Decenas de funcionarios denunciando situaciones de acoso, uno de ellos que define terminar con su vida por no soportar tanta presión y una Corte vacilante ante las evidencias determinó un conflicto iniciado por el reflejo oportuno de los trabajadores a los que se sumaron el resto de las gremiales, ante lo insólito de que en las entrañas del sistema de administración de justicia, el acoso laboral campeara.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMECaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Mientras la información para esta nota venía siendo recabada, los hechos se precipitaron.
Una multitudinaria concentración de operadores judiciales, indignada al tiempo que conmovida por el suicidio de un trabajador dejó una ofrenda floral en la escalinata de la Suprema Corte de Justicia , ubicada (vaya paradoja) en el Pasaje de los Derechos Humanos y representantes de las distintas gremiales exigieron a la Corte que tomara la resolución, que sola su Presidenta Doris Moreno, tuvo a la altura de su investidura al expresar públicamente su retiro de confianza al Director General de los Servicios Administrativos, Marcelo Pesce.
Representantes de la Asociación de los funcionarios judiciales, defensores de oficio, magistrados, forenses, psicólogos, actuarios, informáticos, se plegaron a un paro el día viernes primero de diciembre que llevó a la Corte a declarar el día lunes cuatro, inhábil para trámites judiciales.
Ese día se produjo la movilización y mientras la Corte pretendía esperar los resultados de una investigación administrativa, sobre la noche el director Marcelo Pesce renunciaba a su cargo y al Poder Judicial.
Parece ponerse de moda en el país que las autoridades responsables (del Poder Ejecutivo o de la Justicia en este caso), no remuevan a los responsables sino que esperen la iniciativa de su renuncia.
De todos modos a Pesce no lo espera la orfandad y sus prácticas de hostigamiento ojalá no sigan siendo moneda corriente en su empresa de Servicios Informáticos o entre los fieles de los Testigos de Jehová.
Una Corte en Tinieblas
La Suprema Corte de Justicia está integrada actualmente por la Dra. Doris Morales que es su Presidenta y los doctores Elena Martínez, Bernadette Minvielle, Gregorio Sosa y John Pérez.
Podría otorgarse la derecha que tan alto órgano no este acostumbrado a lidiar con situaciones como la planteada y en ese sentido falte la experiencia necesaria, pero la respuesta ante la denuncia de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) de que la organización gremial debía presentar las pruebas necesarias es poco seria para su investidura.
Cierto es que el Director General de los Servicios Administrativos al decir de varios legisladores expertos en Derecho, es el “verdadero Ministro de Justicia”; por ser el denunciado merecía una respuesta más contundente de la Corte.
Pero además, porque el combate al acoso laboral es una política pública ampliamente asumida e instalada por la sociedad uruguaya y su institucionalidad, y nada menos que el Poder Judicial, el Poder encargado de imponer justicia y hacer valer el castigo sobre estas situaciones vulnerantes de los derechos fundamentales, debe tener una conducta ejemplar y ejemplarizante.
La denuncia presentada ahora por los funcionarios que cumplieron o cumplen tareas en la Dirección General de los Servicios Administrativos sigue su curso, sin que por el momento los otros responsables individualizados del hostigamiento laboral, tengan alguna consecuencia.
Algunos trabajadores consultados por Caras y Caretas advierten que más allá de las conductas individuales de algunos jerarcas, el sistema judicial en algunas oficinas a partir del 2020, parece haber optado por un modelo coercitivo de ejercicio de la autoridad.
El infierno chico
La vieja casona de Gómez Platero ubicada en la calle Soriano esquina Gutiérrez Ruiz, es donde funcionan las oficinas de la Dirección General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial.
No es una oficina cualquiera dentro del sistema judicial.
Tiene como cometido planificar, organizar, dirigir y controlar los servicios administrativos del Poder Judicial, a su cargo, así como los servicios de asistencia y apoyo con ella relacionados, sin perjuicio de todo otro que le fuera encomendado por la Suprema Corte de Justicia. Sus atribuciones se ejercen sobre todas las dependencias del Poder Judicial en materia administrativa, sin perjuicio de las facultades propias de la Suprema Corte de Justicia y de las que esta atribuya a otros órganos.
Es el verdadero Poder dentro del Poder y de allí la frase popular de que su Director es el “Ministro de Justicia”.
Allí se lleva adelante la administración y gerenciamiento del capital humano, la planificación y ejecución presupuestal de los recursos económicos, la planificación y ejecución de proyectos de inversión y mejora de gestión, la gestión contable y financiera de los recursos económicos, la gestión referente a la superintendencia de las profesiones de abogados, escribanos públicos, procuradores y el registro de traductores de todo el país, la administración, gestión y mantenimiento de los bienes inmuebles, muebles y tecnológicos, la adquisición de bienes y contratación de servicios necesarios, la gestión del pago de las obligaciones contraídas por el organismo, la dirección, administración y gestión de los servicios de apoyo a la labor jurisdiccional vinculados a: la tarea pericial, las notificaciones de los actos procesales, los alguacilatos, la distribución de asuntos judiciales entre los tribunales del país, el depósito y custodia de bienes decomisados e incautados y la realización de remates judiciales, los servicios de mediación judicial y el archivo de las actuaciones judiciales, la gestión de enajenación y donación de bienes del organismo, la elaboración y publicación de estadísticas judiciales.
En esta oficina en la cual no trabajan más de 20 trabajadores, la tríada de autoridades y denunciada como de realizar una gestión implacablemente de hostigamiento estaba constituida por el Director General Marcelo Pesce, la Directora del Departamento Alzer Arezo y un funcionario al que se le fue otorgando poder como Actuario Adjunto, Ignacio Wilf (estas dos últimas personas aún cumplen funciones).
Según los denunciantes Pesce había dejado claro a los funcionarios que Arezo era su “brazo ejecutor” y sus “ojos y oídos” en el funcionamiento general de la oficina.
Prohibiciones de hablar entre los funcionarios, control del volumen de la campanilla de los teléfonos, chicaneos en el otorgamiento de licencias siempre comunicando la decisión sobre la fecha solicitada, malestar con el embarazo de una funcionaria, al punto de tener que realizar su almuerzo encerrada en el baño, control de las tareas ubicándose a espaldas de los trabajadores, corrección denigrante de correos institucionales escrita por los funcionarios, todo supervisado por cámaras de videovigilancia en todos los rincones, llevaron a que muchos solicitaran traslado.
Y todas éstas prácticas se ensañaron en particular con el funcionario José Luis, un funcionario con años en el Poder Judicial, pero sin perspectivas de poder cambiar de empleo.
En el periodo anterior, José Luis había sido secretario del anterior Director por lo que su experiencia en el funcionamiento de la Dirección era importante.
A todas las medidas de hostigamiento anterior se sumaba (¿una actitud homofóbica producto de un convencimiento religioso?) la prohibición a José Luis de hablar con sus compañeros.
José Luis empezó a caer en un pozo depresivo producto de tanta presión y decidió terminar con su vida.
La opacidad del principal órgano de Justicia, aún lerdo en la toma de medidas y en la investigación administrativa, contará en sus anales con no haber reaccionado a tiempo, evitando una tragedia.
Dejá tu comentario
Te puede interesar