Pese a las promesas de un control de la inflación y un ahorro fiscal del 1 o 1.5%, los hechos actuales revelan una grave falta de regulaciones que han llevado al país a un caos económico. La política de control de inflación, sin tener en cuenta los objetivos macroeconómicos fundamentales, no ha producido la estabilidad ni la reducción del costo de vida prometida para la población. Además, la debilidad de los consejos de salarios y la eliminación de políticas sociales a su mínima expresión han empeorado la desigualdad social, generando una sociedad más infeliz.
Lo más alarmante es que las consecuencias de estas políticas no solo afectan a los segmentos más vulnerables de la sociedad, sino que ahora también están impactando a la clase media. Esto pone de manifiesto que la falta de un enfoque equilibrado y la priorización de ciertos intereses económicos han llevado a una situación en la que cada vez más personas ven disminuidas sus oportunidades y calidad de vida.
¿Cuál es la alternativa?
Frente a este panorama, surge la pregunta: ¿cuál es la alternativa? ¿Qué paradigma debemos establecer en un gobierno de izquierda que aspire a un desarrollo equitativo y sostenible? La respuesta está en la necesidad de replantear las prioridades y el modelo económico adoptado.
Es crucial establecer un modelo que priorice la inversión en bienestar social e infraestructura, que promueva la justicia fiscal, y que busque el equilibrio entre productividad y derechos laborales. Debemos revalorizar el diálogo social y la negociación colectiva, asegurando que los trabajadores y la población en general tengan voz en la definición de políticas que los afectan.
Además, la defensa de un Estado que regule y proteja los derechos de todos los ciudadanos es fundamental. Apostar por un país en desarrollo no puede ser sinónimo de desregulación y abandono de los más vulnerables. Necesitamos un enfoque que fomente la inclusión, la equidad y el bienestar, transformando el discurso asistencialista en una visión integral de desarrollo humano.
La situación actual demanda una profunda reflexión sobre las políticas económicas y sociales que se han implementado en los últimos años. Frente al desmantelamiento del Estado y el desorden en las finanzas públicas, los ciudadanos debemos exigir cambios que apunten a la justicia social y a un modelo de desarrollo inclusivo.
Es hora de rechazar los paradigmas fallidos y construir un futuro que priorice a las personas por encima de los intereses de unos pocos. La defensa de un modelo de izquierda debe centrarse en la equidad, la justicia y la dignidad de todos los ciudadanos, donde cada individuo tenga la oportunidad de prosperar y contribuir al bienestar común.
