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ASOCIARMELa resolución reconoce que el inmueble, hoy espacio cultural de la comunidad, fue utilizado entre 1970 y 1985 como centro clandestino de detención y tortura.
Caras y Caretas Diario
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La Comisión Nacional de Sitios de Memoria resolvió declarar Sitio de Memoria al antiguo cuartel de la Unidad de Infantería que funcionaba en el edificio actualmente conocido como Paseo San Fernando, según informó FM GENTE tras acceder a la resolución pública.
El inmueble, ubicado en las calles 25 de Mayo y Sarandí de Maldonado, actualmente pertenece a la Intendencia de Maldonado.
Según el documento oficial, el edificio fue utilizado como centro clandestino de detención y tortura de referentes políticos y sindicales por parte del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas entre los años 1970 y 1985, durante el período de represión estatal previo y durante la dictadura cívico-militar.
Entre las personas que estuvieron detenidas en ese lugar se encuentra el general Líber Seregni, uno de los fundadores del Frente Amplio.
La solicitud para que el sitio fuera reconocido formalmente fue presentada por integrantes del Colectivo de 20 de Mayo, organización que ha promovido la señalización de lugares vinculados a la represión durante la dictadura.
El colectivo aportó documentación basada en artículos periodísticos, testimonios, expedientes y audiencias judiciales que daban cuenta del funcionamiento del lugar como centro de acciones represivas y de violaciones a los derechos humanos.
La resolución, firmada el 17 de diciembre, también toma en cuenta la actualidad del edificio, que hoy funciona como espacio cultural y educativo abierto a la comunidad. Allí se brindan actividades y formación artística gratuita.
Además, el documento señala el valor simbólico del sitio en la memoria colectiva local, ya que cada año la Marcha del Silencio de Maldonado culmina frente al edificio. El lugar también cuenta con una placa de memoria instalada por el Ministerio de Educación y Cultura durante la administración departamental encabezada por Óscar de los Santos.
La declaratoria se ampara en la normativa nacional que establece la identificación y preservación de espacios donde se verificaron violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, incluyendo delitos de lesa humanidad como tortura, desaparición forzada, persecución política y prisión indebida.
