administración. Los legajos son clave para conocer quiénes exactamente están dispuestos a declarar en contra de los indagados porque sus perfiles pueden corresponder a funcionarios que hayan tenido otros problemas con los imputados, ajenos a la causa que se investiga.
En esta instancia, cuando la jueza Chamsarian preguntó al fiscal la razón por la que citará a la presidenta de la URSEC y denunciante de la causa, Mercedes Aramendía, el fiscal no lo pudo explicar. Fuentes consultadas presentes en la audiencia indicaron que el fiscal Diego Pérez otra vez titubeó al responder y que no supo contestar el objeto de la declaración de Aramendía. En junio de 2020, la presidenta de la URSEC denunció al expresidente del organismo, Gabriel Lombide, al exdirector Nicolás Cendoya, a la secretaria de éste último y al exfuncionario, Gonzalo Sorrentino, quien había triturado papeles de su mesa de trabajo. El funcionario ya no pertenecía a la URSEC y materialmente volvió a la oficina para deshacer papeles particulares. El fiscal Pérez no pidió la formalización de Sorrentino. La presidenta del organismo, Mercedes Aramendía, concurrió a la fiscalía con una bolsa de nylon en su mano que contenía un conjunto de papeles triturados que tres años y medio luego de comenzada la investigación se desconoce de qué se tratan.
En esta causa, el fiscal Pérez ya había sido corregido por el juez Fernando Islas, quien desde setiembre es titular de uno de los dos juzgados de Crimen Organizado. Al momento de leer su acusación, el fiscal fue interrumpido por el juez Islas, quien indicó en medio de la audiencia que no entendía el relato del fiscal, que no se sabía cuándo opinaba, cuándo estaba relatando hechos objetivos ni cuándo citaba documentación. Luego de esa interrupción, el juez Islas ordenó al fiscal que subrayara los distintos elementos de su acusación para que en la siguiente audiencia se pudiera entender. Fuentes consultadas sostuvieron que, en definitiva, al fiscal se le dificulta responder aspectos de la causa y justificar la presencia de testigos, “porque en el fondo del asunto no tiene un caso. El fiscal Pérez no tiene un caso porque surge claramente del relato de los hechos que no hay delito”, indicaron distintas fuentes consultadas por Caras y Caretas.
Acuerdos "truchos"
Durante las audiencias que se llevaron adelante hasta ahora se demostró, según pudo saber este medio, que los juicios abreviados que el fiscal Pérez divulgó haber logrado, “son dos acuerdos que pueden calificarse de truchos”. Tras el acuerdo alcanzado por el jefe del Departamento de Contralor, Luis Abascal, “se demostró que cambió su declaración inicial y que luego recibió compensación paga por la URSEC que sirvió para pagar la multa incluida en el acuerdo o juicio abreviado”, relataron fuentes vinculadas a la investigación. Abascal llegó un acuerdo en uno de los tres puntos de la acusación de Pérez en la causa: se trata del caso de la Radio Bemba FM. El fiscal había indicado que Cendoya dio la orden de no inspeccionar la radio comunitaria pese a que se encontraba transmitiendo con exceso de potencia. En diciembre de 2018 el exjefe de Contralor planteó al exdirector Cendoya que la radio estaba transmitiendo en esas condiciones. Ante esto, acordaron que Abascal verificaría si era posible que la radio tramitara un aumento de potencia para regularizar la situación. Luego no hubo más trámites sobre ese asunto que volvió a trascender luego de que Abascal relatara el punto al fiscal Pérez.
Y en el caso del expresidente de la URSEC Gabriel Lombide, como ya informáramos, terminó aceptando que una radio en la frecuencia 99.5 de FM podía interferir en una en la frecuencia 90.2. Se prevé que en julio próximo comience el juicio oral. Pero desde ya, en una de las audiencias de control de acusación que comenzaron en setiembre pasado, el fiscal Diego Pérez confesó que nunca leyó el nuevo Código de Proceso Penal.
