Se realizó el primer estudio que investiga el costo de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Servicio Público de Salud en Uruguay, proporcionando no solo una estimación que era totalmente desconocida hasta ahora, sino también un análisis relevante sobre el acceso y las características de la prestación. Este estudio representa una novedad total, ya que no existen análisis de costos en materia de salud sexual y reproductiva en nuestro país.
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La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Uruguay es un tema de vital importancia en el ámbito de los derechos de salud sexual y reproductiva. Desde la implementación de la Ley 18.987 en 2012, se ha permitido a las gestantes tomar decisiones sobre su propio cuerpo dentro de un marco legal, facilitando el acceso a servicios médicos durante las primeras 12 semanas de embarazo. Sin embargo, a pesar de los avances, existen considerables desafíos en la implementación y el acceso a este derecho, que se reflejan en los costos asociados a la IVE en el sistema público de salud.
Costos directos del procedimiento
Según una investigación llevada a cabo por Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), en colaboración con UNFPA LACRO, el costo mínimo directo de un procedimiento de IVE en un servicio público asciende a 20.963 pesos uruguayos, equivalentes a aproximadamente 524 dólares estadounidenses (considerando un tipo de cambio de 40 pesos por dólar). Este costo es representativo de un procedimiento estándar, realizado en un entorno que cuenta con las condiciones adecuadas para el diagnóstico y tratamiento.
Por otro lado, si el procedimiento se ajustara a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el costo se reduciría a 14.094 pesos uruguayos (alrededor de 352 dólares), lo que implicaría una significativa disminución del 33% en el gasto. Esta diferencia resalta la importancia de seguir protocolos estandarizados y eficaces que no solo garantizan la seguridad del procedimiento, sino que también optimizan los recursos disponibles en el sistema público.
Importancia de la Información y análisis de costos
La investigación realizada puso de manifiesto la falta de información sistematizada y accesible sobre los costos de la IVE en Uruguay. A casi 12 años de la implementación de la ley, es preocupante que no se hayan realizado estudios previos que evalúen de forma oficial el gasto de un procedimiento de IVE. Contar con datos precisos y analíticos es fundamental para desarrollar políticas adecuadas que garanticen el acceso universal a este derecho y para identificar las áreas que requieren mejoras en la atención médica.
Barreras en el acceso a la IVE
Los hallazgos del estudio también evidencian que la normativa vigente genera barreras que obstaculizan el acceso efectivo a la IVE. Se identificaron exigencias innecesarias que encarecen el proceso de atención y dificultan que las personas usuarias puedan ejercer plenamente su derecho.
La IVE en Uruguay es un derecho que, aunque protegido legalmente, aún enfrenta numerosos desafíos en su implementación. Los costos asociados a este procedimiento son un componente crítico que afecta el acceso para quienes lo requieren. Dada la reciente investigación, queda claro que se necesita una evaluación continua y profunda que no solo considere los aspectos financieros, sino que también enfoque en el bienestar de las gestantes y la optimización de los recursos del sistema de salud pública.
A medida que se avanza en la discusión sobre la IVE, es crucial que se priorice la generación de datos y análisis que permitan a los gestores de políticas sanitarias crear un marco que garantice el acceso seguro y eficiente a la atención en salud reproductiva en Uruguay. De esta forma, es más que evidente que el análisis de costos es fundamental para proporcionar información relevante sobre los servicios de salud, ya que actúa como un indicador de seguimiento de la calidad del servicio.
Además, permite evaluar aspectos cruciales como la implementación, accesibilidad, rigor de la información, eficiencia y alcance de estos servicios. A través de este análisis, se pueden identificar áreas de mejora que impacten directamente en la atención brindada.
Según un estudio del Instituto Guttmacher titulado “Adding It Up: Investing in Sexual and Reproductive Health” (Sully et al, 2020), las mujeres requieren acceso a servicios de salud sexual y reproductiva desde la adolescencia hasta el final de su vida reproductiva, independientemente de si tuvieron hijos. Específicamente, aquellas que ya son madres requieren servicios básicos que protejan su salud y la de sus recién nacidos. Se evidenció que un aumento en los recursos destinados a la salud sexual y reproductiva contribuye significativamente a la reducción de muertes maternas y neonatales.
La reducción de muertes maternas y neonatales es una de las grandes evidencias de la relevancia de este derecho. En la última década, se observó un descenso en las muertes maternas y neonatales en países en desarrollo, lo que indica que mayores esfuerzos y recursos asignados a la maternidad segura y la supervivencia infantil están generando resultados positivos a nivel global. La inversión en estos servicios es esencial para mejorar la salud de las mujeres y los recién nacidos.
El acceso a servicios de IVE presenta una disparidad significativa según las realidades territoriales. En Montevideo hay servicios más desarrollados, como el Hospital Pereira Rossell y la red de atención primaria de ASSE, en contraste con la situación en capitales departamentales o localidades más pequeñas que carecen del personal y los insumos necesarios. Pocas localidades cuentan con los recursos adecuados, como ginecólogos o ecógrafos, para proporcionar atención integral.
Es evidente la necesidad de actualización de la Ley IVE. Los resultados obtenidos sugieren que esta normativa quedó desactualizada respecto a los avances logrados en la última década. Actualmente, la ley impone condiciones que dificultan el acceso a la práctica de aborto, lo que complica el proceso legal y desincentiva su uso. A pesar de que más del 95% de quienes inician el procedimiento de IVE lo completan, la falta de seguimiento del 5% restante indica deficiencias en la atención y registros.
Se gasta más de lo necesario para garantizar un aborto seguro, y muchas de las condiciones actuales obstaculizan una implementación más universal que facilite el acceso a estos servicios en diversas localidades del país. Simplificar el proceso podría mejorar la organización de los servicios y facilitar una atención más efectiva y accesible para todas las mujeres.
Lanzamiento
El estudio, disponible en la página web de MYSU, se presentó el pasado viernes 29 de noviembre por la exdirectora de MYSU, Lilian Abransinkas, actualmente senadora electa, acompañada por la economista María Noel Sanguinetti, quien fue la profesional responsable del trabajo bajo la coordinación de Santiago Puyol de MYSU. En el evento e intercambio participaron referentes de gran relevancia en los temas de género, feminismo y salud sexual y reproductiva, provenientes de la academia, la política, organizaciones sociales, medios de prensa e instituciones a nivel internacional y nacional. Durante el intercambio, fue evidente la necesidad de avanzar en trabajos que profundicen en los estudios de costos y en la dimensión económica, ya que es fundamental para analizar los impactos, alcances y potencial de la inversión que se realiza en políticas de salud sexual y reproductiva.
Sobre MYSU
Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) es una organización pionera que se ha posicionado como un referente clave en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como en la promoción de los derechos de género en el país. Desde su creación, ha trabajado incansablemente para impulsar políticas que garanticen el bienestar integral de las mujeres, a través de investigaciones, formación y el desarrollo de programas orientados a mejorar la salud y la calidad de vida de la población femenina.
MYSU ha realizado significativos aportes en la discusión y promoción de temas de género, abordando cuestiones que trascienden la salud y que se insertan en el ámbito social, político y cultural. La organización ha fomentado la visibilización de problemáticas que afectan a las mujeres, trabajando en colaboración con diferentes sectores de la sociedad para generar espacios de diálogo y reflexión sobre desigualdades de género.
En cuanto a salud sexual y reproductiva, MYSU ha sido un actor esencial en la educación y sensibilización sobre la importancia de garantizar el acceso a servicios adecuados y de calidad. A través de campañas y programas específicos, ha promovido el uso de métodos anticonceptivos y ha brindado información crítica sobre derechos reproductivos.
Uno de los logros más destacados de MYSU en este campo ha sido su papel en la implementación y seguimiento de la Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La organización ha trabajado para asegurar que la IVE se lleve a cabo en un marco legal seguro y accesible, apoyando a las mujeres que enfrentan esta decisión, así como a los profesionales de la salud involucrados en el proceso.
No solo se enfoca en la investigación y promoción de políticas, sino que también se dedica al acompañamiento de mujeres en situaciones vulnerables. La organización brinda apoyo y asesoramiento a quienes deciden interrumpir un embarazo, facilitando información clara sobre sus derechos y opciones. Asimismo, colabora con distintas organizaciones sociales, fortaleciendo redes de apoyo y generando un frente común en la lucha por los derechos de las mujeres.
A través de su enfoque integral y su compromiso de abordar los desafíos de la salud y los derechos de género, MYSU continúa siendo un actor clave en el avance de políticas que aseguran el acceso a la salud sexual y reproductiva, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para todas las mujeres en Uruguay.