Emergencia y gestión
Melgar recordó que el INDA nació con la función de ejercer la rectoría en materia alimentaria, pero con el tiempo su rol quedó asociado casi exclusivamente a la asistencia y a la gestión de comedores. “El desafío es ampliar la mirada, modernizar el instituto y coordinar con otros organismos del Estado para que la política alimentaria no se limite a la emergencia, sino que abarque la calidad nutricional, el acceso y la participación de la comunidad”, señaló.
En este sentido, subrayó que el MIDES busca recuperar la coordinación interinstitucional como herramienta imprescindible: “El ministerio fue creado para articular las políticas sociales. Sin coordinación no hay eficiencia, no hay integralidad ni participación real”.
Uno de los primeros pasos de la nueva gestión fue ordenar la cobertura alimentaria. Al asumir, encontraron más de 4.200 personas en lista de espera para ingresar al sistema de comedores de Montevideo, además de 955 usuarios en un mecanismo “de excepción” que recibían viandas de lunes a viernes pero quedaban sin cobertura los fines de semana y feriados.
“Era una inequidad muy grave. Decidimos que ninguna persona podía tener una política distinta de otra. Todos los usuarios debían recibir el mismo derecho”, explicó Melgar. La decisión implicó ampliar la entrega de tickets de alimentación, que pasaron de 38.000 en octubre de 2024 a más de 55.000 en agosto de 2025, un aumento del 45%.
“Estamos hablando de la diferencia entre tener hambre o no tener hambre”, sentenció la directora.
Inseguridad alimentaria
La inseguridad alimentaria en Uruguay está íntimamente vinculada a los ingresos de los hogares. Según los últimos datos de la Encuesta Continua de Hogares, un 20% de los hogares con niños menores de seis años experimenta inseguridad alimentaria moderada o grave.
“En un país productor de alimentos, la pobreza infantil y la falta de acceso a alimentos de calidad es un escándalo que debemos enfrentar con políticas focalizadas”, enfatizó Melgar. La meta, afirmó, es priorizar a la infancia, la adolescencia, las mujeres gestantes y lactantes, tal como establece el programa de gobierno.
El horizonte que traza el INDA es ambicioso, avanzar hacia una ley marco del derecho a la alimentación en Uruguay. “Necesitamos una norma que defina la gobernanza, las responsabilidades y los estándares. Hoy tenemos marcos internacionales –de CEPAL, del Parlatino, de la Alianza contra el Hambre–, pero no una ley nacional que nos permita asegurar que el acceso a la alimentación es un derecho humano”, sostuvo.
Este proyecto cuenta con el apoyo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y de la FAO, y es visto por Melgar como estratégico para mejorar la capacidad del país en materia de política alimentaria.
La directora insistió en que el debate no puede limitarse a los ingresos familiares, sino que debe incluir la perspectiva de soberanía alimentaria. En ese sentido, destacó la necesidad de fortalecer la Ley de Compras Públicas que favorece la producción familiar y artesanal, incluyendo a la pesca artesanal.
“El Ministerio de Ganadería es un socio clave. Queremos que la producción familiar tenga un rol central en las compras del Estado, vinculando producción y consumo en clave de soberanía alimentaria”, explicó.
A su vez, el INDA trabaja en proyectos con ANEP y el INAU para mejorar la calidad nutricional de las políticas dirigidas a niños, niñas y adolescentes, y explora junto a la FAO experiencias de comedores comunitarios con un enfoque más integral.
Datos que incomodan
Las cifras revelan que los problemas son múltiples. Además de la inseguridad alimentaria, Uruguay enfrenta desafíos en cuanto a malnutrición por exceso y por déficit, y al acceso desigual a frutas y verduras en algunos barrios del país.
“Hay zonas de Montevideo donde directamente no llegan frutas y verduras. Necesitamos estrategias como mercados de cercanía para resolver esos problemas”, sostuvo Melgar.
En paralelo, la canasta básica nutricional –estudiada por la Universidad de la República– muestra costos elevados que afectan la capacidad de compra de las familias. “La discusión sobre alimentación debe ir más allá del hambre: tenemos que hablar de costo, de calidad y de acceso real”, añadió.
Un aspecto crítico del INDA es su rezago tecnológico. Melgar describió cómo aún se realizan controles en papel en comedores del interior. “Necesitamos informatizar el sistema para mejorar la eficiencia y la transparencia. Es un desafío pendiente, pero clave para una gestión moderna”, reconoció.
En su intervención, la directora del INDA insistió en que la clave de la política alimentaria está en la coordinación. “El MIDES no puede resolver solo la alimentación. Necesitamos trabajar con intendencias, con organismos públicos, con organizaciones sociales y con el sector privado. Solo así podremos hablar de un Uruguay con hambre cero”, concluyó.
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