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Sociedad Astesiano | Lacalle | Fossati

Por 6 meses

Chats entre Astesiano y Lacalle Pou bajo reserva

Las conversaciones entre Astesiano y Lacalle son parte de la investigación de la fiscal Fossati que fue quien solicitó la reserva por motivos de seguridad.

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Todos los días se escribe un nuevo capítulo sobre Alejandro Astesiano, excustodio del presidente de la República Luis Lacalle Pou. En las últimas horas el juez Marcelo Souto dispuso la reserva de los chats del presidente Lacalle Pou con su ex custodio por seis meses, el máximo plazo habilitado legalmente.

Las conversaciones son parte de la carpeta investigativa del caso que lleva adelante la fiscal Gabriela Fossati, que fue quien solicitó al juez la reserva de las mismas por motivos de seguridad.

En su escrito Fossati fundamentó que la ausencia de esta medida pondría en peligro detalles de la privacidad del presidente, incluidos algunos que podrían comprometer su seguridad y la de su familia.

Según señala matutino, el documento fechado el 23 de enero apunta: "Se desprende de la argumentación realizada, procesar y analizar toda la información obtenida sin dudas llevará su tiempo y la publicidad que se pueda realizar de parte de la información podría comprometer su normal desarrollo y por consiguiente la investigación".

Además, señala que entre los argumentos la fiscal hizo referencia a que "es de público conocimiento las filtraciones que se han realizado a terceros de la evidencia recabada".

El juez del caso Alejandro Asteggiante había dispuesto la reserva por 40 días el 23 de diciembre. Pero la fiscal explicó al juez de feria Souto que el plazo no iba a hacer suficiente para sintetizar toda la información. Esto, principalmente, debido a la feria judicial que tiene lugar entre el 24 de diciembre y el 1 de febrero.

El exjefe de la custodia del presidente se encuentra en prisión preventiva desde el 27 de setiembre, cuando fue enviado a la cárcel de Florida y luego fue trasladado a Punta de Rieles.

Astesiano fue imputado por su presunta participación en una organización que utilizaba datos de uruguayos para falsificar documentos para ciudadanos rusos. La Fiscalía solicitó imputarlo por tres delitos: suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias. En octubre, la Justicia hizo lugar al pedido de Fiscalía de extender su reclusión hasta marzo de 2023 mientras continúa la investigación

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