Pero el régimen de franquicias no está solo. En 2024, otro jugador empezó a hacer ruido: el régimen simplificado del 60%, que permite importar sin límite anual, pagando un solo tributo del 60% del valor declarado.
Hasta abril, era un sistema discreto, con unos 6.500 envíos mensuales. Pero a partir de mayo, explotó: 160.000 compras en diciembre, lo que implica un aumento interanual de casi 2.000%. El valor total de estas operaciones pasó de USD 4 millones a USD 18 millones en solo un año.
¿Quién paga el precio?
Detrás del auge del e-commerce internacional, hay otra cara de la moneda: el comercio local. Tiendas que ven cómo sus clientes migran a las plataformas digitales del exterior. Empresas que enfrentan cargas tributarias, trámites engorrosos, y precios que no pueden competir con las ofertas online.
Para ilustrarlo con claridad: una prenda de vestir importada fuera del Mercosur paga un sobrecosto del 81,4% por tributos, aranceles y adelantos fiscales. Mientras tanto, el mismo producto, ingresado bajo un régimen especial, no paga nada más allá de su precio original (en algunos casos, ni siquiera eso).
En 2024, solo las compras bajo estos regímenes representaron el 10,1% del total de importaciones de vestimenta y el 16,8% de los juguetes. Un porcentaje que, aunque parece menor, tiene un impacto profundo en las ventas de pequeños y medianos comercios.
¿Competencia desleal o cambio de época?
La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay no se opone al comercio digital, pero advierte: sin reglas claras, la cancha está inclinada. Y quienes más pierden no son las grandes superficies, sino los comercios de barrio, los emprendimientos familiares, los proyectos sostenidos con esfuerzo diario.
Entonces, ¿qué se puede hacer?
Algunas propuestas sobre la mesa:
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Reducir los tributos que ahogan al comercio formal.
Aplicar controles más estrictos al ingreso de mercadería.
Pensar una estrategia nacional que defienda al minorista sin castigar al consumidor.
Porque el problema no es que la gente compre online. El problema es que el modelo actual favorece la informalidad y pone en riesgo la sustentabilidad del comercio nacional.
